Democracia para pequeños demócratas

Me preocupa el futuro de la democracia en América Latina. Hace cuatro años que enseño un curso de política latinoamericana y paso gran parte de este tratando de convencer a los estudiantes de los beneficios de vivir en democracia. Me parece absurdo, pero al comenzar siempre encuentro un grupo de latinoamericanos que me indica de manera vehemente que en sus países, lo que hay, no es democracia. Si bien no son todos, sí suponen un número significativo. Lo interesante es ver la cara de sorpresa de los otros alumnos, europeos o asiáticos, al escuchar los argumentos que ellos presentan. Y no es para menos. Una de las condiciones necesarias para que una democracia perdure es que sus ciudadanos piensen que es el mejor sistema (o el menos malo) para la convivencia social. El hecho de que no crean en ella es una alarma importante respecto a su permanencia como tal.

Es cierto que en América Latina (y en otros contextos) vivir bajo reglas y prácticas democráticas resulta algo nuevo. Entre 1978 y 1990, 15 países viajaron desde regímenes no democráticos a otros más abiertos. En esos regímenes autoritarios, la gente tenía miedo de defender lo que creía importante; el Estado atentaba contra ellos y se mataba sólo por sospechar que alguien pensaba distinto del gobernante de turno. Durante algunos años, muchas verdades fueron -en realidad- mentiras. Sí, hay que decirlo, en esas dictaduras cívico-militares unos cuantos optaron por la pasividad, el “no te metás” y el silencio. Mientras unos morían; otros, simplemente, callaban.

En un momento dado, gobiernos elegidos en las urnas volvieron a controlar el poder político. La ilusión democrática de esos primeros años alcanzaba todos los aspectos de la vida. Se esperaba que la democracia resolviera los problemas básicos de la gente y, principalmente, que cada uno pudiera ser, sentir y hacer lo que quisiera, sin que nadie se creyera con derecho a reprimirlo o eliminarlo. Bajo este supuesto, la democracia era una idea posible y el entusiasmo ciudadano hacía prever su perdurabilidad, sobre todo al comprender que éste era el régimen alternativo a una forma de dominación que atentaba contra la vida misma. Los ciudadanos creían en ella. No había de qué preocuparse.

Hoy, los estudiantes –como muchos otros- están desencantados con la democracia. Esta no trajo consigo pan, techo y trabajo y, bajo su nombre, se aceptaron actitudes y comportamientos que contradecían su naturaleza. Los ciudadanos recibieron, tras los ajustes económicos, menos ingresos y más exclusión social. Y también autoritarismo. Todo ello bajo un “paraguas” democrático. Y culparon de ello a la democracia. Esperaban más de lo que ella podía darles, ya que la democracia funciona como un marco de reglas y procedimientos que ayuda a que los ciudadanos elijan a quienes les gobiernan. Nos puede gustar más o menos pero la democracia como tal supone sólo esas reglas de juego. Y es esa posición tímida, incluso conservadora, la que permitió el desarrollo de más de veinte años de vida democrática en América Latina, el período más extenso de estabilidad política de la región.

Aún así, me niego a creer que debamos conformarnos con eso y que la democracia sólo deba suponer unas reglas de juego, sin ningún contenido. La democracia debe proporcionar no sólo derechos políticos sino también garantías económicas y sociales. Comprendo las exigencias de los estudiantes. Tenemos un escenario pero nos falta mucho de su contenido. Estamos ante democracias sin ciudadanos. Mis sobrinos ya lo saben. Conocen cuál es su tarea. Controlar a sus gobernantes, aceptar al que piensa distinto, integrar al que es diferente, aceptar los resultados y hacerlos valer. Pero también exigir derechos sociales y económicos. Ellos entienden lo que eso significa y lo que está en juego, y por eso ya son pequeños demócratas.

Publicado en Tribuna de Salamanca el 20 de diciembre de 2004.

¿Qué hacer con el pasado?

Hace algunas semanas se realizó en la Universidad de Salamanca una conferencia de la Asociación por la Recuperación de la Memoria Histórica de Valladolid. Esta organización cobija a un grupo de familiares de víctimas de la represión franquista tras la Guerra Civil y, desde hace un par de años, busca de manera solitaria y silenciosa, los restos de las victimas en diferentes lugares de Castilla y León. Los miembros de la Asociación calculan que han sido más de 25.000 las personas que perdieron su vida en esta zona. Ellos, como muchos otros, tienen historias que contar y quieren que la historia de sus familiares sea conocida y escuchada. Todavía 60 años después hay gente que se niega a recordar los hechos. Su trabajo consiste en reconstruir el pasado, dar una sepultura digna al que no la ha tenido y contribuir a que la memoria de esas víctimas también forme parte de la memoria oficial.

La recuperación de la memoria es una de las deudas más claras de algunas sociedades contemporáneas. Esto se evidencia en los lugares que han experimentado procesos de cambio desde un gobierno autoritario a otro democrático. En muchos países de Europa, América Latina y África, a partir de la década de 1970, los políticos y los ciudadanos debieron enfrentarse a ese pasado reciente y decidir qué hacer con él. La cuestión no resultaba sencilla y las posibilidades eran múltiples. Algunos tenían muchas dudas respecto a lo que se tenía que hacer. ¿Se debían investigar las muertes o, simplemente, hacer como si nada hubiera sucedido? ¿Se debía o no investigar a los tiranos, llevarlos a juicio, expulsar a los que trabajaron para ellos, hacer que pidieran perdón y pagaran por sus faltas? En definitiva, ¿se debía ‘tocar’ a los que hasta hacía muy poco eran intocables?

Las respuestas a esas preguntas tenían que ver con el poder y con la manera en que éste se ejerce. En primer lugar, porque había que resolver qué hacer con los antiguos dictadores. Si bien hay casos en los que los dictadores ‘mueren en la cama’, sin haber entregado el poder, hay muchos otros que perviven a la caída de su dictadura. La duda es qué hacer con él, como en Chile. En segundo lugar, porque había que decidir qué hacer con los muertos y con el castigo. Las víctimas y/o sus familiares podrían haber querido vengarse, tomar la justicia por su mano o exigir el castigo para aquellos que cometieron los crímenes. Si el poder de los dictadores era mucho, resultaba muy complicado enjuiciarlos. Algunos podían optar por perdonar, pero otros podían pensar que las víctimas no autorizaron a nadie a perdonar en su nombre, como bien ha señalado recientemente el escritor Juan Gelman en su última visita a España. En tercer lugar, había que pensar qué hacer con la historia. Algunos querían contar las razones por las cuales se defendieron de los que los amenazaban, otros querían explicar porque no se defendieron y estaban los que no querían que se contara nada. Entonces, surgía el dilema respecto a cuál era la historia que había que contar.

Pero claro, de un modo u otro, todos sabían que las decisiones que se tomaban en ese momento condicionarían las posibilidades de supervivencia del nuevo sistema. Los políticos (junto a muchos ciudadanos) decidieron llevar a la práctica diferentes estrategias en función de las características de la dictadura que habían vivido; del poder con el que contaban los dictadores o sus secuaces tras la caída del antiguo régimen; el nivel y tipo de participación de la ciudadanía en la dictadura; el tipo de cultura política existente y la historia del país. Algunos prefirieron olvidar, dejar atrás al pasado y enterrar, junto a los muertos, a los vivos que recordaban. Incluso lo hicieron a través de mecanismos institucionales, como en Uruguay tras el Plebiscito que legitimó la ley del olvido. Otros indultaron, como si el terrorismo de Estado, los crímenes y los desaparecidos pudieran perdonarse. Esto fue lo que ocurrió en Argentina, aunque allí, antes de eso, hubo una Comisión de la Verdad, un Informe (el Nunca Más), un proceso judicial con todas las garantías y el encarcelamiento de la cúpula militar culpable. Pero después llegó la Ley de Obediencia Debida, la Ley de Punto Final y los indultos que hicieron que los culpables se fueran a sus casas. Finalmente, algunos intentaron enterrar el pasado aunque no al dictador ni a su impunidad, como en Chile, padeciendo mucho tiempo después esos enclaves autoritarios, que condicionaron el desarrollo político posterior, y las amenazas del viejo dictador, que hoy dice estar demente (quizás porque recuerda demasiado bien lo que ha hecho en el pasado), cuando sentenció a un grupo de periodistas: “Nadie toca a nadie”, en relación a aquellos que habían participado en su régimen. Y, durante muchos años, eso ocurrió.

Aún cuando algunos prefieren olvidar, hay cuestiones que las dictaduras delegan al régimen democrático emergente. El control de las armas, la impunidad de los represores, el silencio y la complicidad de la gente tras la ausencia del castigo a los asesinos, la capacidad de veto de muchos grupos que creen que pueden imponer sus intereses (como lo hacían antes) sin consecuencias para ellos. Estos legados afectan a la nueva democracia. La gente puede creer que la justicia no existe y que todo está permitido; la gente puede querer tomar la justicia por su mano o la gente puede, en el futuro, legitimar a líderes mesiánicos que les hacen creer que son la solución a sus problemas cotidianos. Sino se castiga al que mata deliberadamente o asesina en nombre de una causa; sino se sanciona a los dictadores; sino se compensa a la víctimas y se cuenta la historia de manera imparcial, nos convertimos en cómplices de los autoritarios. La experiencia enseña que es necesario hacer algo con el pasado porque hay que curar a las víctimas de la tiranía y porque hay que crear condiciones para que lo que ocurrió no vuelva a suceder. Esto es, mirar al pasado para proteger al futuro.

En muchos países ha habido grupos de ciudadanos que han sentido cómo la historia sólo se ha contado legitimando a los que ganaron; negando cómo ocurrieron los hechos y olvidando el castigo a los asesinos. Sólo ha habido lugar para el silencio y la impunidad y muy poco esfuerzo por (re)construir la memoria. La manera en que se cuente (y lo que se cuente) de la historia condicionará la visión del pasado que los ciudadanos tengan. En aquellos lugares donde no se quiera conocer cómo ocurrieron los hechos, no se repare a las víctimas del horror y los asesinos puedan caminar impunemente junto a los familiares de sus víctimas no habrá justicia. En estos sitios las heridas no se cerrarán nunca y el fantasma del pasado estará en cada rincón del presente. Experiencias como la de la Asociación por la Recuperación de la Memoria Histórica es una muestra más de lo que supone la participación ciudadana y de lo que somos capaces de hacer si defendemos la libertad y la justicia. Necesitamos, todos, aclarar qué ocurrió y cómo. Y sólo cuando se haga justicia, se podrá pasar página en la historia. Quizás porque como bien dice Gelman, “hasta que no se haga justicia, la situación no cambiará”. Sólo la justicia puede hacer que alguien perdone. Pero, para perdonar, los asesinos, por lo menos, deberían pedir perdón. No sirve la venganza. Sólo nos salva la justicia.

Publicado en Tribuna de Salamanca el 21 de noviembre de 2004.

Es la seguridad, estúpido, la seguridad

En 1992, tras la derrota del ex presidente George Bush frente a Bill Clinton en su intento por resultar reelegido, los medios de comunicación le dijeron claramente es “la economía, estúpido, la economía”. El equipo que organizó la campaña de Bush (padre) no se había dado cuenta de ese detalle. Los ciudadanos habían votado a Clinton motivados por sus bolsillos y no por otra cosa. Algo similar ha ocurrido con la elección del pasado 2 de noviembre. Los norteamericanos han elegido no ya por la economía sino condicionados por el temor, producto del terrorismo, y por su anhelo de seguridad. Bush (hijo) (o sus directores de campaña) lo comprendieron pronto y gran parte de sus mensajes estuvieron centrados en este aspecto. Es sabido que en época de crisis, el ciudadano medio norteamericano prefiere a un líder fuerte, que le brinde protección, aún cuando de vez en cuando falte a la verdad… Así, tras esta intensa jornada electoral, podríamos decirles a los que hicieron la campaña demócrata: es la seguridad, estúpido, la seguridad.

Aunque estos son los hechos, a muchos nos cuesta creerlos. Los resultados nos han sorprendido, sobre todo a los que pensamos que una persona que miente a sus ciudadanos, oculta información, permite la violación de derechos humanos básicos y no respeta los acuerdos internacionales que le obligan como nación no puede gobernar. A mi juicio, quien defienda esas posturas, resulta una amenaza para la seguridad y la estabilidad del planeta. Por supuesto, esa puede ser la posición de 55 millones de electores, que son los que votaron a Kerry, y de gran parte de los ciudadanos del mundo. Pero, una mayoría importante no opinó así y otorgó a Bush un nuevo mandato para gobernar los próximos cuatro años. Y ahora lo que corresponde es respetar el resultado, que es legítimo. En eso consiste la democracia, unas veces se pierde y otras se gana.Y el que pierde debe aceptar su derrota, aunque le duela en el alma.

Esta vez los ciudadanos han votado motivados por su seguridad. Bush ha convencido a esos votantes de que él sí sabe como enfrentarse al terrorismo. Esto, a diferencia de Kerry, que si bien repetía una y otra vez que tenía un plan (“I have a plan”) no resultó convincente para un grupo significativo de votantes. Como algunos analistas han señalado, el candidato demócrata no fue capaz de poner en primer plano las cuestiones domésticas. Si bien consiguió articular el malestar contra Bush; no pudo mostrar su capacidad de liderazgo y sus planes respecto a los problemas centrales de la política norteamericana. Además, su estilo lo alejaba del votante medio, quienes veían en Bush a uno “como nosotros, con el que se puede ir al bar. Uno que se equivoca, como cualquiera, y que no va de listillo de la clase” (según palabras de unos ciudadanos entrevistados por alguna de las televisiones). El hecho de que la gente lo viera más cercano, que le generara más confianza e, incluso, que le valoraran por su capacidad de liderazgo ha condicionado la decisión final de los votantes. Como ya sabemos de otras elecciones, estos son elementos que pueden parecer irrelevantes pero que en una campaña electoral pasan a ser centrales, ya que influyen en las evaluaciones que la gente hace de los candidatos.

El mapa de Estados Unidos se ha pintado de rojo, lo que a diferencia de aquí, significa, posiciones conservadoras y de derecha. 58 millones de personas dieron la reelección a George W. Bush, haciendo que éste sea el mayor apoyo recibido por un presidente en la historia del país. Los ciudadanos además le otorgaron el control de la Cámara de Representantes y del Senado, lo cual facilitará las relaciones Ejecutivo-Legislativo y dará amplio margen al presidente. Con esos resultados, sin duda, el liderazgo de Bush se ha visto reforzado y ha conseguido apuntalar y robustecer la mayoría republicana en el gobierno federal. Las elecciones se caracterizaron por un impresionante nivel de participación, cerca del 59% del censo, casi ocho puntos porcentuales más que las que se realizaron en el año 2000 (51,3%). El alza de participación supuso que 10 millones de nuevos votantes se volcaran a las urnas. Contrariamente a lo que se creía antes de la jornada electoral, esos jóvenes no fueron el motor del cambio. Algunos señalan (aunque puede ser pronto como para sacar conclusiones) que estos jóvenes prefirieron mantener en el poder a un líder fuerte, que les garantizara el triunfo contra el terrorismo (sea cual fuera la manera de llevarlo a la práctica). Pero claro, debemos pensar más sobre ello y realizar aún muchos análisis.

Sin duda, estas han sido una de las elecciones más reñidas y competitivas de Estados Unidos. La diferencia entre los dos candidatos ha sido muy ajustada. Ohio ha tenido en vilo a la opinión pública nacional e internacional gran parte de la madrugada (y de la siguiente mañana), e incluso el candidato demócrata reconoció su derrota sin que se hubiera terminado de realizar el recuento en ese Estado. A diferencia de las elecciones del 2000, el candidato republicano consiguió el triunfo en los votos de los electores, siendo la diferencia cercana a los cuatro millones, lo que le otorga altos niveles de legitimidad. Así las cosas, un sector importante de la ciudadanía le ha dado un mandato claro a los republicanos, aún cuando la sociedad está dividida y altamente polarizada. La cuestión ahora será ver de qué manera se podrá diluir ese enfrentamiento y hacer que los puntos de conflictos que supone toda polarización puedan superarse.

El triunfo de Bush muestra que su campaña electoral fue exitosa. El trabajo organizativo y estratégico fue de precisión, casi perfecto. El equipo identificó una serie de Estados (incluso de distritos) y consiguió segmentar el mensaje de manera casi personalizada. Los republicanos fueron casa por casa y lograron movilizar a sus votantes. Esto no es algo sencillo de hacer y menos en grandes distritos electorales. Pero lo hicieron y el triunfo fue el premio. Su estrategia pretendía transmitir la fortaleza de su liderazgo en contra del terror; la defensa de unos ciertos valores que movilizaran a las comunidades religiosas con un discurso ortodoxo, en contra del aborto y de los matrimonios homosexuales, y hacer creer que su contrincante representaba todo lo contrario a los valores de la nación americana. Con esta última estrategia potenciaron al máximo la división en torno a una serie de valores que hicieron que la ideología de cada uno jugara un papel clave en la elección. Y, nos guste el resultado (o no), el equipo lo consiguió. Y posiblemente esta campaña será uno de los ejemplos que estudiaremos en las aulas en el futuro.

Las consecuencias de esta derrota electoral son significativas para el Partido Demócrata, que necesita realizar una reforma urgente de su organización y de su manera de hacer campaña. Este partido tendrá que repensar el modo de vincularse con sus votantes, en particular, con los que no se encuentran en las dos Costas del país. Con sólo mirar el mapa, es fácil ver la distribución de los apoyos y el modo en que los resultados están concentrados regionalmente. Un amigo de Boston me decía hace un par de semanas que había militantes demócratas que eran más proclives a no hacer nada para esta elección, esperando que Kerry (por fin) se fuera a casa. Su derrota, en verdad, lo jubila como candidato presidencial. Y permite que otros líderes del partido, como la senadora Hillary Clinton, inicien su camino (y su campaña) hacia la Casa Blanca con vistas a 2008. Ella sería la primera mujer en ser candidata, y en caso de contar con el apoyo de los ciudadanos, Presidenta de los Estados Unidos de América. Y esto no es poca cosa.

Las elecciones ya han pasado. Se ha gastado tiempo, esfuerzo y dinero para definir quién iba a gobernar la primera superportencia. Las elecciones son un recurso necesario e imprescindible de una democracia. Como se decía en mi casa, tener la posibilidad de vivir unas elecciones es como disfrutar de una fiesta. La de la democracia. Estas elecciones han sido especiales. Ha ocurrido lo que Josh Liman sentenció en uno de los capítulos de la segunda temporada de la serie de televisión El Ala Oeste de la Casa Blanca: “hemos gastado millones de dólares, tiempo, por lo menos cuatro meses de campaña y estamos en el mismo punto que antes. Cambiamos todo, para que nada cambie”.

Publicado en Tribuna de Salamanca el 4 de noviembre de 2004.

Democracia Interna: un reto ineludible de los partidos políticos de América Latina

En 1911 Robert Michels, en su estudio sobre el Partido Socialdemócrata alemán, alertaba sobre uno de los problemas centrales a los que se enfrentan los partidos políticos: el de la Ley de Hierro de la Oligarquía. En su trabajo señalaba que un partido nunca sería democrático porque en la propia organización estaba el germen de la oligarquía. Esta descripción sobre las organizaciones partidistas europeas, realizada hace casi ya un siglo, podría extrapolarse hoy fácilmente a la mayoría de los partidos políticos latinoamericanos. Muchos partidos de la región (aunque es cierto que no sólo ellos) son organizaciones oligárquicas, donde se adoptan decisiones de manera excluyente, con liturgias cesaristas, sin tener en cuenta las opiniones de los militantes y donde éstos sólo son consultados para legitimar políticas y resoluciones ya tomadas en círculos pequeños. En estos partidos, las élites controlan de manera férrea el poder, no facilitan la participación de todos los grupos en las definiciones programáticas o en la elección de los candidatos y las bases militantes carecen de mecanismos para premiar o castigar a sus líderes si estos no cumplen con sus promesas electorales, sus programas de gobierno o sus compromisos internos. Esos partidos se caracterizan por tener bajos niveles de democracia interna..., a pesar de repetir incansablemente su vocación democrática.

La presencia de partidos con desarrollos organizativos y procesos decisionales poco participativos no ha impedido la rutinización de sistemas poliárquicos en América Latina. Tras los procesos de democratización de la década de 1980, la mayoría de los partidos se preocuparon por competir en la arena electoral y maximizar sus beneficios en las urnas, descuidando la transparencia de sus procedimientos, la opinión de los militantes y la inclusión de diversos subgrupos en los procesos partidistas. La creencia más común era que la democracia interna no aumentaba las posiblidades de éxito en las elecciones. Para ganar elecciones se necesitaban altos niveles de disciplina y cohesión interna, mostrar un partido unido y homogéneo ante el electorado, lo cual iba a contramano del pluralismo y la posibilidad de disidencia, requisitos fundamentales para la democratización de los partidos.

El creciente descrédito de los partidos ante la opinión pública y las erráticas gestiones de muchos de ellos en contextos de crisis económicas profundas, han llevado a algunos a creer que la reforma de los partidos y su democratización interna son centrales para asegurar la estabilidad de la democracia y la gobernabilidad en la región. Sin partidos transparentes, incluyentes y responsables ante sus miembros (y ante la sociedad), la distancia entre organizaciones partidistas y ciudadanos se incrementa. Por ello, un reto indispensable para mejorar el rendimiento de los sistemas democráticos está en mejorar el funcionamiento interno de los partidos y su manera de vincularse con las instituciones y con los ciudadanos.

Los partidos políticos necesitan ganar elecciones para sobrevivir y, para ello, se enfrentan al desafío de las formas. Cada vez más importa “lo que se hace” y, fundamentalmente, “cómo se hace”. Es cierto que algunos de los retos a los que se enfrentan en la actualidad los partidos tienen mucho de normativo y voluntarista. La democracia interna se presenta como una panacea difícil de alcanzar. Aún así, el sistema democrático necesita de partidos ágiles, participativos y transparentes; confiables y eficientes en la representación de las demandas de los ciudadanos y efectivos en la gestión de gobierno. Cualquier esfuerzo orientado hacia su democratización es poco, aún cuando no se sepa muy bien que es lo que se puede encontrar al final del camino. Partidos excesivamente democráticos pueden resultar ingobernables pero partidos no democráticos afectan la confianza de los ciudadanos hacia ellos y la calidad del sistema democrático.

¿Qué es la democracia interna? Definiciones conceptuales e indicadores

Una de las principales dificultades al tratar el tema de la democracia interna tiene que ver con su definición. ¿Qué es la democracia interna? No hay hasta el momento una única manera de definirla, toda vez que depende del enfoque en el cual cada uno se posicione. Se la suele asociar a lo que debería ser un “buen partido” y toma diferentes rostros según sea la definición de democracia que uno defienda. Aún así, hay un mínimo. La “democracia interna” en un partido supone la adopción de los principios de este sistema político en el interior de la organización. Desde una perspectiva pluralista eso significa la inclusión del criterio de competencia, adopción de valores democráticos tales como la libertad de expresión y la libertad de elección para sus miembros y, por tanto, utilizar mecanismos competitivos en el proceso de toma de decisiones, la participación del afiliado en la formación de la voluntad partidista y la existencia de canales que permitan el ejercicio efectivo del control político.

Para ello debe cumplir una serie de requisitos:

§ garantías de igualdad entre los afiliados y protección de los derechos fundamentales en el ejercicio de su libertad de opinión;
§ mecanismos de selección de candidatos a cargos de representación (internos o externos) competitivos;
§ participación de los afiliados en los órganos de gobierno, sin discriminación en la representación de los diversos grupos que integran la organización;
§ activa influencia de los diversos grupos en la discusión y formación de las posiciones programáticas y elaboración de propuestas del partido y en las decisiones comunes que éste tome;
§ respeto del principio de mayoría, que haga que las decisiones sean tomadas en función de la agregación mayoritaria de las voluntades individuales y garantías para las minorías;
§ y control efectivo por parte de los militantes de los dirigentes, a través de procesos que castiguen o premien a los que toman las decisiones.

No hay un sólo grado de democracia interna. En la práctica, puede haber organizaciones más o menos democráticas. Habrá más democracia interna sólo cuando haya una buena dosis de cada uno de los elementos mencionados. Lo que no está suficientemente claro aún cuanto de cada uno de estos elementos son necesarios para que un partido sea más democrático. Puede haber elecciones internas para elegir candidatos y autoridades pero que el partido continúe siendo oligárquico y cerrado a los militantes de base. Puede ser que un partido integre a diversos sugrupos en sus candidaturas, pero que esos candidatos/as sean elegidos “a dedo”, sin una participación efectiva de los militantes ni competencia entre diversas candidaturas. Incluso pueden hacerse elecciones internas para seleccionar candidatos y/o autoridades, pero que sean sólo vehículos de legitimación de decisiones autoritarias y que los militantes no tengan ninguna posibilidad de ejercer control sobre las autoridades partidarias.

Si bien resulta difícil medir el nivel de democracia interna de un partido político, mi propuesta consiste en explorar la presencia de una serie de procesos en el funcionamiento interno así como también el modo en que se llevan a cabo dichos procesos. Las dimensiones e indicadores a partir de las cuales se puede realizar mejor esa observación son tres:

A. Selección de candidatos a cargos de elección popular y de autoridades partidistas;
B. Participación de minorías y sectores sociales subrepresentados (mujeres, jóvenes, grupos étnicos) en el proceso de toma de decisiones y en la definición programática del partido;
C. Rendición de cuentas de los candidatos, cargos públicos y autoridades del partido a las bases.

A. Selección de candidatos a cargos de elección popular y de autoridades partidistas

El proceso de selección de candidatos es un indicador clave para descubrir el juego de interacciones que influyen en las decisiones que se dan en el interior de un partido. Los métodos pueden ser clasificados de diversas maneras según sea el criterio empleado y la elección del mecanismo tiene consecuencias sobre el tipo de democracia interna que se da en la organización. Los mecanismos más participativos e incluyentes serán aquellos en los que se celebren elecciones y los menos serán en los que decide una sola persona (el líder del partido). El número de personas que participa en el proceso desicional es una variable fundamental para conocer el grado de democratización de un partido político.

Las circulación de las élites y la capacidad de renovación de los que trabajan y dirigen el partido son elementos importantes para que haya democracia interna. Por ello, se debe garantizar el uso de mecanismos participativos en la elección de las autoridades como una manera de enfrentar la oligarquización organizativa. Posiblemente, este sea uno de los retos más difíciles de alcanzar. Cualquier político que tenga en sus manos la dirección partidista o el control de recursos de poder dentro de un partido político, no querrá desprenderse de ellos. Es natural que desarrolle actitudes conservadoras con respecto al cambio organizativo. Y, precisamente, el escaso recambio de las autoridades partidistas, la constante reelección de los mismos dirigientes o de miembros vinculados por lazos no burocráticos son cuestiones que dificultan los niveles de democracia interna, ya que no facilitan la igualdad de oportunidades de los miembros de ascender en la carrera burocrática.

B. Participación de minorías y sectores sociales subrepresentados (mujeres, jóvenes, grupos étnicos) en el proceso de toma de decisiones y en la definición programática del partido

Que un partido utilice elecciones para seleccionar a sus candidatos o a sus dirigentes no basta para que sea más democrático. El nivel de participación (e inclusión) de los militantes en la representación del partido, en la definición del programa, en la delimitación de las estrategias y en las decisiones también importan al medir el nivel de democracia interna así como también es relevante la presencia de minorías y de grupos poco representados (mujeres, jóvenes) en los órganos de dirección y en las candidaturas del partido. La equitativa representación de los diferentes grupos suele buscarse a través de mecanismos normativos de discriminación positiva, que se convierten en acciones destinadas a favorecer la igualdad, la representación política y dar un trato preferencial a los sectores marginados.

En la práctica, no hay consenso sobre la adecuación de utilizarlos y, cuando se emplean, suelen ser para la representación de los grupos en las instituciones estatales y no en los partidos. El debate tiene dos posiciones. Por una parte, los que se manifiestan en contra de su uso porque señalan que su empleo – sin que medie la competencia de los iguales ante la ley – es una herencia medieval, corporativa y altamente anti-democrática. Por otra, quienes están a favor y sostienen que es un instrumento institucional que favorece la equiparación igualitaria de sectores desfavorecidos y que debe ser utilizado de manera provisional hasta que los diversos grupos consigan equiparar la representación. Así, un partido será más democrático cuando en sus órganos de gobierno se hallen representados todos los sectores, incluyendo las minorías, que integran la comunidad partidista.

Una cuestión que aquí tambien importa es la representación territorial de los grupos locales en los órganos de decisión partidista. Para que se den mayores niveles de democracia interna debe haber una mayor descentralización territorial de las decisiones (beneficiar a la periferia). En resumen, debe darse la participación de los militantes en el proceso decisional central, sin exclusiones territoriales, sin sanciones por expresar las diferencias y una mejor representación en los órganos de gobierno.

C. Rendición de cuentas de los candidatos, cargos públicos y autoridades del partido a las bases

Una última dimensión, quizás la menos explorada en el análisis de la democracia interna, es la rendición de cuentas tanto de los dirigentes como de los candidatos respecto de los militantes del partido. La democratización se consigue con mayor control de los representantes por parte de los ciudadanos y esto se hace extensible a los militantes con respecto a sus autoridades y sus candidatos. Precisamente, el hecho de que los dirigentes de los partidos deban responder a las exigencias de los miembros y de los ciudadanos en general es lo que los diferencia de cualquier otro tipo de organización. Un partido será entonces internamente democrático cuando sus dirigentes rindan cuentas ante sus miembros y estos, al tener información, puedan apartarlos del poder o del manejo del partido. A pesar de ello, la idea de que los ciudadanos tengan la posibilidad de premiar y castigar no sólo en momentos de elecciones y respecto a políticas concretas es una medida posible, aunque dificil de poner en práctica.

En resumen, hoy sabemos que un partido gozará de mayores niveles de democracia interna
cuando sus líderes y candidatos se elijan por los miembros, a través de mecanismos competitivos; en donde las decisiones sean inclusivas y sean tomadas con la participación voluntaria de sus miembros; los órganos de gobierno no discriminen la integración de los diferentes grupos (incluso aquellos que son minoritarios); aquellos que piensen distinto puedan expresar sus preferencias sin temor a ser castigados; los candidatos, cargos públicos y autoridades rinden cuentas de sus actos a través de mecanismos de control efectivo y se de el respeto de una serie de derechos y responsabilidades que garanticen la igualdad de los miembros en cualquier proceso de toma de decisiones.

Un partido democrático será aquel que internamente acepte y ejerza el pluralismo, favoreciendo la participación de los miembros en cada proceso y garantizando que la heterodoxia del partido no sea castigada con la eliminación o la separación por manifestar sus descontentos. Democratizar es tanto facilitar la participación de todos los actores partidistas (o un número importante de ellos) como proteger a los que piensan distinto.

¿Qué se ha hecho hasta ahora como parte de las reformas políticas en América latina y qué efectos han tenido?

Las reformas sobre el funcioncionamiento interno de los partidos en América Latina se han realizado fundamentalmente en dos frentes. Por una parte, se promovieron reformas en la representación de subgrupos, como el de mujeres, en las listas de candidatos y, por otra, se introdujeron cambios en la manera de seleccionar candidatos a cargos de representación popular. Las reformas no se hicieron como parte de una estrategia global de democratización sino que fueron esfuerzos poco coordinados entre sí; en muchos casos, como resultado de conflictos internos de los propios partidos.

Los esfuerzos por la introducción de cuotas mínimas de representación femenina tuvieron resultados diversos en aquellos casos donde se discutió (Uruguay y México) y consiguió su aprobación (Argentina 1991; Paraguay 1996; Bolivia, Brasil, Perú, Panamá, República Dominicana 1997; Colombia 2000; Costa Rica 1997/2000; Ecuador 2000 y Venezuela). La evaluación de la introducción de cuotas de género en la legislación a pesar del poco tiempo que llevan funcionando ha supuesto un incremento en la cantidad de mujeres parlamentarias. En 1950 estas representaban el 0,8%; en el año 2000 la cifra había aumentado hasta un 12,9 (Wide 2002)[1]. La presión externa para que los partidos presentaran listas con cuotas de género ha influido en que éstos incorporaran medidas en sus Estatutos para adecuarse a esa exigencia, tanto para los cargos de representación popular como para dirección de sus partidos[2]. Aún así, en la práctica, muchos de esos esfuerzos no se han traducido en una mayor participación de las mujeres en las decisiones partidistas.

En cuanto a los procesos de selección de candidatos, la tendencia general fue la introducción de elecciones internas para seleccionar candidatos presidenciales. En Argentina, Paraguay, Chile, República Dominicana, El Salvador, México y Nicaragua la introducción de estos mecanismos fue por decisión de las élites partidistas, sin presión del régimen electoral, aunque luego se decidió incorporarlos como parte de las reformas dirigidas a mejorar la calidad de la representación democrática. Para enero de 2004, el escenario político-partidista latinoamericano se estructuraba en cinco grupos:

En primer lugar, los países donde los procesos de elección de candidatos estaban regulados por la Constitución o mediante legislación electoral, se prevé que el procedimiento sea la realización de elecciones internas (abiertas o cerradas) y las mismas ya se han llevado a cabo por lo menos una vez en uno de los partidos mayoritarios (Bolivia, Costa Rica, Chile, Honduras, Panamá, Paraguay, Uruguay, Venezuela y Argentina, a partir de 2003 aunque antes se hacían en algunos partidos sin que estuvieran reguladas). En segundo lugar, los países donde no están regulados los mecanismos de elección de candidatos pero igualmente algún partido mayoritario ha utilizado elecciones internas en por lo menos una ocasión (Nicaragua, El Salvador, Ecuador, donde se llevó a cabo una única vez por un partido, y en México donde los Estatutos contemplan que los partidos elijan entre diferentes mecanismos para elegir a su candidato a Presidente).

En tercer lugar, los países donde las elecciones internas no se encuentran reguladas, no son obligatorias y hasta el momento no se han realizado en ningún partido (Brasil). En cuarto lugar, los países que obligan a los partidos a utilizar un mecanismo de elección de candidatos distinto al de la elección interna, como es la Convención (Guatemala y República Dominicana, aunque en éste último los partidos han realizado algún tipo de elección interna desde 1982). Finalmente, en Perú, la ley aprobada en 2003 establece que se realicen elecciones pero por el momento no se ha dado la oportunidad. En Colombia, donde sí están reguladas por una ley especial, no son obligatorias, aunque los partidos las han utilizado por voluntad propia en diversas ocasiones (PLC en 1990 y 1994 y PCC en 1998).

Sin dudas, desde la década de 1990 ha habido una fuerte tendencia hacia la incoporación de procesos de selección de candidatos más participativos e incluyentes, en particular, a través de elecciones internas abiertas. Estos procesos han sido diferentes entre sí. Las variaciones han estado dadas por el número y tipo de personas que participaron en la elección de los candidatos[3]; por la simultaneidad o no de los procesos[4], por la necesidad de celebrar acuerdos para realizarlas[5] y por la participación (o no) de órganos electorales en su organización[6].

Los efectos que las elecciones internas abiertas han tenido sobre los partidos latinoamericanos distan de ser los esperados. Si bien muchos partidos tuvieron cierto movimiento interno debido a la introducción de estos mecanismos competitivos, traducido en una mayor transparencia, debate y circulación de la información entre sus militantes; en la práctica, han tenido problemas para la cohesión en el Legislativo (Paraguay); fomentando una mayor fragmentación y enfrentamiento entre las facciones (ANR-PC, PLRA; ID, PLH, PNH, FMLN); generando espacios de intromisión de otros partidos y/o actores sociales en el ámbito interno, incluso beneficiando a los partidos opositores (Frepaso en Argentina en 1995); afectando la gobernabilidad del país (Paraguay) y reforzando el poder de las élites en el control partidista y el mantenimiento del status quo (Honduras, Paraguay, Uruguay, República Dominicana).

El hecho de que los candidatos elegidos por el electorado o por las bases no sean los dirigentes nacionales ha llevado a generar conflictos entre la cara burocrática y electoral del partido, toda vez que los líderes no están acostumbrados a compartir el poder y a verse relegados a un segundo plano en beneficio de un candidato del partido. En este mismo sentido, si las elecciones internas generan mayor fraccionamiento, el presidente elegido puede tener más dificultades para relacionarse con los dirigentes y representantes de su partido en el Legislativo. Esto a su vez puede llevar a la personalización del proceso, en un contexto de por sí proclive a que eso ocurra. El hecho de que los ciudadanos participen en la selección de los candidatos no ha supuesto una mayor participación de las bases en los procesos internos, toda vez que éstas sólo fueran llamadas a plebiscitar entre candidaturas ya decididas y muchos veces sólo tuvieron un mero carácter de ritual legitimador. Quizás, debido a esas limitaciones, muchos partidos continúan empleando un órgano colegiado para designar a sus candidatos (PSC, DP e ID; PLC, PJ, UCR, PAP, ARENA, FRG) considerando que éste tipo de mecanismo es el que mejor garantiza la representación interna, facilita la cohesión partidista y formenta la disciplina partidista.

¿Qué hacer para que los partidos sean más democráticos internamente?

Siete propuestas para democratizar el funcionamiento interno de los partidos:

1. Elecciones internas, ya! (pero cerradas) donde participen sólo los militantes del partido, con el fin de garantizar la idea de “un hombre, un voto”; preservando la organización del entorno y haciendo que el partido sea el que tome sus decisiones. Este mecanismo implica una mayor participación de los militantes; ayuda a que el partido se movilice y se preocupe por intereses sociales hasta el momento no representados; permite dirimir conflictos entre múltiples liderazgos o entre facciones internas y, finalmente, mejora el nivel de legitimización de la organización ante la opinión pública. Estas elecciones deben ser simultáneas, obligatorias para todos los partidos y con la participación de los organismos electorales en la organización del proceso.

Propongo elecciones internas cerradas debido a los costos de emplear las elecciones internas abiertas. En primer lugar, la participación del entorno en las decisiones internas afecta la autonomía partidista y pone en entredicho la naturaleza misma de la organización. En segundo lugar, la presión por encontrar y representar nuevos intereses alienta el empleo de estrategias electorales del tipo “catch all” y la ambigüedad programática, ya que los candidatos buscarán rehuir declaraciones ideológicas demasiado precisas y se moverán no por los intereses de sus militantes sino por las preferencias del electorado en general. En tercer lugar, esta práctica hace que el candidato se coloque por encima de la organización, ya que se busca su legitimación fuera de ella, lo que potencia el personalismo y los liderazgos del tipo “outsiders”.

2. Extensión de los procesos eleccionarios para todos los cargos de elección popular, en todos los niveles institucionales.

Es fundamental extender los procesos participativos y transparentes a todos los niveles institucionales del partido. Las listas de candidatos deberían formarse a partir de procesos del tipo “top down” (de abajo hacia arriba) para garantizar que los militantes participan en dicho proceso. Esos procedimientos deben extenderse por todo el país y no sólo en la Capital o las ciudades más importantes. Además, los partidos podrían contar con cuotas de participación para representar las unidades geográficas dentro del partido. Estas instancias deberían ser espacios que cumplan con funciones como la de reclutamiento de nuevos grupos de miembros al partido; recolección de demandas ciudadanas locales; elaboración de propuestas programáticas; introducción de nuevas estrategias mediáticas y de comunicación política, entre otras.

3. Mecanismos de acción afirmativa. Los partidos deberían introducir en sus Estatutos mecanismos de “acción afirmativa” (cuotas) para fomentar la participación de las mujeres, los jóvenes y las minorías étnico-culturales en las listas de candidatos y en los órganos de gobierno del partido. También deberían emplear la fórmula de representación proporcional en la conformación de dichos órganos como una manera de garantizar la participación de las corrientes minoritarias en la dirección partidista.

4. Introducción de mecanismos de control interno (Oficina del Defensor del Militante; expulsión de candidatos y autoridades que no cumplan directrices del partido; elecciones competitivas para elegir autoridades). Los partidos deberían incorporar mecanismos que permitan a los militantes estar más informados de lo que ocurre en el partido así como también generar instrumentos que ayuden a poner en práctica la rendición de cuentas por parte de las autoridades y candidatos. Esos mecanismos deben contemplar la posibilidad de que los militantes puedan exigirles explicaciones a las autoridades partidistas cuando sus decisiones no satisfacen su actuación o cuando no son lo suficientemente participativos en la definición de sus políticas y sus propuestas.

5. Renovación de los cargos de dirección y de control político por medio de procedimientos competitivos. A fin de asegurar que haya pluralismo el partido, algunos Estatutos establecen la prohibición de la reelección de las autoridades de los partidos. Otros señalan que para garantizar la eficiencia debe dársele la posibilidad de permanecer en el cargo, a los efectos de ser castigado o recompensado en función de la gestión que realice en el primer período.

6. Incentivos que reduzcan el patrimonialismo. Otra propuesta es que la ley establezca restricciones al patrimonialismo, poniendo limitaciones a la distribución discrecional de puestos (y candidaturas) a familiares de los dirigentes de mayor jerarquía. De este modo, contribuiría a racionalizar la elección de los dirigentes y combatiría de una manera directa la política informal.

7. Modernización de los procedimientos. Circulación de la información. Informatización de la información. Los partidos deben incorporar mecanismos que permitan a los militantes estar más informados de lo que ocurre en el partido. Resulta fundamental que la realización de cualquier proceso electoral, ya sea de candidatos o autoridades, esté acompañado por una correcta informatización de la membresía y por padrones actualizados, de manera que no se infle el cuerpo electoral interno y de que se garantice la participación de todos aquellos que quieran ser candidatos o que simplemente quieran participar en los procesos internos. Creación de grupos de estudio, equipos de investigación, empleo de nuevas tecnologías y construcción de redes de transmisión de la información entre los miembros. El punto central, como señala el NDI (2003), es que los miembros del partido tengan la capacidad y la posibilidad de involucrar a los líderes del partido en un intercambio de ideas y en la toma de decisiones.

Se deben desarrollar vías de comunicación horizontal y vertical dentro del partido. Los miembros del partido deben contar con información clara y veraz, de manera abierta y regular de la información básica del partido, sus estrategias y posiciones programáticas. El partido tiene que conseguir que las diferentes ramas del partido estén en comunicación constante, que se “conversen” las políticas del partido con los miembros de esas ramas (mujeres, jóvenes) así como también las actividades que desarrollan.

8. Capacitación de los miembros. También es fundamental la capacitación de los miembros de los partidos en nuevas destrezas para enfrentar los desafíos partidistas y de su entorno. Esto tiene que ver con la necesidad de profesionalización y adecuación a los nuevos retos que supone la comunicación política, los cambios en el uso de las nuevas tecnologías aplicadas a la información y la comunicación y la reingeniería electoral.

¿Cuáles son los retos y desafíos a los que se enfrentan los partidos políticos de América Latina respecto a la democracia interna?

El camino hacia la democratización interna no está exento de dificultades. Hay una serie de cuestiones importantes que deben considerarse, toda vez que pueden minar cualquier proceso de cambio.

1. Los políticos deben querer la reforma (deben querer modernizar sus partidos)

Es muy difícil que los políticos reformen sus organizaciones sin incentivos claros y sin estar convencidos de la necesidad de los cambios que se deben realizar. Como señalaba un artículo de opinión en un periódico español en julio de 2002: vaya usted a un partido y proponga reformas. “Le anticipo la reacción: o bien una sonrisa autocomplaciente de indiferencia ante lo exótico o bien un rictus de autodefensa ante lo absurdo”[7]. Efectivamente, cualquier cambio requiere del convencimiento de los políticos con esas reformas. Sin ese apoyo, los cambios quedarán en la letra chica de los estatutos y reglamentos. Sólo cuando los políticos perciban que el hecho de tener organizaciones democráticas y participativas resulta beneficioso en términos electorales, se convertirán en los principales impulsores de las políticas de modernización interna.

Esto tiene que ver con quién hace la reforma, cómo lo hace y bajo que marco político. Todos sabemos que las reglas de juego son diseñadas e implementadas desde los propios partidos políticos y que son los políticos los que establecen esas reglas. Posiblemente, alguno querrá que las reglas que se adopten, beneficien a su organización política, por encima de las otras. O puede que todos quieran eso. La cuestión es que habrá algunas reglas que no gustarán a muchos, pero que son necesarias para mejorar el funcionamiento de los partidos de cara a la democracia.

2. Los sistemas políticos deben aprobar arreglos institucionales que contribuyan (e incluso obliguen) a los partidos para que funcionen democráticamente. Si el impulso no viene de fuera de los partidos, es posible que no haya cambio.

El régimen electoral debe establecer la manera en que los partidos deben organizarse, ya sea en relación a su estructura, su financiamiento, su acceso a los medios de comunicación de masas, los mecanismos de elección de candidatos y autoridades, el tipo y nivel de participación de los diversos grupos que integran el partido (mujeres, jóvenes y grupos étnicos) y el tipo de prácticas utilizadas para tomar decisiones.

3. Los tribunales electorales deberían controlar la aplicación de las reformas.

Al mismo tiempo que se da el marco institucional para generar los cambios, resulta fundamental que los tribunales electorales exijan a los partidos que respeten las normas. El incumplimiento de las mismas, debería imposibilitar la participación en los comicios. Por ejemplo, aquel partido que no respetase la cuota en la conformación de las listas de candidatos; que no empleara elecciones internas cerradas o que no institucionalice mecanismos de control internos; debería ser penalizado con la prohibición de participar en las elecciones.

Esto tiene que ver con la necesidad de generar un equilibrio entre el grado de autonomía partidista y el papel de las instituciones del Estado en el control del funcionamiento partidista. Un exceso de control del Estado sobre los partidos supondría una pérdida de autonomía de estos para tomar sus decisiones, aún cuando fuera en nombre de los derechos de los afiliados o de grupos internos.

4. La opinión pública debería castigar en las urnas a aquellos partidos que no se comporten democráticamente.

Y no al contrario. La inclusión de elecciones no ha asegurado el éxito electoral de los partidos latinoamericanos. Si se consideran los cerca de 60 procesos eleccionarios registrados en el período postransición, en los que se utilizó este mecanismo; sólo 20 han sido exitosos. Los resultados muestran cómo se mantiene la paradoja respecto a la relación conflictiva entre éxito electoral y democracia interna. Por tanto, no se puede esperar que el mero hecho de hacer internas garantice (o mejore las posibilidades) de éxito electoral. Además, partidos disciplinados, rígidamente centralizados y altamente cohesionados llegan a tener mejores resultados electorales que otros que no lo son. Esto significa que la democratización interna puede tener impactos negativos sobre el éxito electoral y generar pocos incentivos a los políticos para que acepten los procesos de cambio.

5. Finalmente, hay que evitar la tendencia a ver a los partidos desde un punto de vista meramente formal, minimizando la importancia de las relaciones sociales y prácticas políticas “reales” presentes en las organizaciones. Hay mecanismos, procedimientos y reglas no escritas, redes personales -de carácter autónomo- y recursos no estrictamente partidistas que ayudan a que los partidos alcancen sus metas y tengan una conexión fuerte con el electorado. Hay partidos que cuentan de manera predominante con reglas, estructuras y/o procedimientos informales. Y esto condiciona cualquier proceso de democratización interna, sobre todo si uno no los ve...

El futuro de los partidos políticos posiblemente esté asociado a una mayor transparencia de sus gestiones; profesionalización de los políticos y fortalecimiento de los mecanismos de fiscalización de sus actividades. Esto supone necesariamente reducir las ventajas de aquellos que viven de la política, promover la competencia interna, generar un reclutamiento más abierto así como una mayor adecuación entre las reglas formales e informales. Partidos más democráticos deberían suponer mayor número de votantes y afiliados al partido; mayor número de recursos humanos y financieros para las actividades del partido; mayor legitimidad frente al potencial electorado; elaboración de políticas más informadas. Y, finalmente, mayor confianza por parte de los ciudadanos. Sin todo ello, será muy difícil superar la Ley de Hierro de la Oligarquía.

Conferencia impartida en la Reunión del Protocolo de Tikal - Asociación de Organismos Electorales de Centroamérica y del Caribe Santo Domingo, 23 al 26 de septiembre de 2004.

Notas:

[1] En la práctica, de los cinco países que tienen cuotas con ubicación precisas en las listas, Argentina y Costa Rica, tienen niveles de representación acordes a los porcentajes establecidos en la cuota, mientras que Bolivia, Paraguay y Ecuador tienen déficit de representación, lo que muestra la insuficiencia de la medida en contextos de débil institucionalización. En Ecuador además, por ejemplo, para las proximas elecciones seccionales del 17 de octubre se han aceptado listas de candidatos que no respetan el criterio de alternancia estipulado en la ley. Finalmente, hay cuotas mínimas para fomentar la participación de los indígenas de entre el 5 al 25% en el PS y del 10% en el Partido por la Democracia, pero se echa en falta una posición igualitaria en este sentido en los partidos donde la población indígena es mayoría (Guatemala, Perú, Bolivia y Ecuador) así como también para fomentar la participación de los jóvenes como por ejemplo en el PRD (República Dominicana) donde los órganos del partido deben estar integrados al menos con un 20% de jóvenes menores de 35 años; en el Partido Socialista (Chile) que introduce mecanismos de discriminación positiva para este colectivo social y en el FMLN donde también se fomenta la participación de los jóvenes en los órganos de gobierno (En Freidenberg 2005).
[2] Ejemplos de ello ha sido la introducción de una cuota mínima del 20% para cargos directivos en el Partido Colorado de Paraguay y el MAS de Venezuela; al menos del 25% de los cargos a la Convención para la representación de minorías en la UCR y en los cargos de dirección y candidaturas en el PRD (República Dominicana); del 30% de los cargos internos en el PT y el PDT en Brasil; PA en Panamá; PS y PDC en Chile; en Acción Democrática en Venezuela; en ID en Ecuador y el PDC en El Salvador y del 40% en el Partido por la Democracia en Chile y los de Costa Rica. En Nicaragua, en 1994, se incorporó en los Estatutos del FSLN la participación de la mujer en los órganos de dirección, en los de elección y en los cargos de responsabilidad gubernamental. Así, un 30% de los órganos nacionales y locales deben ser integrados por mujeres. En México, cada partido establece sus patrones de desarrollo de la legislación. Mientras en el PRI y el PRD (que tienen cuotas diferentes, del 50% y del 30% respetivamente) de cada tres candidatos, uno debe ser mujer; en el PAN no se especifica el orden de prelación de las candidaturas. También el FMLN prevé una cuota específica para género en sus cargos de dirección.
[3] En cuanto a los actores participantes, en algunos casos fueron todos los ciudadanos (Uruguay, Bolivia, México y Colombia); sólo los afiliados y los que no tienen afiliación con ningún partido (Argentina) y en otros sólo los miembros del partido (Honduras, Paraguay, Panamá, El Salvador, República Dominicana y Chile).
[4] En relación al momento de celebración de las elecciones se diferencian según se hagan de manera simultánea, para todos los partidos y estipulada por la ley electoral (como Uruguay donde se ha hecho coincidir la elección en un mismo día para todos los partidos, luego de la reforma constitucional que sustituyó el sistema de lemas) o si los partidos la hacen como una elección individual, sin afectar en el proceso a otros partidos (como en Bolivia, Paraguay, Nicaragua, Costa Rica, Colombia y México). En Argentina, la nueva ley establece que sean simultáneas pero en la práctica (2002) se hicieron de manera individualizada.
[5] Otra diferencia entre los partidos que realizan internas es si contemplan (o no) el acuerdo entre los precandidatos para llevar a cabo la elección (como en Colombia) o si los resultados de las internas deben ser ratificados por los órganos del partido (como en Costa Rica, el FSLN en Nicaragua y el PRD de República Dominicana). Una modalidad distinta es la que se da cuando los órganos nacionales primero precalifican a los candidatos y luego convocan a las bases del partido para que participen con su voto en el proceso electoral (PLD en República Dominicana y el PDC en Chile), lo que sería simplemente un mecanismo de legitimación de acuerdos entre élites, aunque en Chile esto se encuentra normado en la Ley.
[6] Hay países en los que los órganos electorales participan en la organización, administración y fiscalización de las elecciones internas (Uruguay, Bolivia, Panamá, Colombia, Paraguay, Honduras y Venezuela), aunque los grados de participación varían de caso en caso.
[7] Andrés de Francisco. “¿Democracia de los partidos? Si, pero en serio”. El País.es – Opinión – 11-07-2002.