miércoles, 1 de noviembre de 2006

La obsesión de los políticos

Han pasado cinco meses desde que se inició el conflicto de Oaxaca pero tuvo que morir un reportero de la agencia de noticias alternativa Indymedia, un sindicalista y un maestro para que este tema fuera recogido por la agenda mediática internacional. La impresión es que lo que ocurría en Oaxaca no interesaba a nadie. Parece ser que el hecho de que el gobernador priísta actuara desde la clandestinidad, la policía estuviera acuartelada, el alcalde desaparecido, los maestros del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) en huelga y un etéreo grupo, aglutinado en torno a la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) se tomara la ciudad por más de 160 días, no eran temas relevantes.

Ha sido el último baño de sangre (y ya van 14 muertos) y la decisión política del presidente Vicente Fox de intervenir en el conflicto con la Policía Federal Preventiva (PFP) lo que terminó de poner el tema en la agenda. El conflicto se inició el pasado 22 de mayo cuando los maestros, agrupados en la poderosa SNTE, plantearon sus reivindicaciones al gobernador del Estado, Ulises Ruiz Ortiz, quien desde un primer momento no se mostró muy interesado en negociar. El 14 de junio la situación cambió al enviar Ruiz a reprimir a los huelguistas en un operativo policial, generando el espacio para que se articulara la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, un movimiento social que agrupa a múltiples organizaciones sociales, y provocando que los radicales dentro del grupo tomaran el control de la movilización, extendieran la revuelta y exigieran la renuncia de Ruiz para continuar cualquier tipo de negociación. Lo que comenzó como una legítima reivindicación salarial y de condiciones de trabajo se convirtió en una especie de guerrilla urbana.

Ruiz, quien fuera el estratega de campaña de Roberto Madrazo cuando éste compitió en la interna del PRI en 1999, nunca hizo el más mínimo esfuerzo por dar un paso al costado y, escudándose en la legitimidad que le ha dado el voto de los oaxaqueños, se ha mantenido en el poder. Aún cuando desde el Senado mexicano se intentó su destitución aduciendo ingobernabilidad, lo que hubiera permitido recurrir a la figura constitucional de la desaparición de los poderes y la salida del gobernador, Ruiz no perdió la calma y se mantuvo en su posición de recuperar la ciudad “por las buenas o por las malas”. De ahí su decisión de enviar “fuerzas de choque”, con militantes príistas y policías estatales, para presionar sobre el conflicto y forzar la intervención federal.

La intervención ha llegado pero eso no resuelve el conflicto. La misma pone en entredicho la capacidad del gobierno estatal para poner orden en un estado en caos. Esta situación muestra el modo en que en algunos estados mexicanos funcionan (o no funcionan) las instituciones democráticas y también cuestiona las propias bases de la democracia, lo que conduce a preguntarse sobre la base de la legitimidad de los gobiernos. ¿Dónde radica esa legitimidad, en la voz de las urnas o en la voz de las calles? Este dilema no es nuevo y enfrenta una vez más a la democracia representativa con la idea de participación democrática que algunos sectores sociales latinoamericanos predican. Si bien nadie duda hoy de la ineficacia del gobernador, quien debe esconderse de los piquetes y las barricadas, también se cuestiona el nivel de representatividad de la APPO que pretende imponer sus reivindicaciones por encima de los canales democráticos y tomándose las oficinas públicas como propias.

Cuando Ruiz ganó las elecciones creyó que sería para siempre. Esa es la obsesión de los políticos: llegar al poder para no irse de él. Su pésima gestión de gobierno se enfrenta a la voluntad de un grupo importante de ciudadanos que le rechaza y le exige responsabilidad por su manera de gestionar la política. Ruiz tendrá que entender que ya no gobierna y además responder por los delitos políticos y penales de los que se le acusa. No sólo es responsable de la crisis sino también de actos represivos y del fracaso de la negociación. Ruiz debe entender que el poder se le fue de las manos y dejar de obsesionarse con un cargo, al que si bien llegó de manera legal, no puede considerarse que hoy esté legitimado. El Estado de Derecho y la democracia están en juego, lo que no es poca cosa en la debilitada democracia mexicana.

Publicado en Tribuna de Salamanca, el 02 de noviembre de 2006.