La reciente Cumbre Iberoamericana realizada en Montevideo se centró en las migraciones y el desarrollo, dada la relevancia que ambas tienen para la vida social, algunas prácticas políticas e incluso el sustento económico de millones de familias latinoamericanas. De los 200 millones de emigrantes del mundo (el 3% de la población mundial), casi un 20% de estos (35 millones) es de origen latinoamericano y un sector importante continúa vinculado a sus países de origen a través del envío de remesas, las que alcanzan ya los 43.000 millones de euros, según datos de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) y del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
El impacto de ese dinero en las economías de América Latina es cada vez mayor. En al menos cinco países Centroamericanos o del Caribe (entre los que destacan El Salvador, Guatemala, Honduras o República Dominicana) ya representan entre el 10% y el 15% del producto interior bruto (PIB) mientras que en Bolivia y Ecuador suponen el 5% y el 6%. Entre el 80% y el 85% de ese dinero se dirige a cubrir necesidades básicas (alimentación, vivienda, servicios) mientras es muy poco el margen que se destina a la inversión.
Por más que esas remesas ayuden a paliar la pobreza, resolviendo problemas de consumo inmediato, muchos dicen que hacen falta por lo menos diez años para que los migrantes inviertan en el sector productivo. En ciudades medias, como Azogues en Ecuador o Santa Tecla en El Salvador, esto es evidente. La construcción de enormes centros comerciales o chales que se encuentran sin habitar, la incesante compra de electrodomésticos e indumentaria dan muestra del destino de las remesas. Los migrantes envían dinero para que sus familias, los que se quedaron en sus lugares de origen, vivan mejor o, simplemente, para que sobrevivan.
La migración puede ser en las próximas décadas la respuesta a las carencias de desarrollo que viven muchos países de la región. Es cierto que aún no está claro cómo se dirigirá el dinero a los sectores productivos ni tampoco cuál será el papel del Estado en esa tarea, pero algún cambio provocará. Algunos consideran que sería oportuno pensar políticas públicas que contribuyan a redireccionar ese dinero al sector productivo y que no sea sólo empleado en consumo. Para otros esto sería simple y llanamente una manera de hacer intervencionismo y prefieren que sea el libre juego del mercado el que reubique los ingresos. En la práctica ya hay entidades que están interviniendo como por ejemplo el Banco Solidario en Ecuador que otorga microcréditos a las familias que presenten al menos tres comprobantes de remesas enviadas desde las cajas de ahorro europeas.
Finalmente, es necesario tener en cuenta que la migración no supone sólo dinero sino que implica además una revolución de las expectativas y percepciones de los que se fueron y de los que se quedaron. Al ser un viaje de ida y vuelta también tiene que ver con el traspaso de experiencias sociales y políticas de los migrantes a sus países de origen, modos de consumir, de relacionarse con las instituciones y de entender la política. A mi juicio, la migración afectará a largo plazo la manera de concebir la ciudadanía. Los migrantes verán de qué manera funciona la política y los electores se relacionan con sus representantes en otros países y, posiblemente, esto afectará el modo en que se vincularán y controlarán a sus políticos. En países con déficit de ciudadanía como los latinoamericanos, la migración puede contribuir al fortalecimiento de la democracia.
Publicado en Tribuna de Salamanca el 16 de noviembre de 2006.
miércoles, 15 de noviembre de 2006
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