Hace unas semanas leí en el periódico La Nación de Argentina una columna de opinión de uno de los intelectuales latinoamericanos más prestigiosos, Bernardo Kliksberg, sobre la necesidad de hablar del Holocausto. Era la primera vez que me encontraba un texto de él, un especialista en políticas públicas y gerencia social, asesor de la ONU, UNICEF, BID y UNESCO, sobre este tema. El artículo me sorprendió por su crudeza y realismo. En ese momento me pregunté si era necesario volver, una y otra vez, sobre lo que había ocurrido durante la Segunda Guerra Mundial y hasta qué punto valía la pena recordar la existencia del Holocausto judío.
El 14 de diciembre pasado El País tituló en portada que el presidente de Irán, Mahmud Ahmadineyad, tenía dudas sobre la existencia del Holocausto, al que denominó como el “mito inventado por Occidente”. De manera inmediata asocié esta noticia con la columna que había leído en La Nación. Parecía encontrar en ella la respuesta a mis dudas. El ultraconsdervador Ahmadineyad había dicho ante miles de seguidores en La Meca que: “[los occidentales] han inventado el mito de la masacre de judíos y lo han colocado por encima de Dios, de las religiones y de los profetas […] Nuestra propuesta es esta: ceded un trozo de vuestra tierra en Europa, en los Estados Unidos, en Canadá o en Alaska para que ellos [los judíos] creen su estado”.
Esta no era la primera vez que el presidente iraní hacía este tipo de afirmaciones. El pasado 26 de octubre, cuando participaba en Teherán en una conferencia titulada El mundo sin el sionismo, no tuvo reparos en citar las palabras del fundador de la República Islámica de Irán, el ayatolá Jomeini: "Tal como dijo el imán, Israel debe ser borrado del mapa". Frente a ello, los más de 4.000 estudiantes que asistían a la conferencia le respondieron: "Muerte a Israel". En un mundo lleno de violencia, el orador instaba a que hubiera más violencia.
Comenté con un estudiante de la Maestría de Estudios Latinoamericanos, que se imparte en el Instituto Interuniversitario de Iberoamérica, -el mismo que dentro de dos días debe abandonar Abrantes-, mi intención de escribir sobre las palabras de Ahmadineyad. Me sorprendió su primera respuesta: no hay que darle publicidad a este tipo de comentarios. ¿Cómo no recordar que en sólo tres años y siete meses, los nazis asesinaron a la luz del día a seis millones de judíos, entre ellos un millón y medio de niños, y a cinco millones de gitanos, homosexuales, testigos de Jehová, discapacitados y disidentes? ¿Cómo no recordar que mientras esto ocurría parte de la sociedad francesa, alemana o austriaca miró hacia otro lado? Mi estudiante pensó un rato, recordó la última dictadura argentina y cómo aún existen sectores que niegan o rechazan las desapariciones y las violaciones a los derechos humanos, y me dijo: “no hay que dejar que esto se olvide”.
Las recientes declaraciones de Ahmadineyad no son sólo palabras sin sentido. Por el contrario, confirman la consolidación de un alarmante patrón extremista que puede tener implicaciones graves para Irán y para la seguridad de Oriente Próximo. Mientras el presidente iraní reivindica sus creencias antisemistas, el mundo árabe observa en silencio. No dicen nada. No reniegan de sus expresiones. Como si ya no fuera explosiva la región, hay un agitador de masas dispuesto a todo con tal de conseguir sus objetivos radicales, de violencia, intolerancia y extremismo. En tanto, en Rusia siguen muriendo estudiantes extranjeros en mano de grupos neonazis. Ya son 800 los que han perecido en estas circunstancias. El antisemitismo crece cada día en Europa y tenemos que hacer algo para evitarlo.
La receta frente a la ignorancia, la intolerancia y el racismo es más educación. En esta tarea se encuentran las administraciones públicas, los medios de comunicación de masas, los centros educativos y los organismos internacionales. Muestra de ello es que el pasado 1° de noviembre, la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó por unanimidad establecer el Día Anual de Recordación del Holocausto los 23 de enero de cada año, la fecha de liberación de Auschwitz, donde fueron asesinadas 1,5 millones de personas. La resolución fue presentada por Israel y 90 países (ocho de ellos musulmanes) y en su texto encarga a la Secretaría General a promover una amplia acción educativa sobre el Holocausto, a que rechace cualquier intento de negarlo así como que condene toda discriminación o violencia basada en la religión o la etnicidad.
Esto mismo hizo el Parlamento Europeo, estableciendo el 27 de enero como Día Europeo para la Conmemoración del Holocausto. La principal institución de la Unión Europea encomienda la lucha contra el antisemitismo y el racismo, fomentando la enseñanza de lo que ocurrió en la Segunda Guerra Mundial y en el Holocausto con rigor histórico. El recuerdo es la llave de la dignidad. La duda y el olvido es lo que impide que los muertos descansen en paz; por tanto, frente a ello, sólo puede haber educación, información y memoria. Como señaló el Premio Nobel de la Paz, Elie Wiesel, sobreviviente del Holocausto: “Primero asesinaron a los judíos y ahora hay quienes quieren matarlos por segunda vez haciendo dudar de que las víctimas mismas existieron”.
Ayer busqué la columna de Kliksberg y la releí nuevamente. El primer párrafo resultaba estremecedor. Allí relata lo que Gonar Persson, primer ministro de Suecia, describió a la gran audiencia internacional reunida en el encuentro "Cuenta a tus hijos". Me permito reescribirlo, como una manera de no olvidar: "Estos son los nombres de cinco niños judíos. Cinco de los veinte que fueron ahorcados en el sótano de una escuela, colgados de clavos en la pared. El primero que amarraron era tan liviano, debido a las enfermedades y a la desnutrición, que la cuerda no lo ahorcaba. El SS tuvo que valerse de su propio peso para apretar el nudo. Luego colgó a los demás de dos en dos, de clavos diferentes. Como cuadros en la pared".
A dos días de que comience un nuevo año, mi mayor deseo es que desaparezcan quienes alimentan el odio en la gente, sean de una u otra ideología, raza o condición. Estoy en contra de cualquier extremismo: venga de la extrema-derecha israelí, que promueve el odio construyendo muros de la vergüenza, o del radicalismo islámico. Esta es mi particular manera de comenzar el nuevo año, cumpliendo el deseo de los jóvenes judíos comandados por Moredejai Anilevich que, sabiendo que iban a perder la vida, no tuvieron reparos en luchar en el gueto de Varsovia en defensa del honor del pueblo judío y de todo el género humano. Su principal deseo era el de no olvidar. Por cada uno de ellos y por todos los que mueren víctimas del odio, vale la pena escribir y recordar.
Publicado en Tribuna de Salamanca el 29 de diciembre de 2005.
miércoles, 28 de diciembre de 2005
jueves, 15 de diciembre de 2005
Las pandillas juveniles: maras & Latin King
En Salamanca aún no hemos tenido noticias de ellos pero ya están en Madrid y en Barcelona. Si bien parecen invisibles, es cada vez más común encontrar en la prensa noticias sobre el enfrentamiento entre jóvenes, reyertas entre pandillas, robos o alguna manifestación de sus rituales de aprendizaje, lo que los hace ver ante la opinión pública como expresiones culturales extravagantes. Aún así, el fenómeno no se encuentra instalado en la agenda mediática española ni somos conscientes de lo que significa convivir con las “maras”. Es más, ni siquiera las llamamos así. Aquí reciben el nombre de “Latin King” o “Los Ñetas”, pero en Chicago, Los Angeles, San Salvador, Tijuana o Tegucigalpa se los conoce como maras, grupos de jóvenes que forman pandillas, a los que se les suelen asociar con el crimen organizado, la violencia y la inseguridad ciudadana. ¿Es este un simple fenómeno de delincuencia o supone una estrategia de supervivencia juvenil en una sociedad percibida como hostil?
Estos grupos, que extienden sus actividades a ritmo de hip-hop, provienen de condiciones de exclusión de las populosas ciudades de Estados Unidos. Muchos de ellos llegaron allí tras las brutales guerras civiles centroamericanas de la década de 1980. Al emigrar al país del norte encontraron, entre otras cosas, aislamiento social, pérdida de identidad, trabajo precario, criminalización por parte de la policía y leyes anti-inmigración. La reacción de las autoridades fue ejercer “mano dura” y las cárceles se convirtieron en sus mejores escuelas en el arte de la supervivencia.
La actuación policial no resolvió el problema. Por el contrario, lo agravó. Una mayor criminalización de la cuestión, trajo una mayor organización de las pandillas. Y, con las cárceles colapsadas, el Congreso de Estados Unidos estableció en 1996 que los extranjeros condenados a penas de más de un año de cárcel serían repatriados, lo que hizo que entre los años 2000 y 2004, más de veinte mil jóvenes fueran deportados a sus países de origen, entre los que se encontraban El Salvador, Honduras y Guatemala.
Una vez en su tierra reprodujeron los esquemas aprendidos en los barrios norteamericanos; se apoderaron del tráfico de drogas y del pequeño crimen local, delimitaron su nuevo territorio con los mismos graffiti y reforzaron su arsenal con el remanente de M-16 y AK-47 que Estados Unidos dejó tras su apoyo a la Contra nicaragüense. Siguieron usando tatuajes y la misma ropa para identificarse y marcar su espacio. Con ello, incluso, llegaron a transformar la cultura juvenil de los países de acogida así como también se convirtieron en un foco de inseguridad ciudadana.
Hoy, la Salvatrucha, la principal tribu urbana instalada en El Salvador, reúne a unos 100.000 miembros de entre 10 y 30 años, siendo la población del país cercana a los 6,5 millones. En tanto, se calcula que en Honduras, con 7 millones de habitantes, hay unos 40.000 mareros, al igual que en México. Es tan grave la cuestión que en las dos últimas campañas electorales presidenciales de Honduras y El Salvador la política de seguridad de “mano dura” (o de “puño firme”) contra las maras fue el tema central de la agenda electoral. En Honduras, incluso, uno de los candidatos, el nacional Porfirio Lobo, que perdió frente al liberal Mel Zelaya el pasado domingo, propuso la introducción de la pena de muerte como una manera de enfrentar el problema.
En los últimos años, grupos de jóvenes ecuatorianos, dominicanos y colombianos, se apropiaron de muchas calles de las ciudades españolas. Son hijos de la segunda generación de inmigrantes residentes en este país. Forman parte de familias desestructuradas, en las que los padres trabajan durante todo el día y estos a su vez no quieren permanecer en la escuela. Las tribus son el instrumento para socializar con otros y terminan convirtiéndose en la familia de los mareros. Aquellos que han contado sus experiencias en diferentes medios de comunicación señalan que participar en las pandillas es “su” manera de formar parte de un grupo, de proteger su identidad y de contar con una red de contención en una sociedad que no les integra de manera individual. Se sienten excluidos y buscan apoyo en el grupo.
En Madrid, los enfrentamientos entre los violentos Latin King, originados en Chicago, y Los Ñetas, creados en Puerto Rico, describen historias similares a las vividas del otro lado del charco. Desde 2002, las pandillas han comenzado a tener más visibilidad: han señalizado con sus graffiti los espacios públicos y se han dejado ver con sus tatuajes, su cabello rapado y peculiar manera de vestir. Muchas de las reyertas que se denuncian a la policía forman parte de los brutales rituales de aprendizaje consistentes en palizas a niños aspirantes (nunca menores de 13 años) o a cualquier otro transeúnte joven; la realización de algún asalto a plena luz del día y al silencio frente a las violaciones de los jefes a las mujeres candidatas a integrar las bandas.
Esta es una realidad que está cada vez más presente en la sociedad española. Lo más sencillo es criminalizarla, aunque la experiencia muestra que reducirlo a un asunto policial es sólo una respuesta parcial al problema. Para combatir este fenómeno resulta necesario reflexionar sobre los costos de la no integración de los inmigrantes. Las pandillas son una manifestación de un problema mucho más grave, que tiene que ver con la igualdad de oportunidades que se brinda a los individuos en las sociedades democráticas.
Pienso que las maras, o los Latin King, no son más que otra manera de manifestar la frustración de los jóvenes (en este caso latinoamericanos) ante una sociedad que formalmente los declara iguales, pero que en la práctica no lo son. Sólo basta mirar a Francia para contemplar las consecuencias violentas que la percepción de la exclusión puede generar. Por tanto, es clave pensar que además de una manifestación de delincuencia juvenil –que por supuesto lo es- también supone la expresión inconformista de sectores que no se sienten integrados.
Publicado en Tribuna de Salamanca el 15 de diciembre de 2005.
Estos grupos, que extienden sus actividades a ritmo de hip-hop, provienen de condiciones de exclusión de las populosas ciudades de Estados Unidos. Muchos de ellos llegaron allí tras las brutales guerras civiles centroamericanas de la década de 1980. Al emigrar al país del norte encontraron, entre otras cosas, aislamiento social, pérdida de identidad, trabajo precario, criminalización por parte de la policía y leyes anti-inmigración. La reacción de las autoridades fue ejercer “mano dura” y las cárceles se convirtieron en sus mejores escuelas en el arte de la supervivencia.
La actuación policial no resolvió el problema. Por el contrario, lo agravó. Una mayor criminalización de la cuestión, trajo una mayor organización de las pandillas. Y, con las cárceles colapsadas, el Congreso de Estados Unidos estableció en 1996 que los extranjeros condenados a penas de más de un año de cárcel serían repatriados, lo que hizo que entre los años 2000 y 2004, más de veinte mil jóvenes fueran deportados a sus países de origen, entre los que se encontraban El Salvador, Honduras y Guatemala.
Una vez en su tierra reprodujeron los esquemas aprendidos en los barrios norteamericanos; se apoderaron del tráfico de drogas y del pequeño crimen local, delimitaron su nuevo territorio con los mismos graffiti y reforzaron su arsenal con el remanente de M-16 y AK-47 que Estados Unidos dejó tras su apoyo a la Contra nicaragüense. Siguieron usando tatuajes y la misma ropa para identificarse y marcar su espacio. Con ello, incluso, llegaron a transformar la cultura juvenil de los países de acogida así como también se convirtieron en un foco de inseguridad ciudadana.
Hoy, la Salvatrucha, la principal tribu urbana instalada en El Salvador, reúne a unos 100.000 miembros de entre 10 y 30 años, siendo la población del país cercana a los 6,5 millones. En tanto, se calcula que en Honduras, con 7 millones de habitantes, hay unos 40.000 mareros, al igual que en México. Es tan grave la cuestión que en las dos últimas campañas electorales presidenciales de Honduras y El Salvador la política de seguridad de “mano dura” (o de “puño firme”) contra las maras fue el tema central de la agenda electoral. En Honduras, incluso, uno de los candidatos, el nacional Porfirio Lobo, que perdió frente al liberal Mel Zelaya el pasado domingo, propuso la introducción de la pena de muerte como una manera de enfrentar el problema.
En los últimos años, grupos de jóvenes ecuatorianos, dominicanos y colombianos, se apropiaron de muchas calles de las ciudades españolas. Son hijos de la segunda generación de inmigrantes residentes en este país. Forman parte de familias desestructuradas, en las que los padres trabajan durante todo el día y estos a su vez no quieren permanecer en la escuela. Las tribus son el instrumento para socializar con otros y terminan convirtiéndose en la familia de los mareros. Aquellos que han contado sus experiencias en diferentes medios de comunicación señalan que participar en las pandillas es “su” manera de formar parte de un grupo, de proteger su identidad y de contar con una red de contención en una sociedad que no les integra de manera individual. Se sienten excluidos y buscan apoyo en el grupo.
En Madrid, los enfrentamientos entre los violentos Latin King, originados en Chicago, y Los Ñetas, creados en Puerto Rico, describen historias similares a las vividas del otro lado del charco. Desde 2002, las pandillas han comenzado a tener más visibilidad: han señalizado con sus graffiti los espacios públicos y se han dejado ver con sus tatuajes, su cabello rapado y peculiar manera de vestir. Muchas de las reyertas que se denuncian a la policía forman parte de los brutales rituales de aprendizaje consistentes en palizas a niños aspirantes (nunca menores de 13 años) o a cualquier otro transeúnte joven; la realización de algún asalto a plena luz del día y al silencio frente a las violaciones de los jefes a las mujeres candidatas a integrar las bandas.
Esta es una realidad que está cada vez más presente en la sociedad española. Lo más sencillo es criminalizarla, aunque la experiencia muestra que reducirlo a un asunto policial es sólo una respuesta parcial al problema. Para combatir este fenómeno resulta necesario reflexionar sobre los costos de la no integración de los inmigrantes. Las pandillas son una manifestación de un problema mucho más grave, que tiene que ver con la igualdad de oportunidades que se brinda a los individuos en las sociedades democráticas.
Pienso que las maras, o los Latin King, no son más que otra manera de manifestar la frustración de los jóvenes (en este caso latinoamericanos) ante una sociedad que formalmente los declara iguales, pero que en la práctica no lo son. Sólo basta mirar a Francia para contemplar las consecuencias violentas que la percepción de la exclusión puede generar. Por tanto, es clave pensar que además de una manifestación de delincuencia juvenil –que por supuesto lo es- también supone la expresión inconformista de sectores que no se sienten integrados.
Publicado en Tribuna de Salamanca el 15 de diciembre de 2005.
miércoles, 30 de noviembre de 2005
Fresas, moros y polacas
Las carreteras que llevan de Palos de la Frontera a Mazagón o de Huelva a Lepe han cambiado. Hasta el 2002 era común ver a trabajadores de Jaén, Sevilla, Cádiz, a jornaleros magrebíes o a gitanos portugueses, doblados al sol, recogiendo fresas. Todos ellos viajaban para participar en la campaña fresera en la zona cercana a las petroquímicas onubenses y, una vez pasada esta, regresaban a sus hogares hasta el siguiente año o se marchaban a otra campaña agrícola en diferentes zonas de España. Era común encontrarles bajo los plásticos en Lepe, Cartaya, Palos, Bolullos, Almonte o Moguer. Desde hace cuatro años, esta situación es diferente. Ya no hay españoles o portugueses trabajando en el campo y los marroquíes o subsaharianos han sido reemplazados por polacas y rumanas, contratadas directamente en sus ciudades de origen y traídas en autobús por algunas de estas tres organizaciones agrarias: Asaja, Coag o Freshuelva.
La introducción de la política de “contratos en origen”, impulsada con mayor énfasis desde el gobierno del Partido Popular, los sindicatos y los empresarios desde el año 2002, buscaba solucionar dos cuestiones claves. Primero, conseguir mano de obra para un sector que perdía cada vez más jornaleros. Por ejemplo, en el año 1999, más del 20% del terreno cultivado y unos 25 millones de kilos de fresa se perdió por falta de trabajadores que quisieran recoger la fresa. Los lugareños ya no querían trabajar en el campo sino en el sector servicios, en actividades más cómodas y sencillas. Segundo, se buscaba ordenar los flujos migratorios, evitando las avalanchas de inmigración ilegal.
Con la contratación de temporeras del Este, los jornaleros africanos se quedaron sin trabajo. Los empresarios aprendieron a “golpe de multa” a no contratar a quienes no tuvieran un “contrato en origen”, incluso si estaban con papeles, y esto hizo que muchos que tenían documentos y otros que habían entrado a España de manera irregular, no pudieran trabajar. Ese primer año se contrataron a más de 6.000 rumanas y polacas con el compromiso de que regresaran a sus países una vez terminada la campaña, cuando un año antes sólo se habían registrado 696 contratos en origen.
Esto llevó a que cerca de 5.000 africanos, la mayoría hombres, malvivieran debajo de chabolas levantadas con palos y plásticos, a orillas de la carretera, sin más comida que las bolsas de caridad ni más entretenimiento que su desesperación. Era común (y aún lo es) verles los sábados en la mañana haciendo fila en la sede de Cáritas, frente a las Playas en Mazagón, para recibir bolsas de comida y también haciendo autoestop en la carretera. No hacía falta ver los datos de las encuestas del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) para saber a qué inmigrantes preferían los españoles. Las polacas y las rumanas tardaban muy poco en sus viajes. Los subsaharianos o marroquíes podían permanecer horas intentando conseguir alguien que les llevara en su automóvil.
El cambio en la política de contratación de los inmigrantes tuvo consecuencias importantes sobre la vida social de estos lugares, donde la recogida de la fresa es una de sus principales industrias, ya que en Huelva se produce el 95% de la fresa de España y el 50% del mundo. Palos de la Frontera (y los alrededores) se han convertido en una bomba de relojería. Esta nueva política generó grupos diferenciados de inmigrantes: los que tienen contratos en origen y los que no y también cierta discriminación racial, por más que muchos se nieguen a aceptarlo.
El color de la piel importa para conseguir ese contrato. Muchos subsaharianos sienten que les discriminan. Ellos han sido dejados de lado porque ahora los empresarios las prefieren rubias, según dicen. Nadie quiere contratarles. En diferentes ocasiones, los dueños de las fincas han señalado que las mujeres trabajan mucho mejor que ellos, son más delicadas y suaves con la fresa (lo que evita que estas se estropeen), se adaptan mejor a la vida de los municipios y tienen menos posibilidades de encontrar trabajo en sus países lo que las motiva aún más a viajar. También alertan respecto a que son más serias en los compromisos que adquieren. Esto es, que no les abandonan en mitad de la campaña como ocurría con los otros temporeros.
La tendencia en la contratación en origen va creciendo. La última temporada supuso trabajo para unos 21.000 temporeros extranjeros y para la de este año puede que supere los 30.000. El informe sobre la situación de la inmigración en la campaña fresera, realizado por la Asociación “Huelva Acoge”, señala que en 2004 cerca de 3.000 inmigrantes –fundamentalmente subsaharianos, provenientes del grupo de países donde vive el pueblo Bámbara: Mali, Gambia y Burkina Faso- llegaron a buscar trabajo sin papeles ni contratos, se instalaron en las chabolas, en casas semiderruidas o en habitáculos en el campo, sin luz, agua ni condiciones mínimas de salubridad. Muchos de ellos ya habían sido jornaleros antes de 2002 y habían tenido experiencias en estas fincas, con lo cual es casi natural que se sientan desplazados y rechazados.
Cuando uno camina por las calles de Palos, asiste a la feria o va a la playa en Mazagón y alrededores resulta sencillo percibir la tensión que se vive y los cambios sociales que se han generado. Por un lado, grupos de subsaharianos vagando, sin ningún punto de contacto social y en un contexto donde sus relaciones con los españoles se van deteriorando, Crecen los temores, los estereotipos y la percepción de que los sin papeles deben desaparecer de la zona. Por otro lado, también es común ver a grupos de mujeres solas que pasean por el pueblo o transitan por las mismas carreteras con la intención de hacer la compra, tomarse algo o simplemente dar un paseo después de las duras jornadas de trabajo. Las relaciones de estos colectivos, a diferencia del anterior, son cada vez más positivas e incluso muchas de ellas se han integrado socialmente y han formado nuevas familias con los lugareños. Guste o no, esta política ha generado cambios cruciales en la vida de la gente de la zona.
En este escenario conflictivo no se han desarrollado políticas activas de integración o salidas alternativas efectivas para los colectivos que han sido marginados del proceso productivo. El círculo de marginación, pobreza y delincuencia se ha potenciado y se convierte en un foco al cual sólo le hace falta una chispa para explotar. Ya se han registrado diversos ataques a los inmigrantes por parte de jóvenes de la zona, que hasta el momento son casos aislados, pero que pueden ir a mayor si no se actúa sobre la situación de exclusión que se está generan.
Publicado en Tribuna de Salamanca el 1 de diciembre de 2005.
La introducción de la política de “contratos en origen”, impulsada con mayor énfasis desde el gobierno del Partido Popular, los sindicatos y los empresarios desde el año 2002, buscaba solucionar dos cuestiones claves. Primero, conseguir mano de obra para un sector que perdía cada vez más jornaleros. Por ejemplo, en el año 1999, más del 20% del terreno cultivado y unos 25 millones de kilos de fresa se perdió por falta de trabajadores que quisieran recoger la fresa. Los lugareños ya no querían trabajar en el campo sino en el sector servicios, en actividades más cómodas y sencillas. Segundo, se buscaba ordenar los flujos migratorios, evitando las avalanchas de inmigración ilegal.
Con la contratación de temporeras del Este, los jornaleros africanos se quedaron sin trabajo. Los empresarios aprendieron a “golpe de multa” a no contratar a quienes no tuvieran un “contrato en origen”, incluso si estaban con papeles, y esto hizo que muchos que tenían documentos y otros que habían entrado a España de manera irregular, no pudieran trabajar. Ese primer año se contrataron a más de 6.000 rumanas y polacas con el compromiso de que regresaran a sus países una vez terminada la campaña, cuando un año antes sólo se habían registrado 696 contratos en origen.
Esto llevó a que cerca de 5.000 africanos, la mayoría hombres, malvivieran debajo de chabolas levantadas con palos y plásticos, a orillas de la carretera, sin más comida que las bolsas de caridad ni más entretenimiento que su desesperación. Era común (y aún lo es) verles los sábados en la mañana haciendo fila en la sede de Cáritas, frente a las Playas en Mazagón, para recibir bolsas de comida y también haciendo autoestop en la carretera. No hacía falta ver los datos de las encuestas del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) para saber a qué inmigrantes preferían los españoles. Las polacas y las rumanas tardaban muy poco en sus viajes. Los subsaharianos o marroquíes podían permanecer horas intentando conseguir alguien que les llevara en su automóvil.
El cambio en la política de contratación de los inmigrantes tuvo consecuencias importantes sobre la vida social de estos lugares, donde la recogida de la fresa es una de sus principales industrias, ya que en Huelva se produce el 95% de la fresa de España y el 50% del mundo. Palos de la Frontera (y los alrededores) se han convertido en una bomba de relojería. Esta nueva política generó grupos diferenciados de inmigrantes: los que tienen contratos en origen y los que no y también cierta discriminación racial, por más que muchos se nieguen a aceptarlo.
El color de la piel importa para conseguir ese contrato. Muchos subsaharianos sienten que les discriminan. Ellos han sido dejados de lado porque ahora los empresarios las prefieren rubias, según dicen. Nadie quiere contratarles. En diferentes ocasiones, los dueños de las fincas han señalado que las mujeres trabajan mucho mejor que ellos, son más delicadas y suaves con la fresa (lo que evita que estas se estropeen), se adaptan mejor a la vida de los municipios y tienen menos posibilidades de encontrar trabajo en sus países lo que las motiva aún más a viajar. También alertan respecto a que son más serias en los compromisos que adquieren. Esto es, que no les abandonan en mitad de la campaña como ocurría con los otros temporeros.
La tendencia en la contratación en origen va creciendo. La última temporada supuso trabajo para unos 21.000 temporeros extranjeros y para la de este año puede que supere los 30.000. El informe sobre la situación de la inmigración en la campaña fresera, realizado por la Asociación “Huelva Acoge”, señala que en 2004 cerca de 3.000 inmigrantes –fundamentalmente subsaharianos, provenientes del grupo de países donde vive el pueblo Bámbara: Mali, Gambia y Burkina Faso- llegaron a buscar trabajo sin papeles ni contratos, se instalaron en las chabolas, en casas semiderruidas o en habitáculos en el campo, sin luz, agua ni condiciones mínimas de salubridad. Muchos de ellos ya habían sido jornaleros antes de 2002 y habían tenido experiencias en estas fincas, con lo cual es casi natural que se sientan desplazados y rechazados.
Cuando uno camina por las calles de Palos, asiste a la feria o va a la playa en Mazagón y alrededores resulta sencillo percibir la tensión que se vive y los cambios sociales que se han generado. Por un lado, grupos de subsaharianos vagando, sin ningún punto de contacto social y en un contexto donde sus relaciones con los españoles se van deteriorando, Crecen los temores, los estereotipos y la percepción de que los sin papeles deben desaparecer de la zona. Por otro lado, también es común ver a grupos de mujeres solas que pasean por el pueblo o transitan por las mismas carreteras con la intención de hacer la compra, tomarse algo o simplemente dar un paseo después de las duras jornadas de trabajo. Las relaciones de estos colectivos, a diferencia del anterior, son cada vez más positivas e incluso muchas de ellas se han integrado socialmente y han formado nuevas familias con los lugareños. Guste o no, esta política ha generado cambios cruciales en la vida de la gente de la zona.
En este escenario conflictivo no se han desarrollado políticas activas de integración o salidas alternativas efectivas para los colectivos que han sido marginados del proceso productivo. El círculo de marginación, pobreza y delincuencia se ha potenciado y se convierte en un foco al cual sólo le hace falta una chispa para explotar. Ya se han registrado diversos ataques a los inmigrantes por parte de jóvenes de la zona, que hasta el momento son casos aislados, pero que pueden ir a mayor si no se actúa sobre la situación de exclusión que se está generan.
Publicado en Tribuna de Salamanca el 1 de diciembre de 2005.
jueves, 17 de noviembre de 2005
La ley y la calle
Dicen los teóricos de los movimientos sociales que la calle es un buen lugar para que la gente manifieste sus opiniones y exprese sus preferencias. A lo largo de la historia, los ciudadanos han salido una y otra vez a la calle para manifestarse, gritar y ejercer influencia sobre las instituciones. La calle ha servido no sólo como espacio de reconocimiento mutuo respecto a quienes opinan del mismo modo y buscan hacerse oír sino también como un escenario en el que los grupos unen sus fuerzas para enfrentarse a las autoridades, a otras fuerzas políticas o para hacer que se introduzcan demandas legítimas en la agenda pública. El poder de la calle ha tumbado presidentes, cambiado políticas públicas y revolucionado el status quo en diferentes circunstancias.
Las ciudades europeas han sido testigo de manifestaciones ciudadanas de la más diversa índole recientemente. En las últimas semanas en Francia, por ejemplo, grupos de adolescentes de origen árabe y africano – residentes en los suburbios de las grandes ciudades- han tomado las calles. Los hijos de la inmigración han expresado violentamente su descontento contra un sistema que ellos sienten que les excluye. Dicen ser extranjeros en su propia tierra y no son más que franceses pero de otra raza y religión. Se han apropiado de la calle sin jefe, organización, proyecto ni principios. Lo hacen rechazando a las instituciones y lo que ellas representan, precisamente, los valores que facilitaron la integración de una generación anterior de inmigrantes bajo la protección de la República.
Las calles españolas también están siendo escenario de protestas en los últimos meses. Son un polvorín pero en un sentido más político. Grupos de interés, asociaciones y partidos las emplean como instrumento de presión frente a las propuestas del gobierno. Por ejemplo, el sábado pasado contra la Ley Orgánica de Educación (LOE), el séptimo proyecto de ley que se presenta desde la reinstauración democrática, ninguno de los cuales fue consensuado por los partidos mayoritarios. Con este ciclo de protestas, la derecha española está mostrando que la calle ya no es patrimonio exclusivo de la izquierda. Por lo menos ahora que esta gobierna.
Mientras las ciudades francesas y españolas están convulsionadas por razones distintas, e incluso las de Alemania y Bélgica se están contagiando de las francesas, las grandes decisiones en el país germano se están tomando dentro de las instituciones. Los dos principales partidos, la Unión Cristianodemócrata (CDU) y el Partido Socialdemócrata (SPD), han firmado un pacto que ha dado origen a una Gran Coalición de gobierno, luego de cuarenta años de feroz oposición. Se han puesto de acuerdo aún cuando les cuesta bastante estarlo.
El miedo a que la crisis política y económica se profundice y de que Europa entre en turbulencias, ha llevado a la convicción de que no hay alternativa a este pacto, por lo que los militantes han aceptado mayoritariamente los planteamientos que en otras circunstancias hubieran considerado inaceptables. El desafío es importante y la clase política se ha dado cuenta que, antes que la gente salga masivamente a las calles, deben construir consensos. La apuesta es arriesgada y está condenada a tener éxito…
A diferencia de Alemania, en España, los grandes partidos son últimamente incapaces de consensuar políticas de Estado. Parece que no tienen tiempo para escucharse y mucho menos para encontrar puntos de encuentro. Es más, la oposición parece hacerse fundamentalmente desde la calle. La semana pasada, durante el debate en el Senado sobre política autonómica, fue evidente el creciente alejamiento entre el PP y el PSOE. Los discursos parecían más un diálogo de sordos que un debate de argumentos…
La sociedad está cada vez más polarizada y, aunque a algunos crean que esto no es importante, basta recordar que toda polarización supone enfrentamiento de valores. Y, que en ese nivel, nadie tiene la razón absoluta ni tampoco existen los triunfos excluyentes. Cuando hablamos de valores, además, se imponen las interpretaciones sesgadas. Como afirmó un estudiante en una de mis clases de la semana pasada: “el gobierno quiere obligar a los padres a que sus hijos no tengan clases de religión”. Su visión del proyecto de ley de educación estaba condicionada -evidentemente- por sus valores y olvidando –incluso- que el Estado español es aconfesional y que constitucionalmente todos tienen derecho a elegir en esta materia.
Salir a la calle es importante. Grandes cambios sociales se han conseguido porque la gente manifiesta sus opiniones de manera colectiva y en espacios públicos. Estoy totalmente de acuerdo con este tipo de mecanismos si, además, en caso de que haya partidos que participan en ellos, van acompañados de una actitud propositiva. Pero, al mismo tiempo creo que la fuerza de la calle no puede imponerse a la voluntad de una mayoría surgida de las urnas. Puede complementarla y enriquecerla. Nunca violentarla.
Me pregunto, entonces, ¿hasta qué punto los gobiernos deben hacer caso a los ciclos de protestas? ¿En qué medida se debe torcer su rumbo programático sólo porque un sector de la población se manifiesta en la calle contra él? ¿Hasta qué punto ese grupo que ha protestado representa a una mayoría o sólo a un sector específico que busca imponer su visión al resto de los ciudadanos? O, lo que es lo mismo, ¿cuántos se manifestaron sin ir a la manifestación?
España se enfrenta, como tantos otros países europeos, a una serie de problemas claves. La integración de los inmigrantes, la estructura territorial del Estado, el paro o la educación forman parte de la agenda de discusión urgente de estos países. Temas que dividen y que sólo se podrán afrontar si los políticos se ponen de acuerdo. El punto está en cómo integrar a los diversos sectores en la discusión y debate de estas cuestiones centrales para el sistema político; lo que sería propio de una democracia pluralista, diversa, que emplea el diálogo y la negociación para construir en la diferencia.
La alternativa al consenso no puede ser únicamente salir a la calle. Si la oposición se ejerce sólo desde fuera de las instituciones, la democracia representativa se resiente. Precisamente, lo que las instituciones democráticas necesitan es lo contrario. La dinámica política requiere de un gobierno que escuche, que cuente con los diversos sectores en la elaboración de las políticas públicas, pero también de una oposición constructiva que plantee propuestas en los espacios de debate. No hay que olvidar que la democracia se construye fortaleciendo a las instituciones y que la ley se hace dentro de ellas.
Publicado en Tribuna de Salamanca el 17 de noviembre de 2005.
Las ciudades europeas han sido testigo de manifestaciones ciudadanas de la más diversa índole recientemente. En las últimas semanas en Francia, por ejemplo, grupos de adolescentes de origen árabe y africano – residentes en los suburbios de las grandes ciudades- han tomado las calles. Los hijos de la inmigración han expresado violentamente su descontento contra un sistema que ellos sienten que les excluye. Dicen ser extranjeros en su propia tierra y no son más que franceses pero de otra raza y religión. Se han apropiado de la calle sin jefe, organización, proyecto ni principios. Lo hacen rechazando a las instituciones y lo que ellas representan, precisamente, los valores que facilitaron la integración de una generación anterior de inmigrantes bajo la protección de la República.
Las calles españolas también están siendo escenario de protestas en los últimos meses. Son un polvorín pero en un sentido más político. Grupos de interés, asociaciones y partidos las emplean como instrumento de presión frente a las propuestas del gobierno. Por ejemplo, el sábado pasado contra la Ley Orgánica de Educación (LOE), el séptimo proyecto de ley que se presenta desde la reinstauración democrática, ninguno de los cuales fue consensuado por los partidos mayoritarios. Con este ciclo de protestas, la derecha española está mostrando que la calle ya no es patrimonio exclusivo de la izquierda. Por lo menos ahora que esta gobierna.
Mientras las ciudades francesas y españolas están convulsionadas por razones distintas, e incluso las de Alemania y Bélgica se están contagiando de las francesas, las grandes decisiones en el país germano se están tomando dentro de las instituciones. Los dos principales partidos, la Unión Cristianodemócrata (CDU) y el Partido Socialdemócrata (SPD), han firmado un pacto que ha dado origen a una Gran Coalición de gobierno, luego de cuarenta años de feroz oposición. Se han puesto de acuerdo aún cuando les cuesta bastante estarlo.
El miedo a que la crisis política y económica se profundice y de que Europa entre en turbulencias, ha llevado a la convicción de que no hay alternativa a este pacto, por lo que los militantes han aceptado mayoritariamente los planteamientos que en otras circunstancias hubieran considerado inaceptables. El desafío es importante y la clase política se ha dado cuenta que, antes que la gente salga masivamente a las calles, deben construir consensos. La apuesta es arriesgada y está condenada a tener éxito…
A diferencia de Alemania, en España, los grandes partidos son últimamente incapaces de consensuar políticas de Estado. Parece que no tienen tiempo para escucharse y mucho menos para encontrar puntos de encuentro. Es más, la oposición parece hacerse fundamentalmente desde la calle. La semana pasada, durante el debate en el Senado sobre política autonómica, fue evidente el creciente alejamiento entre el PP y el PSOE. Los discursos parecían más un diálogo de sordos que un debate de argumentos…
La sociedad está cada vez más polarizada y, aunque a algunos crean que esto no es importante, basta recordar que toda polarización supone enfrentamiento de valores. Y, que en ese nivel, nadie tiene la razón absoluta ni tampoco existen los triunfos excluyentes. Cuando hablamos de valores, además, se imponen las interpretaciones sesgadas. Como afirmó un estudiante en una de mis clases de la semana pasada: “el gobierno quiere obligar a los padres a que sus hijos no tengan clases de religión”. Su visión del proyecto de ley de educación estaba condicionada -evidentemente- por sus valores y olvidando –incluso- que el Estado español es aconfesional y que constitucionalmente todos tienen derecho a elegir en esta materia.
Salir a la calle es importante. Grandes cambios sociales se han conseguido porque la gente manifiesta sus opiniones de manera colectiva y en espacios públicos. Estoy totalmente de acuerdo con este tipo de mecanismos si, además, en caso de que haya partidos que participan en ellos, van acompañados de una actitud propositiva. Pero, al mismo tiempo creo que la fuerza de la calle no puede imponerse a la voluntad de una mayoría surgida de las urnas. Puede complementarla y enriquecerla. Nunca violentarla.
Me pregunto, entonces, ¿hasta qué punto los gobiernos deben hacer caso a los ciclos de protestas? ¿En qué medida se debe torcer su rumbo programático sólo porque un sector de la población se manifiesta en la calle contra él? ¿Hasta qué punto ese grupo que ha protestado representa a una mayoría o sólo a un sector específico que busca imponer su visión al resto de los ciudadanos? O, lo que es lo mismo, ¿cuántos se manifestaron sin ir a la manifestación?
España se enfrenta, como tantos otros países europeos, a una serie de problemas claves. La integración de los inmigrantes, la estructura territorial del Estado, el paro o la educación forman parte de la agenda de discusión urgente de estos países. Temas que dividen y que sólo se podrán afrontar si los políticos se ponen de acuerdo. El punto está en cómo integrar a los diversos sectores en la discusión y debate de estas cuestiones centrales para el sistema político; lo que sería propio de una democracia pluralista, diversa, que emplea el diálogo y la negociación para construir en la diferencia.
La alternativa al consenso no puede ser únicamente salir a la calle. Si la oposición se ejerce sólo desde fuera de las instituciones, la democracia representativa se resiente. Precisamente, lo que las instituciones democráticas necesitan es lo contrario. La dinámica política requiere de un gobierno que escuche, que cuente con los diversos sectores en la elaboración de las políticas públicas, pero también de una oposición constructiva que plantee propuestas en los espacios de debate. No hay que olvidar que la democracia se construye fortaleciendo a las instituciones y que la ley se hace dentro de ellas.
Publicado en Tribuna de Salamanca el 17 de noviembre de 2005.
jueves, 3 de noviembre de 2005
Nosotros, los charros
¿Qué hace que una persona sea parte de un lugar? ¿Existe alguna característica que ayude a identificar que alguien deja de ser extranjero y pasa a formar parte del sitio donde reside? ¿Es necesario que otra persona, institución o grupo le otorgue una credencial señalando que ya está integrado a esa comunidad o basta con lo que esa persona sienta respecto al lugar donde reside? Hace años alguien me dijo que toda persona debía tener un sitio al que sintiera su casa. Podía ser el lugar donde vivía, o no. Lo importante era que fuera donde a uno le apetecía regresar.
Manuela, la abuela de mi madre, nunca dejó de añorar Asturias. Llegó a Buenos Aires de pequeña y no pudo regresar a su ciudad natal. Su horizonte -y sus hermanos- quedaron frente al mar, en la mina, cerca de la montaña, como recuerda mi madre que ella solía decir. Nunca dejó de ser española, es cierto, pero pronto se convirtió en argentina. Y como Manuela, cientos de miles de inmigrantes se hicieron dueños de aquellas tierras, se enraizaron en ellas, formaron sus familias, criaron a sus hijos, sin dejar de mirar (y admirar) la tierra que los viera nacer.
En estos últimos nueve años he podido ver crecer a Salamanca. Y también la he sentido cambiar. He disfrutado de la Plaza Mayor cubierta de nieve aquel 30 de diciembre, también de los diversos jardines que allí se colocaban e, incluso, de un kiosco en su centro. He gritado de alegría en esa misma Plaza, cuando la UDS consiguió pasar a primera y he esperado cada año con impaciencia la feria del libro o las casetas regionales. He podido ver el Rastro sobre Rector Esperabé y al Carrefour cuando se llamaba Pryca. Conozco esta ciudad desde cuando no había centro comercial ni grandes supermercados en las afueras y, los latinoamericanos que uno veía por las calles, eran turistas, profesores visitantes o estudiantes de la universidad. Aún era imperceptible esa multiculturalidad actual de las ciudades medias españolas, eso sólo se podía ver en Barcelona y quizás en San Sebastián.
Salamanca nunca ha dejado de sorprenderme y, por suerte, lo sigue haciendo. Cada vez que viajo y regreso –porque éste ya es el lugar al que quiero regresar- no puedo dejar de emocionarme al ver la imponente Catedral detrás del río. Cada día es una aventura, como la vida misma. Un ejemplo de ello lo he vivido el martes de la semana pasada. En el mismo día tuve la oportunidad de escuchar, ver y sentir dos actos que me conmovieron. Los dos ocurrieron entre las paredes de la Universidad. Al mediodía, una conferencia sobre el pensamiento de Ortega y Gasset y su relación con América Latina, dictada en Abrantes por el maestro de maestros, Antonio Lago Carballo. Él, solo, delante de una veintena de estudiantes y profesores, contando con delicadeza y peculiar emoción, su lectura de Ortega. Sencillamente, fascinante.
Por la tarde, la entrega del Doctorado Honoris Causa al Presidente de la República de Chile, Ricardo Lagos. El Paraninfo del Edificio Histórico estaba abarrotado de gente. Nunca había tenido la oportunidad de ver un acto de esta envergadura y mucho menos percibir la fuerza de las palabras de un Lagos emocionado y agradecido. Un presidente que dedica el honor personal, dado a su trayectoria y a su lucha por los derechos humanos, a los trece millones de chilenos que, a pesar de sus diferencias, “han sido capaces de crear una sociedad más libre y democrática". Recordarle, simplemente, emociona y hace pensar…
Hoy, esta columna, “Papeles en Llamas”, cumple un año. Han pasado ya veinte desde la primera de noviembre del 2004, cuando todos nos quedamos asombrados por el rotundo éxito de Bush en las elecciones norteamericanas. Hemos viajado por Tijuana, Buenos Aires y Tegucigalpa; nos hemos admirado de los murales de Desiderio Hernández en el Palacio de Gobierno de Tlaxcala y enfurecido por la situación en la que viven los inmigrantes. Nube, Amina Lawal, la memoria histórica de los españoles, Guantánamo, los medios de comunicación, los indígenas, la pobreza y los efectos de la deuda externa han sido algunos de los protagonistas de esta columna.
Posiblemente, y lo digo con muchísima tristeza, esta sea una de las últimas columnas escritas desde las paredes de Abrantes. Llevo más años viviendo en esta ciudad que los que he vivido en Buenos Aires. He conocido América Latina desde esta Torre. He visto pasar por sus aulas -y su Salón de Actos- a presidentes, embajadores, escritores, académicos, altos funcionarios españoles dedicados a promover la vinculación de España con los países latinoamericanos, ciudadanos de a pie y estudiantes venidos de Europa, Asia y América Latina. Todos con la misma intención: pensar, enseñar y discutir sobre la situación social, económica y política de la región.
Abrantes es conocido por muchos -fuera de Salamanca- por ser sede del Instituto Interuniversitario de Iberoamérica, que hasta el momento cobija… Incluso algunos que no viven en Salamanca suelen conocer mejor lo que se hace dentro de estas paredes que otros que sí viven aquí. Basta conversar con diversas personas o leer algunas notas de la prensa local para darse cuenta que lo que ocurre en Abrantes pasa casi desapercibido.
Por ejemplo, ayer me encontré con una gran cobertura sobre la situación de Abrantes en un periódico local y al leerlo quedé muy sorprendida. No había una sola mención a las múltiples actividades que se realizan en el centro desde hace más de catorce años. Sólo se mencionaba que estaba destinado a los “cursos internacionales de posgrado”. No había referencia alguna a los más de cuarenta estudiantes que cada año hacen la Maestría en Estudios Latinoamericanos (y ya van más de diez ediciones), ni a los proyectos de investigación que son punteros en sus áreas de conocimiento, ni en los más de 30 cursos anuales abiertos a toda la comunidad y, mucho menos, a América Latina Hoy, la Revista de Ciencias Sociales, que edita Ediciones de la Universidad de Salamanca, tres veces por año, y que se hace desde allí. Y van ya 41 números! Todo esto no importa…
Me niego a creer que, a pesar de las diferencias, no podamos construir (por decirlo metafóricamente) un espacio desde donde seguir pensando América Latina. Me da la sensación de que no hay tiempo para el diálogo… ¿Será sólo una sensación? Hay quienes quieren dividir las cosas entre los latinoamericanistas y los charros, olvidándose que la clave está en sumar y no en restar. Salamanca es tanto una como otra cosa. Esta ciudad, y su gente, han tenido la capacidad de articular durante mucho tiempo su vocación latinoamericanista con sus más ricas tradiciones y costumbres. ¿Tiene sentido pensar en ambos temas como compartimentos estancos? Creo que no. Y los que están empeñados en eso se olvidan que todos somos charros.
Publicado en el Tribuna de Salamanca el 3 de noviembre de 2005.
Manuela, la abuela de mi madre, nunca dejó de añorar Asturias. Llegó a Buenos Aires de pequeña y no pudo regresar a su ciudad natal. Su horizonte -y sus hermanos- quedaron frente al mar, en la mina, cerca de la montaña, como recuerda mi madre que ella solía decir. Nunca dejó de ser española, es cierto, pero pronto se convirtió en argentina. Y como Manuela, cientos de miles de inmigrantes se hicieron dueños de aquellas tierras, se enraizaron en ellas, formaron sus familias, criaron a sus hijos, sin dejar de mirar (y admirar) la tierra que los viera nacer.
En estos últimos nueve años he podido ver crecer a Salamanca. Y también la he sentido cambiar. He disfrutado de la Plaza Mayor cubierta de nieve aquel 30 de diciembre, también de los diversos jardines que allí se colocaban e, incluso, de un kiosco en su centro. He gritado de alegría en esa misma Plaza, cuando la UDS consiguió pasar a primera y he esperado cada año con impaciencia la feria del libro o las casetas regionales. He podido ver el Rastro sobre Rector Esperabé y al Carrefour cuando se llamaba Pryca. Conozco esta ciudad desde cuando no había centro comercial ni grandes supermercados en las afueras y, los latinoamericanos que uno veía por las calles, eran turistas, profesores visitantes o estudiantes de la universidad. Aún era imperceptible esa multiculturalidad actual de las ciudades medias españolas, eso sólo se podía ver en Barcelona y quizás en San Sebastián.
Salamanca nunca ha dejado de sorprenderme y, por suerte, lo sigue haciendo. Cada vez que viajo y regreso –porque éste ya es el lugar al que quiero regresar- no puedo dejar de emocionarme al ver la imponente Catedral detrás del río. Cada día es una aventura, como la vida misma. Un ejemplo de ello lo he vivido el martes de la semana pasada. En el mismo día tuve la oportunidad de escuchar, ver y sentir dos actos que me conmovieron. Los dos ocurrieron entre las paredes de la Universidad. Al mediodía, una conferencia sobre el pensamiento de Ortega y Gasset y su relación con América Latina, dictada en Abrantes por el maestro de maestros, Antonio Lago Carballo. Él, solo, delante de una veintena de estudiantes y profesores, contando con delicadeza y peculiar emoción, su lectura de Ortega. Sencillamente, fascinante.
Por la tarde, la entrega del Doctorado Honoris Causa al Presidente de la República de Chile, Ricardo Lagos. El Paraninfo del Edificio Histórico estaba abarrotado de gente. Nunca había tenido la oportunidad de ver un acto de esta envergadura y mucho menos percibir la fuerza de las palabras de un Lagos emocionado y agradecido. Un presidente que dedica el honor personal, dado a su trayectoria y a su lucha por los derechos humanos, a los trece millones de chilenos que, a pesar de sus diferencias, “han sido capaces de crear una sociedad más libre y democrática". Recordarle, simplemente, emociona y hace pensar…
Hoy, esta columna, “Papeles en Llamas”, cumple un año. Han pasado ya veinte desde la primera de noviembre del 2004, cuando todos nos quedamos asombrados por el rotundo éxito de Bush en las elecciones norteamericanas. Hemos viajado por Tijuana, Buenos Aires y Tegucigalpa; nos hemos admirado de los murales de Desiderio Hernández en el Palacio de Gobierno de Tlaxcala y enfurecido por la situación en la que viven los inmigrantes. Nube, Amina Lawal, la memoria histórica de los españoles, Guantánamo, los medios de comunicación, los indígenas, la pobreza y los efectos de la deuda externa han sido algunos de los protagonistas de esta columna.
Posiblemente, y lo digo con muchísima tristeza, esta sea una de las últimas columnas escritas desde las paredes de Abrantes. Llevo más años viviendo en esta ciudad que los que he vivido en Buenos Aires. He conocido América Latina desde esta Torre. He visto pasar por sus aulas -y su Salón de Actos- a presidentes, embajadores, escritores, académicos, altos funcionarios españoles dedicados a promover la vinculación de España con los países latinoamericanos, ciudadanos de a pie y estudiantes venidos de Europa, Asia y América Latina. Todos con la misma intención: pensar, enseñar y discutir sobre la situación social, económica y política de la región.
Abrantes es conocido por muchos -fuera de Salamanca- por ser sede del Instituto Interuniversitario de Iberoamérica, que hasta el momento cobija… Incluso algunos que no viven en Salamanca suelen conocer mejor lo que se hace dentro de estas paredes que otros que sí viven aquí. Basta conversar con diversas personas o leer algunas notas de la prensa local para darse cuenta que lo que ocurre en Abrantes pasa casi desapercibido.
Por ejemplo, ayer me encontré con una gran cobertura sobre la situación de Abrantes en un periódico local y al leerlo quedé muy sorprendida. No había una sola mención a las múltiples actividades que se realizan en el centro desde hace más de catorce años. Sólo se mencionaba que estaba destinado a los “cursos internacionales de posgrado”. No había referencia alguna a los más de cuarenta estudiantes que cada año hacen la Maestría en Estudios Latinoamericanos (y ya van más de diez ediciones), ni a los proyectos de investigación que son punteros en sus áreas de conocimiento, ni en los más de 30 cursos anuales abiertos a toda la comunidad y, mucho menos, a América Latina Hoy, la Revista de Ciencias Sociales, que edita Ediciones de la Universidad de Salamanca, tres veces por año, y que se hace desde allí. Y van ya 41 números! Todo esto no importa…
Me niego a creer que, a pesar de las diferencias, no podamos construir (por decirlo metafóricamente) un espacio desde donde seguir pensando América Latina. Me da la sensación de que no hay tiempo para el diálogo… ¿Será sólo una sensación? Hay quienes quieren dividir las cosas entre los latinoamericanistas y los charros, olvidándose que la clave está en sumar y no en restar. Salamanca es tanto una como otra cosa. Esta ciudad, y su gente, han tenido la capacidad de articular durante mucho tiempo su vocación latinoamericanista con sus más ricas tradiciones y costumbres. ¿Tiene sentido pensar en ambos temas como compartimentos estancos? Creo que no. Y los que están empeñados en eso se olvidan que todos somos charros.
Publicado en el Tribuna de Salamanca el 3 de noviembre de 2005.
jueves, 20 de octubre de 2005
La Declaración de Salamanca
Hace algunos días, mientras se preparaba la XV Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de Iberoamérica, un grupo de prestigiosos economistas y politólogos españoles, latinoamericanos y de otros países se reunían en la Hospedería Fonseca –invitados por la Fundación CIDOB- para discutir sobre los problemas de desarrollo, la desigualdad y la pobreza en los países latinoamericanos. El resultado de esa reunión fue la elaboración de una nueva Agenda para el Desarrollo de América Latina, también denominada “Declaración de Salamanca”.
Este encuentro es la continuación de la experiencia de hace un año, en el marco del Forum de Barcelona, donde también un grupo de expertos acordó la Agenda del Desarrollo de Barcelona y buscó poner en papel ideas alternativas a lo que había sido hasta ese momento el neoliberal Consenso de Washington. Esto fue una especie de plataforma desde donde se dejaba claro lo que la Casa Blanca pensaba respecto a cómo llevar a cabo las reformas económicas en la región y que, desde mediados de 1989, había funcionado como el paradigma dominante (o el sentido común) de la economía política latinoamericana.
La Declaración de Salamanca, firmada por más de treinta economistas entre los que se encuentran Sebastián Edwards (Universidad de California), Eduardo Levy (Universidad Torcuato Di Tella), Ricardo Hausmann (Universidad de Harvard) o José Luis Machinea (Secretario Ejecutivo de la CEPAL), plantea una serie de propuestas, entre las que destacan agendas nacionales consensuadas, con la participación y compromiso de los diferentes actores sociales y económicos de cada país, más campo de acción para el mercado, más infraestructuras, flexibilidad cambiaria y des-dolarización financiera, más inversión en educación y salud, inserción de los pobres en el crecimiento económico y mayores oportunidades para la libre competencia. La propuesta desestima la visión neoliberal de menos Estado, que tanto caló en los noventa en la región. Por el contrario, postula que el Estado no puede estar ausente de este proceso, siendo su tarea la de apoyar y coordinar las prioridades de las agendas que se consensúen entre los diferentes actores sociales intervinientes.
Un elemento que llama la atención es la introducción de aspectos que se centran en la dimensión política de los problemas económicos de América Latina. La Declaración alerta respecto a lo contraproducente que resulta para la calidad de las instituciones cuestiones como la incertidumbre, la inestabilidad del Estado de Derecho, la corrupción y el clientelismo político. En un año donde se prevé un aumento medio del PIB de América Latina superior al 4%, la región no parece hacer nada para reducir las desigualdades sociales ni para eliminar el clientelismo o el patrimonialismo que coopta al Estado y dificulta claramente su funcionamiento.
Otro de los aspectos que incluye la Declaración es la regulación de las remesas de los emigrantes a sus países de origen. Cerca del 3% del PIB de la economía ecuatoriana proviene de los recursos de los que están en el exterior. Y cifras similares se barajan en Honduras o El Salvador. El problema, a mi manera de ver, es que en vez de dedicar ese dinero a la inversión productiva y al desarrollo tecnológico se está usando en consumo. Es necesario discutir políticas públicas que dirijan alguna parte de esos recursos a la reducción de la pobreza y la desigualdad social. En ese sentido, las Embajadas deberían ser (y no digo que algunas ya no lo sean) espacios para hacer negocios productivos, ayudando y asesorando a los emigrantes en sus inversiones y generando encuentros comerciales con los empresarios de los países de origen.
Andrés Ortega señala en su columna publicada en El País del pasado lunes, que esta Declaración se parece a la carta a los Reyes Magos. Y puede que en algún sentido tenga razón. El diagnóstico resulta interesante; pero el problema es cómo hacer que esas propuestas se transformen en políticas públicas exitosas. Es decir, cómo se hace para que la gente viva mejor y que los presidentes adopten políticas públicas que reduzcan la pobreza, distribuyan los ingresos y mejoren la calidad de vida de la gente. Es la gran incógnita. Eso no significa que no sean importantes este tipo de declaraciones. No estoy de acuerdo con que esta Declaración de Salamanca “ni siquiera sirva como documento político”, como Ortega señala. Creo que es importante tener ideas, fruto de la discusión de los especialistas y de sus experiencias de investigación. Me parece fundamental además que esas propuestas se presenten en escenarios como el que vivió Salamanca la pasada semana. Es mejor eso, a que presidentes populistas experimenten con recetas improvisadas sin conocer muy bien cuáles son los efectos y resultados de sus experimentos.
Por este tipo de cosas es que considero importante apoyar propuestas como la de la Escuela Iberoamericana de Gobierno, que tomó visibilidad a raíz de la XV Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno. Esta Escuela puede ser no sólo una buena oportunidad para mejorar los niveles de formación de la clase política iberoamericana sino también un excelente espacio que contribuya a mejorar la operatividad de los gobiernos de la región. En resumen, contribuir a transformar ideas como las surgidas en esta Declaración en políticas públicas concretas. Y una última cuestión, ¿será posible que esa Escuela Iberoamericana de Gobierno se instale en Salamanca? El tiempo lo dirá y la voluntad política de nuestros dirigentes, también.
Publicado en Tribuna de Salamanca, el 20 de octubre de 2005.
Este encuentro es la continuación de la experiencia de hace un año, en el marco del Forum de Barcelona, donde también un grupo de expertos acordó la Agenda del Desarrollo de Barcelona y buscó poner en papel ideas alternativas a lo que había sido hasta ese momento el neoliberal Consenso de Washington. Esto fue una especie de plataforma desde donde se dejaba claro lo que la Casa Blanca pensaba respecto a cómo llevar a cabo las reformas económicas en la región y que, desde mediados de 1989, había funcionado como el paradigma dominante (o el sentido común) de la economía política latinoamericana.
La Declaración de Salamanca, firmada por más de treinta economistas entre los que se encuentran Sebastián Edwards (Universidad de California), Eduardo Levy (Universidad Torcuato Di Tella), Ricardo Hausmann (Universidad de Harvard) o José Luis Machinea (Secretario Ejecutivo de la CEPAL), plantea una serie de propuestas, entre las que destacan agendas nacionales consensuadas, con la participación y compromiso de los diferentes actores sociales y económicos de cada país, más campo de acción para el mercado, más infraestructuras, flexibilidad cambiaria y des-dolarización financiera, más inversión en educación y salud, inserción de los pobres en el crecimiento económico y mayores oportunidades para la libre competencia. La propuesta desestima la visión neoliberal de menos Estado, que tanto caló en los noventa en la región. Por el contrario, postula que el Estado no puede estar ausente de este proceso, siendo su tarea la de apoyar y coordinar las prioridades de las agendas que se consensúen entre los diferentes actores sociales intervinientes.
Un elemento que llama la atención es la introducción de aspectos que se centran en la dimensión política de los problemas económicos de América Latina. La Declaración alerta respecto a lo contraproducente que resulta para la calidad de las instituciones cuestiones como la incertidumbre, la inestabilidad del Estado de Derecho, la corrupción y el clientelismo político. En un año donde se prevé un aumento medio del PIB de América Latina superior al 4%, la región no parece hacer nada para reducir las desigualdades sociales ni para eliminar el clientelismo o el patrimonialismo que coopta al Estado y dificulta claramente su funcionamiento.
Otro de los aspectos que incluye la Declaración es la regulación de las remesas de los emigrantes a sus países de origen. Cerca del 3% del PIB de la economía ecuatoriana proviene de los recursos de los que están en el exterior. Y cifras similares se barajan en Honduras o El Salvador. El problema, a mi manera de ver, es que en vez de dedicar ese dinero a la inversión productiva y al desarrollo tecnológico se está usando en consumo. Es necesario discutir políticas públicas que dirijan alguna parte de esos recursos a la reducción de la pobreza y la desigualdad social. En ese sentido, las Embajadas deberían ser (y no digo que algunas ya no lo sean) espacios para hacer negocios productivos, ayudando y asesorando a los emigrantes en sus inversiones y generando encuentros comerciales con los empresarios de los países de origen.
Andrés Ortega señala en su columna publicada en El País del pasado lunes, que esta Declaración se parece a la carta a los Reyes Magos. Y puede que en algún sentido tenga razón. El diagnóstico resulta interesante; pero el problema es cómo hacer que esas propuestas se transformen en políticas públicas exitosas. Es decir, cómo se hace para que la gente viva mejor y que los presidentes adopten políticas públicas que reduzcan la pobreza, distribuyan los ingresos y mejoren la calidad de vida de la gente. Es la gran incógnita. Eso no significa que no sean importantes este tipo de declaraciones. No estoy de acuerdo con que esta Declaración de Salamanca “ni siquiera sirva como documento político”, como Ortega señala. Creo que es importante tener ideas, fruto de la discusión de los especialistas y de sus experiencias de investigación. Me parece fundamental además que esas propuestas se presenten en escenarios como el que vivió Salamanca la pasada semana. Es mejor eso, a que presidentes populistas experimenten con recetas improvisadas sin conocer muy bien cuáles son los efectos y resultados de sus experimentos.
Por este tipo de cosas es que considero importante apoyar propuestas como la de la Escuela Iberoamericana de Gobierno, que tomó visibilidad a raíz de la XV Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno. Esta Escuela puede ser no sólo una buena oportunidad para mejorar los niveles de formación de la clase política iberoamericana sino también un excelente espacio que contribuya a mejorar la operatividad de los gobiernos de la región. En resumen, contribuir a transformar ideas como las surgidas en esta Declaración en políticas públicas concretas. Y una última cuestión, ¿será posible que esa Escuela Iberoamericana de Gobierno se instale en Salamanca? El tiempo lo dirá y la voluntad política de nuestros dirigentes, también.
Publicado en Tribuna de Salamanca, el 20 de octubre de 2005.
viernes, 14 de octubre de 2005
¿Es posible la democracia en América Latina sin partidos políticos?
América Latina ha vivido en las dos últimas décadas el período de mayor estabilidad política de su historia. La democracia, entendida como el mecanismo por medio del cual se eligen representantes a través de procesos electorales competitivos, limpios y libres, se encuentra asentada en la región. Los partidos políticos han sido piezas claves en el proceso que permitió su recuperación; no sólo por su papel en la negociación y definición de sus reglas de juego sino también por darle vida a las instituciones del nuevo escenario competitivo. Los políticos (y sus partidos) pusieron en marcha la democracia en un clima de gran ilusión, compromiso y altas expectativas ciudadanas, incluso sin saber muy bien qué era lo que estaban instaurando y sin tener muy claro cuál era el modelo que perseguían.
Nadie les había enseñado cómo hacerlo e incluso, en algunos casos, no contaban con experiencia previa respecto a cómo gestionar la política. Algunos políticos ni siquiera habían vivido bajo una democracia, por lo que les resultaba difícil comprender (y profesar) sus valores. Y, aún más, tampoco sabían cómo gobernar eficientemente, en defensa del interés general. Por tanto, una vez en el poder, cuando se enfrentaron con los desafíos del buen gobierno, muchos de ellos fracasaron. Algunos, precisamente, por su mal ejercicio y otros por el manejo corrupto de las instituciones.
La consecuencia más clara de la ineficiencia e irresponsabilidad de muchos políticos y sus partidos ha sido el descrédito ante los ciudadanos. El índice regional de confianza en las instituciones (los tres Poderes del Estado y el poder municipal) y actores (élite política y partidos) realizado por el PNUD en 2002 era de 1,91 (en una escala de 1 a 4), con grandes diferencias entre los países (siendo Guatemala 1,71; Ecuador 1,72 y Colombia 1,77 de los más bajos y, entre los más altos, Honduras 2,24 y Costa Rica 2,23). Este alejamiento de los ciudadanos respecto de las instituciones de la democracia ha sido percibido con alarma. Preocupados por esta situación, diversos sectores comenzaron a presionar para que los partidos cambiaran su manera de gestionar la política; para que el Estado regulara cada vez más su vida interna y los obligara a ser más incluyentes y participativos en sus decisiones e, incluso, para que emergieran formas alternativas de representación y movilización social, lo que incentivó el crecimiento de candidatos independientes y de movimientos que, aunque cumplen todas las funciones de un partido, se niegan a llamarse de ese modo y se presentan con un claro discurso antipartidista. Incluso, Carlos Mesa en Bolivia y Alfredo Palacio en Ecuador, auto declararon al asumir como presidentes su condición de apolíticos como una manera de incrementar su legitimidad ante la ciudadanía.
En la última década, la tendencia a buscar alternativas a los partidos ha hecho que se incremente la oferta de movimientos políticos que no son más que partidos disfrazados de otra cosa, que se fracturen organizaciones partidistas sólidas y que un sin fin de oportunistas (sin programa ni propuestas) resulten elegidos en cargos de representación popular. Esta tendencia movimientista minusvalora en algún sentido a la representación política como forma de intermediación y hace que, como se defiende en algunos sectores de diferentes países, la democracia sea entendida únicamente como un espacio de participación; profesando una clara militancia antisistema y deslegitimante.
Muchos ciudadanos dicen no querer saber nada de los partidos. Están desilusionados con su manera de resolver los problemas y con el modo en el que toman las decisiones. Critican que la elección de los candidatos resulte sólo de la voluntad de un líder, que no se respeten los nombres de los postulantes que decidieron las directivas locales ni tampoco las posiciones programáticas de sus partidos o las promesas electorales con las que ganaron las elecciones. Incluso desaprueban que los partidos violen sus Estatutos o acomoden las reglas partidistas (y electorales) a la coyuntura del momento. Todas estas críticas -que por supuesto son más que legítimas- muestran del enfado de los ciudadanos con los partidos.
En la práctica, los mismos ciudadanos que critican a los partidos continúan votando por ellos. Hay países donde el nivel de concentración de voto de los partidos principales en las últimas elecciones supera el 80% de la votación válida y, en muchos de esos países, los mismos que se presentaron en la primera elección postautoritarismo son los que están compitiendo ahora. Y esto ocurre en contextos tan diferentes como Chile, Argentina, Uruguay, República Dominicana o El Salvador. A pesar de las fuertes críticas y el descontento; los ciudadanos siguen apostando por los partidos. A los políticos, las críticas no les preocupan, fundamentalmente, porque no condicionan el resultado electoral. El hecho de que sus órganos de gobierno sean poco representativos, se comporten de manera irrespetuosa con las opiniones disidentes y sean internamente poco competitivos, no obstaculiza su meta principal: la de ganar elecciones.
Por tanto, frente a la pregunta de cuánta democracia interna necesitan los partidos para sobrevivir en una democracia representativa, la respuesta es, sencillamente, ninguna. Los partidos oligárquicos pueden subsistir en un sistema democrático e, incluso, una democracia puede permanecer en el tiempo sin que sus partidos sean internamente democráticos. Muchos ejemplos de América Latina y Europa muestran que partidos altamente cohesionados; muy disciplinados y jerárquicos, con bajos niveles de pluralismo y transparencia, suelen tener mayor éxito electoral que otros que no lo son. Y, en un contexto de competencia electoral, esto es muy importante; aunque no sea saludable para la calidad de la democracia.
Sin embargo, es cierto que, a largo plazo, el modo en que los partidos se comporten afectará el rendimiento democrático, la percepción de los ciudadanos respecto a su relevancia en el sistema político y la calidad de las instituciones. Pero, a corto plazo, esto no es así. Por lo menos, hasta que los ciudadanos castiguen en las urnas a aquellas organizaciones partidistas que no sean internamente democráticas. Más de 60 convocatorias electorales realizadas en la región desde la década de 1990, donde competían partidos que habían encarado reformas orientadas a la democratización interna, muestran que seleccionar candidatos en procesos competitivos no asegura mejores resultados electorales.
Si los ciudadanos votan por partidos oligárquicos frente a otros que han usado procedimientos competitivos, pues entonces, resulta muy probable que los políticos no hagan nada para revertir la situación. Deben existir incentivos claros (políticos, electorales e institucionales) para que los partidos transformen sus mecanismos internos. Sólo cuando los políticos perciban que el hecho de tener organizaciones democráticas y participativas resulta beneficioso para la maximización de sus metas, se convertirán en los principales impulsores de las elecciones internas como una manera de sobrevivir a ciudadanos desencantados o por mera necesidad electoral.
La democracia en América Latina necesita que las organizaciones partidistas innoven sus procesos internos, se adapten a los cambios tecnológicos y articulen los intereses generales, aún cuando representen a determinados grupos. El futuro de estas agrupaciones está asociado a una mayor transparencia en la gestión de la cosa pública, en la profesionalización de sus políticos, en comportamientos regidos por la ética y en el fortalecimiento de los mecanismos de fiscalización de sus actividades. Esto supone promover la competencia interna, generar un reclutamiento más abierto así como una mayor adecuación entre las reglas formales e informales que cruzan a la agrupación. Partidos más democráticos tendrían que conseguir mayor número de votantes y afiliados; recursos humanos profesionalizados y procurar la elaboración de políticas públicas más informadas. Los partidos necesitan disminuir la brecha que los separa de los ciudadanos. La democracia necesita de ellos, de los partidos y de los ciudadanos, porque sin ellos la democracia resulta imposible.
Publicado en Diario Cumbre el 14 de octubre de 2005, con motivo de la celebración de la XV Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno que se celebró en Salamanca.
Nadie les había enseñado cómo hacerlo e incluso, en algunos casos, no contaban con experiencia previa respecto a cómo gestionar la política. Algunos políticos ni siquiera habían vivido bajo una democracia, por lo que les resultaba difícil comprender (y profesar) sus valores. Y, aún más, tampoco sabían cómo gobernar eficientemente, en defensa del interés general. Por tanto, una vez en el poder, cuando se enfrentaron con los desafíos del buen gobierno, muchos de ellos fracasaron. Algunos, precisamente, por su mal ejercicio y otros por el manejo corrupto de las instituciones.
La consecuencia más clara de la ineficiencia e irresponsabilidad de muchos políticos y sus partidos ha sido el descrédito ante los ciudadanos. El índice regional de confianza en las instituciones (los tres Poderes del Estado y el poder municipal) y actores (élite política y partidos) realizado por el PNUD en 2002 era de 1,91 (en una escala de 1 a 4), con grandes diferencias entre los países (siendo Guatemala 1,71; Ecuador 1,72 y Colombia 1,77 de los más bajos y, entre los más altos, Honduras 2,24 y Costa Rica 2,23). Este alejamiento de los ciudadanos respecto de las instituciones de la democracia ha sido percibido con alarma. Preocupados por esta situación, diversos sectores comenzaron a presionar para que los partidos cambiaran su manera de gestionar la política; para que el Estado regulara cada vez más su vida interna y los obligara a ser más incluyentes y participativos en sus decisiones e, incluso, para que emergieran formas alternativas de representación y movilización social, lo que incentivó el crecimiento de candidatos independientes y de movimientos que, aunque cumplen todas las funciones de un partido, se niegan a llamarse de ese modo y se presentan con un claro discurso antipartidista. Incluso, Carlos Mesa en Bolivia y Alfredo Palacio en Ecuador, auto declararon al asumir como presidentes su condición de apolíticos como una manera de incrementar su legitimidad ante la ciudadanía.
En la última década, la tendencia a buscar alternativas a los partidos ha hecho que se incremente la oferta de movimientos políticos que no son más que partidos disfrazados de otra cosa, que se fracturen organizaciones partidistas sólidas y que un sin fin de oportunistas (sin programa ni propuestas) resulten elegidos en cargos de representación popular. Esta tendencia movimientista minusvalora en algún sentido a la representación política como forma de intermediación y hace que, como se defiende en algunos sectores de diferentes países, la democracia sea entendida únicamente como un espacio de participación; profesando una clara militancia antisistema y deslegitimante.
Muchos ciudadanos dicen no querer saber nada de los partidos. Están desilusionados con su manera de resolver los problemas y con el modo en el que toman las decisiones. Critican que la elección de los candidatos resulte sólo de la voluntad de un líder, que no se respeten los nombres de los postulantes que decidieron las directivas locales ni tampoco las posiciones programáticas de sus partidos o las promesas electorales con las que ganaron las elecciones. Incluso desaprueban que los partidos violen sus Estatutos o acomoden las reglas partidistas (y electorales) a la coyuntura del momento. Todas estas críticas -que por supuesto son más que legítimas- muestran del enfado de los ciudadanos con los partidos.
En la práctica, los mismos ciudadanos que critican a los partidos continúan votando por ellos. Hay países donde el nivel de concentración de voto de los partidos principales en las últimas elecciones supera el 80% de la votación válida y, en muchos de esos países, los mismos que se presentaron en la primera elección postautoritarismo son los que están compitiendo ahora. Y esto ocurre en contextos tan diferentes como Chile, Argentina, Uruguay, República Dominicana o El Salvador. A pesar de las fuertes críticas y el descontento; los ciudadanos siguen apostando por los partidos. A los políticos, las críticas no les preocupan, fundamentalmente, porque no condicionan el resultado electoral. El hecho de que sus órganos de gobierno sean poco representativos, se comporten de manera irrespetuosa con las opiniones disidentes y sean internamente poco competitivos, no obstaculiza su meta principal: la de ganar elecciones.
Por tanto, frente a la pregunta de cuánta democracia interna necesitan los partidos para sobrevivir en una democracia representativa, la respuesta es, sencillamente, ninguna. Los partidos oligárquicos pueden subsistir en un sistema democrático e, incluso, una democracia puede permanecer en el tiempo sin que sus partidos sean internamente democráticos. Muchos ejemplos de América Latina y Europa muestran que partidos altamente cohesionados; muy disciplinados y jerárquicos, con bajos niveles de pluralismo y transparencia, suelen tener mayor éxito electoral que otros que no lo son. Y, en un contexto de competencia electoral, esto es muy importante; aunque no sea saludable para la calidad de la democracia.
Sin embargo, es cierto que, a largo plazo, el modo en que los partidos se comporten afectará el rendimiento democrático, la percepción de los ciudadanos respecto a su relevancia en el sistema político y la calidad de las instituciones. Pero, a corto plazo, esto no es así. Por lo menos, hasta que los ciudadanos castiguen en las urnas a aquellas organizaciones partidistas que no sean internamente democráticas. Más de 60 convocatorias electorales realizadas en la región desde la década de 1990, donde competían partidos que habían encarado reformas orientadas a la democratización interna, muestran que seleccionar candidatos en procesos competitivos no asegura mejores resultados electorales.
Si los ciudadanos votan por partidos oligárquicos frente a otros que han usado procedimientos competitivos, pues entonces, resulta muy probable que los políticos no hagan nada para revertir la situación. Deben existir incentivos claros (políticos, electorales e institucionales) para que los partidos transformen sus mecanismos internos. Sólo cuando los políticos perciban que el hecho de tener organizaciones democráticas y participativas resulta beneficioso para la maximización de sus metas, se convertirán en los principales impulsores de las elecciones internas como una manera de sobrevivir a ciudadanos desencantados o por mera necesidad electoral.
La democracia en América Latina necesita que las organizaciones partidistas innoven sus procesos internos, se adapten a los cambios tecnológicos y articulen los intereses generales, aún cuando representen a determinados grupos. El futuro de estas agrupaciones está asociado a una mayor transparencia en la gestión de la cosa pública, en la profesionalización de sus políticos, en comportamientos regidos por la ética y en el fortalecimiento de los mecanismos de fiscalización de sus actividades. Esto supone promover la competencia interna, generar un reclutamiento más abierto así como una mayor adecuación entre las reglas formales e informales que cruzan a la agrupación. Partidos más democráticos tendrían que conseguir mayor número de votantes y afiliados; recursos humanos profesionalizados y procurar la elaboración de políticas públicas más informadas. Los partidos necesitan disminuir la brecha que los separa de los ciudadanos. La democracia necesita de ellos, de los partidos y de los ciudadanos, porque sin ellos la democracia resulta imposible.
Publicado en Diario Cumbre el 14 de octubre de 2005, con motivo de la celebración de la XV Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno que se celebró en Salamanca.
jueves, 6 de octubre de 2005
Salamanca en la Cumbre
Yo no quería pero no he resistido la tentación de escribir sobre la dichosa Cumbre. Intentaré decir algo que no se haya dicho hasta ahora aunque creo que no me resultará muy fácil. Y claro, no todos los días se es portada de los principales medios de comunicación.
Falta una semana para que la XV Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de Iberoamérica se celebre en Salamanca. Y parece ser que todo está listo. Esta reunión supone un antes y un después en el propio “Sistema de Cumbres”, debido a la necesidad de contar con una mayor institucionalización operativa de las mismas así como también de generar un espacio efectivo de negociación entre los países miembros. Una Cumbre que también supondrá la puesta de largo del gobierno socialista frente al resto de países latinoamericanos.
Por estos lares, hay reacciones para todos los gustos. Unos, están felices de que la Cumbre se celebre en Salamanca, para que la ciudad demuestre su ya histórico lazo con América Latina. Otros, no lo están tanto porque esos días (dos, para ser exactos) no van a poder pasear por las calles del centro histórico. Como si en eso les fuera la vida. Aún así, la realización de la Cumbre ha puesto sobre el tapete una cuestión que para algunos fue motivo de discusión hace unos años y es la vinculación de la Universidad con los países de América Latina. Con su activa participación en la organización de la Cumbre, la Universidad y la ciudad renuevan su vocación latinoamericanista. Y es que América es el destino natural de esta Universidad, por más que algunos intentaran olvidarlo u ocultarlo. No se explica ni se entiende parte de la historia de la Universidad de Salamanca sin América, como tampoco -me atrevo a decir- se entiende parte de la de América sin Salamanca.
Estoy segura que una vez más la ciudad estará a la altura de la circunstancias. La Cumbre supone para ella mucho más que una simple foto de familia en la fachada de la Universidad. Pondrá el nombre de Salamanca en todos los medios de comunicación importantes, no sólo de España y América Latina, sino del mundo, lo que significará publicidad gratuita, abrirse a nuevos mercados turísticos, potenciar la imagen de la Universidad de cara a aumentar su alumnado – tema que amerita otra columna- y la posibilidad de generar intercambios comerciales en el futuro cercano entre diversos sectores de la sociedad civil. Esta es la oportunidad para dejar de hablar en pasado (respecto a lo que ha sido la Universidad y la ciudad en relación al continente americano) para hablar en presente y futuro, de lo que puede ser y seguramente será, de ahora en adelante.
Desde hace unos días la Universidad espera la Cumbre trabajando. La semana pasada el Instituto de Estudios de la Ciencia y la Tecnología de la USAL organizó junto la Fundación NIDO una Conferencia Internacional sobre “Cultura científica y Cultura empresarial ante las metas del Milenio”. El lunes y martes de esta semana se realizó en el Instituto Interuniversitario de Iberoamérica, que está en el Palacio de Abrantes, un Seminario Internacional en el que participaron académicos de América Latina, Estados Unidos y Europa, para discutir sobre los problemas de la representación en las democracias latinoamericanas. En tanto, del 6 al 8 de octubre se llevará a cabo la Cumbre Poética Iberoamericana, con renombrados poetas de diversos países del continente y los días 10 y 11 el Instituto organiza otro Seminario sobre “Pobreza y Desigualdad en América Latina”, junto al Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y la Red sobre Desigualdad y Pobreza de la Asociación Latinoamericana de Economía.
El éxito de la Cumbre no depende de Fidel Castro. Es cierto que su presencia (o su ausencia) tendría fuerte impacto mediático pero sería un error garrafal asumir que toda la reunión está condicionada a su visita. La Cumbre tiene otros desafíos que son los que, de una manera u otra, condicionarán su éxito. Uno, la capacidad para dar vida y funciones efectivas a la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB). Si bien la creación de la Secretaría Permanente fue aprobada en la Cumbre de Santa Cruz de la Sierra (2003) a sugerencia del “Informe Cardoso” y por iniciativa española; recién con la de Salamanca se pondrá en funcionamiento tras el nombramiento del Secretario General Enrique Iglesias (ex presidente del Banco Interamericano de Desarrollo); Elena Martínez (que viene del PNUD) y Edmundo Jarquín (también del BID y exembajador de Nicaragua). Una troika acostumbrada a gestionar en el berenjenal de la política latinoamericana.
Dos, hacer efectivo el multilaterialismo pretendido por el gobierno de Rodríguez Zapatero frente a la estrategia de hegemonía unilateral que caracterizó al gobierno de Aznar y afectó negativamente las relaciones bilaterales con los países latinoamericanos. Esta Cumbre es la oportunidad para mostrar el nuevo rumbo de estas relaciones. Tres, conseguir que las Cumbres se “desespañolizen” -como señala un catedrático español en el último número de América Latina Hoy, la revista de Ciencias Sociales que edita la Universidad de Salamanca-. Esto es, conseguir que los países grandes, como Brasil, México e incluso Argentina, apuesten claramente por el sistema de cumbres como un espacio multilateral de concertación y cooperación iberoamericana y acepten financiar el proyecto. Cuatro, alcanzar un acuerdo efectivo respecto al programa de intercambio de deuda externa por educación. Sólo cuando las Cumbres tomen decisiones que afecten de manera clara y concreta la vida de la gente y que esas decisiones se implementen efectivamente y no queden en un papel, la opinión pública (latinoamericana y española) dará mayor credibilidad, legitimidad y confianza a este sistema.
Finalmente, una última idea. Salamanca será estas semanas el centro geopolítico de Iberoamérica. Mientras tanto, y aunque parezca increíble, el Instituto Interuniversitario de Iberoamérica, uno de los ámbitos más prestigiosos de esta Universidad en estudios latinoamericanos, aún no sabe cual será su destino físico tras la devolución del Palacio de Abrantes al Ayuntamiento. Después de más de diez años trabajando desde Abrantes, el Instituto se tiene que ir antes que termine el año y en pleno curso lectivo. ¿A dónde? Aún no se sabe. Paradojas de la vida, injusticias también. Quizás la Cumbre, que hace que muchos se llenen la boca hablando de América Latina, contribuya para que el Instituto tenga su lugar.
Publicada en Tribuna de Salamanca el 6 de octubre de 2005.
Falta una semana para que la XV Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de Iberoamérica se celebre en Salamanca. Y parece ser que todo está listo. Esta reunión supone un antes y un después en el propio “Sistema de Cumbres”, debido a la necesidad de contar con una mayor institucionalización operativa de las mismas así como también de generar un espacio efectivo de negociación entre los países miembros. Una Cumbre que también supondrá la puesta de largo del gobierno socialista frente al resto de países latinoamericanos.
Por estos lares, hay reacciones para todos los gustos. Unos, están felices de que la Cumbre se celebre en Salamanca, para que la ciudad demuestre su ya histórico lazo con América Latina. Otros, no lo están tanto porque esos días (dos, para ser exactos) no van a poder pasear por las calles del centro histórico. Como si en eso les fuera la vida. Aún así, la realización de la Cumbre ha puesto sobre el tapete una cuestión que para algunos fue motivo de discusión hace unos años y es la vinculación de la Universidad con los países de América Latina. Con su activa participación en la organización de la Cumbre, la Universidad y la ciudad renuevan su vocación latinoamericanista. Y es que América es el destino natural de esta Universidad, por más que algunos intentaran olvidarlo u ocultarlo. No se explica ni se entiende parte de la historia de la Universidad de Salamanca sin América, como tampoco -me atrevo a decir- se entiende parte de la de América sin Salamanca.
Estoy segura que una vez más la ciudad estará a la altura de la circunstancias. La Cumbre supone para ella mucho más que una simple foto de familia en la fachada de la Universidad. Pondrá el nombre de Salamanca en todos los medios de comunicación importantes, no sólo de España y América Latina, sino del mundo, lo que significará publicidad gratuita, abrirse a nuevos mercados turísticos, potenciar la imagen de la Universidad de cara a aumentar su alumnado – tema que amerita otra columna- y la posibilidad de generar intercambios comerciales en el futuro cercano entre diversos sectores de la sociedad civil. Esta es la oportunidad para dejar de hablar en pasado (respecto a lo que ha sido la Universidad y la ciudad en relación al continente americano) para hablar en presente y futuro, de lo que puede ser y seguramente será, de ahora en adelante.
Desde hace unos días la Universidad espera la Cumbre trabajando. La semana pasada el Instituto de Estudios de la Ciencia y la Tecnología de la USAL organizó junto la Fundación NIDO una Conferencia Internacional sobre “Cultura científica y Cultura empresarial ante las metas del Milenio”. El lunes y martes de esta semana se realizó en el Instituto Interuniversitario de Iberoamérica, que está en el Palacio de Abrantes, un Seminario Internacional en el que participaron académicos de América Latina, Estados Unidos y Europa, para discutir sobre los problemas de la representación en las democracias latinoamericanas. En tanto, del 6 al 8 de octubre se llevará a cabo la Cumbre Poética Iberoamericana, con renombrados poetas de diversos países del continente y los días 10 y 11 el Instituto organiza otro Seminario sobre “Pobreza y Desigualdad en América Latina”, junto al Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y la Red sobre Desigualdad y Pobreza de la Asociación Latinoamericana de Economía.
El éxito de la Cumbre no depende de Fidel Castro. Es cierto que su presencia (o su ausencia) tendría fuerte impacto mediático pero sería un error garrafal asumir que toda la reunión está condicionada a su visita. La Cumbre tiene otros desafíos que son los que, de una manera u otra, condicionarán su éxito. Uno, la capacidad para dar vida y funciones efectivas a la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB). Si bien la creación de la Secretaría Permanente fue aprobada en la Cumbre de Santa Cruz de la Sierra (2003) a sugerencia del “Informe Cardoso” y por iniciativa española; recién con la de Salamanca se pondrá en funcionamiento tras el nombramiento del Secretario General Enrique Iglesias (ex presidente del Banco Interamericano de Desarrollo); Elena Martínez (que viene del PNUD) y Edmundo Jarquín (también del BID y exembajador de Nicaragua). Una troika acostumbrada a gestionar en el berenjenal de la política latinoamericana.
Dos, hacer efectivo el multilaterialismo pretendido por el gobierno de Rodríguez Zapatero frente a la estrategia de hegemonía unilateral que caracterizó al gobierno de Aznar y afectó negativamente las relaciones bilaterales con los países latinoamericanos. Esta Cumbre es la oportunidad para mostrar el nuevo rumbo de estas relaciones. Tres, conseguir que las Cumbres se “desespañolizen” -como señala un catedrático español en el último número de América Latina Hoy, la revista de Ciencias Sociales que edita la Universidad de Salamanca-. Esto es, conseguir que los países grandes, como Brasil, México e incluso Argentina, apuesten claramente por el sistema de cumbres como un espacio multilateral de concertación y cooperación iberoamericana y acepten financiar el proyecto. Cuatro, alcanzar un acuerdo efectivo respecto al programa de intercambio de deuda externa por educación. Sólo cuando las Cumbres tomen decisiones que afecten de manera clara y concreta la vida de la gente y que esas decisiones se implementen efectivamente y no queden en un papel, la opinión pública (latinoamericana y española) dará mayor credibilidad, legitimidad y confianza a este sistema.
Finalmente, una última idea. Salamanca será estas semanas el centro geopolítico de Iberoamérica. Mientras tanto, y aunque parezca increíble, el Instituto Interuniversitario de Iberoamérica, uno de los ámbitos más prestigiosos de esta Universidad en estudios latinoamericanos, aún no sabe cual será su destino físico tras la devolución del Palacio de Abrantes al Ayuntamiento. Después de más de diez años trabajando desde Abrantes, el Instituto se tiene que ir antes que termine el año y en pleno curso lectivo. ¿A dónde? Aún no se sabe. Paradojas de la vida, injusticias también. Quizás la Cumbre, que hace que muchos se llenen la boca hablando de América Latina, contribuya para que el Instituto tenga su lugar.
Publicada en Tribuna de Salamanca el 6 de octubre de 2005.
jueves, 8 de septiembre de 2005
En el país de Mafalda
Aunque parezca extraño, soy una total ignorante de lo que piensa, siente y sueña Mafalda. No fui su lectora ni tampoco su fan. No conocí su humor, picardía e, incluso, sabiduría. Mafalda era de la generación de mis hermanas. En mi adolescencia, estaba prohibida. Es por eso que mis amigas y amigos españoles, los que sí se criaron con Mafalda, fueron los que me enseñaron, en diferentes momentos, a adorarla. Curiosa rareza del destino: salir de casa, cruzar el charco, llegar a Salamanca, para conocer lo que debería haber sido de uno.
En esto pensaba la semana pasada al caminar por las callecitas de Palermo Soho, un barrio de Buenos Aires que, desde hace unos años, ya no es el mismo. Esta zona ha cambiado. Bares modernos, restaurantes minimalistas, tiendas de diseñadores jóvenes y mucha marcha alternativa. En esas calles no pareciera haber registro de la crisis económica y social que explotó aquel 19 de diciembre de 2001, en el que un presidente radical -elegido en las urnas- renunció a su cargo y entregó anticipadamente el poder, en medio de saqueos a supermercados; “corralito” financiero y una intensa movilización ciudadana a golpe de cacerolas.
Una vez más, un presidente constitucional era expulsado de su cargo. Una vez más, la crisis económica dejaba sin ahorros a una parte importante de la sociedad; el país no crecía y expulsaba a jóvenes (y no tan jóvenes) a España, México y Estados Unidos, entre otros. Esta fue una crisis originada tanto en factores económicos como políticos. La misma fue resultado tanto de la aplicación a rajatabla de las recetas neoliberales del FMI como también una muestra de la descomposición del sistema político en su conjunto.
Hoy, las cosas parecen no ser como en esos años. No sólo se ha abandonado parte de ese modelo económico sino que se están aplicando medidas más parecidas a un sistema de corte dirigista y proteccionista. A corto plazo, está generando un nivel de crecimiento del PBI del 7% anual; ingresos por la exportación de productos primarios, como la soja, sin precedentes; superávit en las cuentas públicas y, lugares como Palermo Soho y Puerto Madero, donde la crisis ya es historia. Incluso, hay argentinos que ya han regresado a las compras compulsivas en Miami, como en los momentos más gloriosos (para algunos) de la paridad cambiaria, donde un peso era igual a un dólar.
Todo ello lleva a pensar a Argentina como un país de extremos. Son impresionantes sus vaivenes. Si en un momento todo parece ser negro e incluso irrecuperable; cuatro años después, es como si nada hubiera pasado. Tenemos poca memoria, dicen algunos. No aprendemos de nuestros propios errores, dicen otros. La cuestión es que a pesar del crecimiento, del superávit y los ingresos de las exportaciones, Argentina continúa siendo un país con altos niveles de desigualdad; bajos índices de productividad y extrema pobreza. Los bolsones de miseria, las chabolas y los cartoneros revolviendo la basura en las calles continúan siendo parte de la realidad cotidiana.
Argentina está hoy en campaña electoral. La relativa paz política de los últimos tiempos se ha alterado. El Presidente Kirchner se juega mucho de su capital político en las elecciones legislativas de octubre. Las otrora alianza antimenemista, que sirvió de plataforma para su candidatura presidencial es, como la crisis económica, parte del pasado. El exgobernador de Santa Cruz se ha distanciado de su antiguo benefactor político, el ex Presidente de la República y antiguo gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Eduardo Duhalde, quien controla el “aparato” del peronismo bonaerense. Todo ello porque sus respectivas esposas, Chiche Duhalde y Cristina de Kirchner, compiten por el mismo escaño en el Senado de la República. El peronismo (nuevamente) está enfrentando entre sí, lo que en los próximos meses puede dificultar la gobernabilidad y la estabilidad democrática.
Este es el país donde en un momento se experimenta una profunda crisis y terrible convulsión social, lo que lleva a declarar unilateralmente la suspensión de pagos de la deuda externa y, a los tres años, se pasa a ser el país que consigue no sólo refinanciarla sino recomprarla a sus acreedores. Un país que se incendia y que a los meses renace de las cenizas; para nuevamente caer y recuperarse. Un país donde la tragedia es parte de la vida cotidiana. Por lo menos para el tango. Un país de contrastes, una pequeña Europa en el fin de América Latina. Y, así y todo, un lugar donde la justicia llega, a pesar de los dictadores, de las desapariciones, de la obediencia debida y el punto final. Un país capaz de olvidar en un decenio; y dejar de olvidar al siguiente.
Argentina es un país de contradicciones. Capaz de generar un Cortazar, un Sábato o un Borges, y a cinco Premios Nobel. Y, en plena dictadura, prohibir a Mafalda. Una sociedad capaz de generar un fenómeno como Maradona. El mayor ídolo de generaciones de argentinos, el pibe de la villa miseria que consigue el estrellato y se reinventa a sí mismo. Ayer, el mejor futbolista; hoy, presentador televisivo, con un programa que sirve de oda al ídolo caído pero que desbanca en audiencia a sus competidores. Y, como no, el mismo país donde se critica la manera de actuar de Maradona fuera de la cancha, no acepta siquiera la comparación de su juego con el de otros. ¿Zidane o Maradona? Mi pequeña encuesta casera me dice: la respuesta depende simplemente de si usted es argentino (o no).
Publicado en Tribuna de Salamanca, 8 de septiembre de 2005.
En esto pensaba la semana pasada al caminar por las callecitas de Palermo Soho, un barrio de Buenos Aires que, desde hace unos años, ya no es el mismo. Esta zona ha cambiado. Bares modernos, restaurantes minimalistas, tiendas de diseñadores jóvenes y mucha marcha alternativa. En esas calles no pareciera haber registro de la crisis económica y social que explotó aquel 19 de diciembre de 2001, en el que un presidente radical -elegido en las urnas- renunció a su cargo y entregó anticipadamente el poder, en medio de saqueos a supermercados; “corralito” financiero y una intensa movilización ciudadana a golpe de cacerolas.
Una vez más, un presidente constitucional era expulsado de su cargo. Una vez más, la crisis económica dejaba sin ahorros a una parte importante de la sociedad; el país no crecía y expulsaba a jóvenes (y no tan jóvenes) a España, México y Estados Unidos, entre otros. Esta fue una crisis originada tanto en factores económicos como políticos. La misma fue resultado tanto de la aplicación a rajatabla de las recetas neoliberales del FMI como también una muestra de la descomposición del sistema político en su conjunto.
Hoy, las cosas parecen no ser como en esos años. No sólo se ha abandonado parte de ese modelo económico sino que se están aplicando medidas más parecidas a un sistema de corte dirigista y proteccionista. A corto plazo, está generando un nivel de crecimiento del PBI del 7% anual; ingresos por la exportación de productos primarios, como la soja, sin precedentes; superávit en las cuentas públicas y, lugares como Palermo Soho y Puerto Madero, donde la crisis ya es historia. Incluso, hay argentinos que ya han regresado a las compras compulsivas en Miami, como en los momentos más gloriosos (para algunos) de la paridad cambiaria, donde un peso era igual a un dólar.
Todo ello lleva a pensar a Argentina como un país de extremos. Son impresionantes sus vaivenes. Si en un momento todo parece ser negro e incluso irrecuperable; cuatro años después, es como si nada hubiera pasado. Tenemos poca memoria, dicen algunos. No aprendemos de nuestros propios errores, dicen otros. La cuestión es que a pesar del crecimiento, del superávit y los ingresos de las exportaciones, Argentina continúa siendo un país con altos niveles de desigualdad; bajos índices de productividad y extrema pobreza. Los bolsones de miseria, las chabolas y los cartoneros revolviendo la basura en las calles continúan siendo parte de la realidad cotidiana.
Argentina está hoy en campaña electoral. La relativa paz política de los últimos tiempos se ha alterado. El Presidente Kirchner se juega mucho de su capital político en las elecciones legislativas de octubre. Las otrora alianza antimenemista, que sirvió de plataforma para su candidatura presidencial es, como la crisis económica, parte del pasado. El exgobernador de Santa Cruz se ha distanciado de su antiguo benefactor político, el ex Presidente de la República y antiguo gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Eduardo Duhalde, quien controla el “aparato” del peronismo bonaerense. Todo ello porque sus respectivas esposas, Chiche Duhalde y Cristina de Kirchner, compiten por el mismo escaño en el Senado de la República. El peronismo (nuevamente) está enfrentando entre sí, lo que en los próximos meses puede dificultar la gobernabilidad y la estabilidad democrática.
Este es el país donde en un momento se experimenta una profunda crisis y terrible convulsión social, lo que lleva a declarar unilateralmente la suspensión de pagos de la deuda externa y, a los tres años, se pasa a ser el país que consigue no sólo refinanciarla sino recomprarla a sus acreedores. Un país que se incendia y que a los meses renace de las cenizas; para nuevamente caer y recuperarse. Un país donde la tragedia es parte de la vida cotidiana. Por lo menos para el tango. Un país de contrastes, una pequeña Europa en el fin de América Latina. Y, así y todo, un lugar donde la justicia llega, a pesar de los dictadores, de las desapariciones, de la obediencia debida y el punto final. Un país capaz de olvidar en un decenio; y dejar de olvidar al siguiente.
Argentina es un país de contradicciones. Capaz de generar un Cortazar, un Sábato o un Borges, y a cinco Premios Nobel. Y, en plena dictadura, prohibir a Mafalda. Una sociedad capaz de generar un fenómeno como Maradona. El mayor ídolo de generaciones de argentinos, el pibe de la villa miseria que consigue el estrellato y se reinventa a sí mismo. Ayer, el mejor futbolista; hoy, presentador televisivo, con un programa que sirve de oda al ídolo caído pero que desbanca en audiencia a sus competidores. Y, como no, el mismo país donde se critica la manera de actuar de Maradona fuera de la cancha, no acepta siquiera la comparación de su juego con el de otros. ¿Zidane o Maradona? Mi pequeña encuesta casera me dice: la respuesta depende simplemente de si usted es argentino (o no).
Publicado en Tribuna de Salamanca, 8 de septiembre de 2005.
martes, 16 de agosto de 2005
México, DF: mil mundos bajo un mismo sol
Es sábado. La calle está en silencio. Cosa rara. Durante los días de diario esta misma calle parece un mercado. Entre las nueve y las diez de la mañana suena una campana de manera pavorosa; como si se fuera a salir de su órbita. Si uno no tiene despertador, puede quedarse tranquilo. El camión de la basura lo va a despertar. En una ciudad como esta, en una colonia de clase media como la Prado Churubusco, casi pegada a Coyoacán, uno de los barrios más pintorescos y lujosos de México, D.F., el ayuntamiento no se responsabiliza de la recogida de la basura. Si se quieren tirar los desperdicios, hay que esperar cada mañana a ese camioncito y pagarle unos pesos mexicanos para que se lleve las bolsas.
Pero este sábado, curiosamente, hay silencio. En una ciudad de 23 millones de habitantes el silencio es un lujo, sólo para unos pocos, como todo en este México de ricos -que viven en La Condesa, en Santa Fe o en Polanco- y de pobres, que están por todas partes. Una ciudad de desiguales. Donde la delegación de Iztapalapa, en la que viven más de un millón de personas, ni siquiera tiene agua potable. Una ciudad donde conviven barrios con niveles de renta per cápita similares a los de Nueva York, con otros que se asemejan a los de mayor pobreza de Nueva Delhi. La distancia entre unos y otros es de escasos veinte minutos, cuando no es menor.
Valoro el silencio que me regala el fin de semana. Cuando una está acostumbrada al silencio salmantino, sobre todo cuando no se vive sobre los bares de la Latina o en la Cuesta de San Justo, conseguir convivir con un silencio es un pequeño gran placer. Pero me abandona pronto. De repente, la calle se llena de ruido. Debe ser un día festivo en la Prado Churubusco, pienso. Los sonidos me hacen recordar las fiestas de los pequeños pueblos de América y, también de España, cuando las bandas avisan que se acerca algún desfile. Miro por la ventana esperando ver cabezudos, niños alegres, ricos colores y llamativos vestidos. Para mí sorpresa, sólo encuentro gris. Suciedad, tristeza y pobreza (aunque ésta puede llegar a ser muy colorida, como en Valle de Ángeles –Honduras-, hoy se me hace gris). Miro por la ventana y me encuentro con los ojos desgarrados de una madre, cargando un niño, junto a otros dos pequeñitos, pidiendo casa por casa, y un padre con una trompeta y un tambor que suena a lata. Todos sucios. Vienen, piden y se van.
Minutos después, me sobresalto con un nuevo grito. “Arreglo cocineros”. Un hombre en una bicicleta destartalada ofrece sin cesar su servicio. Al instante, un afilador toca la armónica. Nadie les presta atención. Hacen ruido, intentan vender algo y se van. Pasada una hora, alguien grita que tiene dulces; uno arregla cortinas y otro ofrece periódicos. En una ciudad como esta, donde unos cuantos millones de mexicanos viven en la extrema pobreza, la economía sumergida es la manera en que muchos sobreviven día a día. Todo se vende. Todo se compra. En ella, el Estado está presente en grandes edificios (enormes, inconmensurables); pero no presta servicios básicos (en algunos casos, ni siquiera ineficientemente); no brinda seguridad ciudadana ni tampoco provee las condiciones mínimas como para que un sector importante de la población salga de la dinámica de la economía sumergida. En un país como éste, donde el primer y el tercer mundo se miran la cara de frente, a nadie parece importarle la situación de esta gente.
La desigualdad no sólo se ve en la calle; también llega a las aulas. Esto pude sentirlo en los últimos dos meses cuando estuve dando clases en la Universidad Autónoma Metropolitana de México, en Iztapalapa, uno de los muchos barrios marginales de la ciudad. Los alumnos dicen en las encuestas que de todos los lugares posibles, entre los que se les menciona su casa, la calle o la Universidad, es ésta última en la que se sienten más seguros y en la que prefieren estar. Ellos, que no tienen dinero siquiera para llegar de su casa al aula, sorprenden por su inteligencia, interés y ganas de aprender.
Alguien me dijo que México no dejaba indiferente a aquel que lo visitaba: o se le odia o se le ama. En los primeros días, ver tanta pobreza y desigualdad me hizo un nudo en la garganta. No puedo decir que me haya enamorado de México pero si que este país me ha cambiado. América Latina es para mí hoy también los murales de Diego Rivera en el Palacio Nacional; los de Desiderio Hernández en el Palacio de Gobierno en Tlaxcala; el cosmovitral en Toluca y la línea-muralla del movimiento Tercera Nación en Tijuana. México es mil mundos a la vez, bajo un mismo sol. Y eso no deja indiferente a nadie.
Pero este sábado, curiosamente, hay silencio. En una ciudad de 23 millones de habitantes el silencio es un lujo, sólo para unos pocos, como todo en este México de ricos -que viven en La Condesa, en Santa Fe o en Polanco- y de pobres, que están por todas partes. Una ciudad de desiguales. Donde la delegación de Iztapalapa, en la que viven más de un millón de personas, ni siquiera tiene agua potable. Una ciudad donde conviven barrios con niveles de renta per cápita similares a los de Nueva York, con otros que se asemejan a los de mayor pobreza de Nueva Delhi. La distancia entre unos y otros es de escasos veinte minutos, cuando no es menor.
Valoro el silencio que me regala el fin de semana. Cuando una está acostumbrada al silencio salmantino, sobre todo cuando no se vive sobre los bares de la Latina o en la Cuesta de San Justo, conseguir convivir con un silencio es un pequeño gran placer. Pero me abandona pronto. De repente, la calle se llena de ruido. Debe ser un día festivo en la Prado Churubusco, pienso. Los sonidos me hacen recordar las fiestas de los pequeños pueblos de América y, también de España, cuando las bandas avisan que se acerca algún desfile. Miro por la ventana esperando ver cabezudos, niños alegres, ricos colores y llamativos vestidos. Para mí sorpresa, sólo encuentro gris. Suciedad, tristeza y pobreza (aunque ésta puede llegar a ser muy colorida, como en Valle de Ángeles –Honduras-, hoy se me hace gris). Miro por la ventana y me encuentro con los ojos desgarrados de una madre, cargando un niño, junto a otros dos pequeñitos, pidiendo casa por casa, y un padre con una trompeta y un tambor que suena a lata. Todos sucios. Vienen, piden y se van.
Minutos después, me sobresalto con un nuevo grito. “Arreglo cocineros”. Un hombre en una bicicleta destartalada ofrece sin cesar su servicio. Al instante, un afilador toca la armónica. Nadie les presta atención. Hacen ruido, intentan vender algo y se van. Pasada una hora, alguien grita que tiene dulces; uno arregla cortinas y otro ofrece periódicos. En una ciudad como esta, donde unos cuantos millones de mexicanos viven en la extrema pobreza, la economía sumergida es la manera en que muchos sobreviven día a día. Todo se vende. Todo se compra. En ella, el Estado está presente en grandes edificios (enormes, inconmensurables); pero no presta servicios básicos (en algunos casos, ni siquiera ineficientemente); no brinda seguridad ciudadana ni tampoco provee las condiciones mínimas como para que un sector importante de la población salga de la dinámica de la economía sumergida. En un país como éste, donde el primer y el tercer mundo se miran la cara de frente, a nadie parece importarle la situación de esta gente.
La desigualdad no sólo se ve en la calle; también llega a las aulas. Esto pude sentirlo en los últimos dos meses cuando estuve dando clases en la Universidad Autónoma Metropolitana de México, en Iztapalapa, uno de los muchos barrios marginales de la ciudad. Los alumnos dicen en las encuestas que de todos los lugares posibles, entre los que se les menciona su casa, la calle o la Universidad, es ésta última en la que se sienten más seguros y en la que prefieren estar. Ellos, que no tienen dinero siquiera para llegar de su casa al aula, sorprenden por su inteligencia, interés y ganas de aprender.
Alguien me dijo que México no dejaba indiferente a aquel que lo visitaba: o se le odia o se le ama. En los primeros días, ver tanta pobreza y desigualdad me hizo un nudo en la garganta. No puedo decir que me haya enamorado de México pero si que este país me ha cambiado. América Latina es para mí hoy también los murales de Diego Rivera en el Palacio Nacional; los de Desiderio Hernández en el Palacio de Gobierno en Tlaxcala; el cosmovitral en Toluca y la línea-muralla del movimiento Tercera Nación en Tijuana. México es mil mundos a la vez, bajo un mismo sol. Y eso no deja indiferente a nadie.
jueves, 28 de julio de 2005
Tijuana, como la vida misma
Una delgada línea separa lo que algunos llaman el primer mundo con el otro. Son más de 3200 kilómetros los que demarcan la frontera norte entre México y Estados Unidos de América. En plena ciudad de Tijuana, esa línea deja de ser imaginaria y se transforma en un extenso muro, construido con las vallas metálicas traídas de la Guerra del Golfo (las que se usaban para que los camiones no se encajaran en el desierto). Del lado mexicano, la muralla metálica es un icono, resultado del trabajo de artistas que manifiestan a través de sus pinturas el dolor, la muerte y la rabia. De este lado, la valla no es gris, salvo en Playas de Tijuana, donde al sol le cuesta brillar y los metales retorcidos y oxidados se meten hasta la profundidad del mar.
Detrás, tras otras dos vallas con alambres de púas en sus puntas, se encuentra San Diego (o el paraíso). Hay un puente que las separa, que nace de las mismas entrañas de la ciudad y que es cruzado diariamente por cientos de mexicanos (de clase media y alta) que van a trabajar, a comprar ropa y electrodomésticos (mucho más baratos) e, incluso, a llevar a los chicos a la escuela. Sólo tienen que tener su “línea SENTRI”, una especie de sensor colocado en el parabrisas del auto, que evita tener que presentar su pasaporte en la caseta migratoria. Para un sector de la sociedad, ir a San Diego es como ir a Santa Marta, para los que vivimos en Salamanca. La diferencia está en que el Tormes divide dos ciudades del mismo país y, para ellos, el puente, separa dos mundos distintos. Un mundo de gringos frente a mexicanos y, también, un mundo de ricos frente a pobres, algunos de los cuales ni siquiera tienen acceso a un pasaporte, un visado o un “línea SENTRI”. Por tanto, para los más pobres, vivir en Tijuana es mucho más caro que para el resto.
Me cuentan que hace unos años esas vallas no bordeaban Tijuana. Que la zona de paso más usada por los inmigrantes estaba en la misma ciudad. También me dicen que con la construcción de la valla, el paso se ha movido hacia la montaña y hacia el desierto, lo que hace que hoy sea mucho más peligroso cruzar, debiendo pasar a más de 40 grados durante el día y a bajas temperaturas durante la noche. La sed, el frío, los sensores de calor (escondidos en la arena), los “coyotes” y las pandillas son los principales enemigos de las más de cuatro mil personas que diariamente intentan cruzar la frontera.
Del otro lado, como describe el documental de la cineasta Chantal Akerman, los rancheros “armados hasta los dientes” se organizan para “cazar ilegales”, bajo la creencia de que con su entrada ingresa la suciedad a su país. Hoy, los indocumentados son equiparados con los terroristas y frente a un clima de fanatismo, miedo e hipocresía, las dos sociedades miran sin mirarse y, junto a cínicas autoridades, no se inmutan ante esa realidad. Con la muralla bordeando Tijuana y trasladado el paso hacia el desierto, actualmente es más fácil no ver lo que ocurre, por lo menos para quién no quiere verlo.
Tijuana es mucho más que esa delgada línea que se ve desde el cielo. Es como un rompecabeza, un dibujo hecho por algún niño en la arena. Pareciera estar cuidadosamente diseñada. Pero no es así. Es una ciudad caótica, de las que más crece de todo México, a un ritmo del 5,5% anual (cuando el nivel de crecimiento de México es cercano al 3% anual). Es una ciudad de ocio y de vicio. Por el día, en la Avenida de la Revolución, los gringos hacen “turismo de a dólar”, como le llaman los comerciantes del lugar y, por la noche, esa misma calle, se transforma en una seguidilla de bares kitsch, hoteles de ninguna estrella y ambiente enraizado, frecuentado por menores de 21 años, que cruzan desde San Diego para poder tomar alcohol sin problemas. Muy cerca de allí, casi pegado, está la zona roja. Más lúgubre, oscura, sólo para los mexicanos. Aquí ya no hay gringos, ni tampoco prostitutas de nivel. Y unos y otros casi no se cruzan. La frontera muta y, de manera invisible, continúa su trabajo entre ellos.
Frente al narcotráfico, las pandillas, la delincuencia y las drogas, Tijuana es también una ciudad de arte y esperanza. En un lugar como este, el arte es una manera de generar respuestas. En los últimos años, la muralla ha sido aprovechada como una enorme cartelera multicultural; una especie de escenario, desde donde diez toneladas de lona de vinyl muestran ampliaciones y montajes de fragmentos de más de 30 artistas plásticos y diseñadores gráficos. Una manera de ir reelaborando la rabia, la muerte y el silencio cotidiano. Forma parte del proyecto “Tijuana, Tercera Nación” (organizado e impulsado desde el Grupo PRISA - México) y, de este modo, se ha incorporado el muro a la ciudad, no como un límite sino como un actor con voz propia.
Esa línea en medio del árido desierto impacta. Se inserta en el alma de los que la ven; de los que conviven día a día con ella; de los que la quieren pasar (y dejar atrás); de los que jamás conseguirán hacerlo y de los que sueñan esperando un momento que nunca llegará. Por eso, Tijuana, que en nada se parece a una típica ciudad mexicana, construida como si fuera una ciudad gringa, siempre será un lugar de paso, un mojón en la frontera. Y eso se ve apenas se sale del aeropuerto. La muralla está justo frente a él y le persigue a uno a donde vaya. No hay manera de esquivarla. No hay manera de evitarla. Uno se enfrenta constantemente a ella…
Unos ojos intentan que vea estas y otras cosas. Quieren que me eleve más allá del muro; que conozca la otra Tijuana; que no me deje llevar por lo negativo que se dice de ella. Esos ojos buscan enseñarme lo que significa vivir en la frontera. Quieren que entienda que en esta ciudad nada es como en otros lados y que aquí “reír es la mejor forma de enfrentar la vida”. O, precisamente, lo que esos ojos pretenden que descubra es que en Tijuana todo es… hasta más allá del límite. Como la vida misma.
Publicado en Tribuna de Salamanca, el 28 de julio de 2005.
Detrás, tras otras dos vallas con alambres de púas en sus puntas, se encuentra San Diego (o el paraíso). Hay un puente que las separa, que nace de las mismas entrañas de la ciudad y que es cruzado diariamente por cientos de mexicanos (de clase media y alta) que van a trabajar, a comprar ropa y electrodomésticos (mucho más baratos) e, incluso, a llevar a los chicos a la escuela. Sólo tienen que tener su “línea SENTRI”, una especie de sensor colocado en el parabrisas del auto, que evita tener que presentar su pasaporte en la caseta migratoria. Para un sector de la sociedad, ir a San Diego es como ir a Santa Marta, para los que vivimos en Salamanca. La diferencia está en que el Tormes divide dos ciudades del mismo país y, para ellos, el puente, separa dos mundos distintos. Un mundo de gringos frente a mexicanos y, también, un mundo de ricos frente a pobres, algunos de los cuales ni siquiera tienen acceso a un pasaporte, un visado o un “línea SENTRI”. Por tanto, para los más pobres, vivir en Tijuana es mucho más caro que para el resto.
Me cuentan que hace unos años esas vallas no bordeaban Tijuana. Que la zona de paso más usada por los inmigrantes estaba en la misma ciudad. También me dicen que con la construcción de la valla, el paso se ha movido hacia la montaña y hacia el desierto, lo que hace que hoy sea mucho más peligroso cruzar, debiendo pasar a más de 40 grados durante el día y a bajas temperaturas durante la noche. La sed, el frío, los sensores de calor (escondidos en la arena), los “coyotes” y las pandillas son los principales enemigos de las más de cuatro mil personas que diariamente intentan cruzar la frontera.
Del otro lado, como describe el documental de la cineasta Chantal Akerman, los rancheros “armados hasta los dientes” se organizan para “cazar ilegales”, bajo la creencia de que con su entrada ingresa la suciedad a su país. Hoy, los indocumentados son equiparados con los terroristas y frente a un clima de fanatismo, miedo e hipocresía, las dos sociedades miran sin mirarse y, junto a cínicas autoridades, no se inmutan ante esa realidad. Con la muralla bordeando Tijuana y trasladado el paso hacia el desierto, actualmente es más fácil no ver lo que ocurre, por lo menos para quién no quiere verlo.
Tijuana es mucho más que esa delgada línea que se ve desde el cielo. Es como un rompecabeza, un dibujo hecho por algún niño en la arena. Pareciera estar cuidadosamente diseñada. Pero no es así. Es una ciudad caótica, de las que más crece de todo México, a un ritmo del 5,5% anual (cuando el nivel de crecimiento de México es cercano al 3% anual). Es una ciudad de ocio y de vicio. Por el día, en la Avenida de la Revolución, los gringos hacen “turismo de a dólar”, como le llaman los comerciantes del lugar y, por la noche, esa misma calle, se transforma en una seguidilla de bares kitsch, hoteles de ninguna estrella y ambiente enraizado, frecuentado por menores de 21 años, que cruzan desde San Diego para poder tomar alcohol sin problemas. Muy cerca de allí, casi pegado, está la zona roja. Más lúgubre, oscura, sólo para los mexicanos. Aquí ya no hay gringos, ni tampoco prostitutas de nivel. Y unos y otros casi no se cruzan. La frontera muta y, de manera invisible, continúa su trabajo entre ellos.
Frente al narcotráfico, las pandillas, la delincuencia y las drogas, Tijuana es también una ciudad de arte y esperanza. En un lugar como este, el arte es una manera de generar respuestas. En los últimos años, la muralla ha sido aprovechada como una enorme cartelera multicultural; una especie de escenario, desde donde diez toneladas de lona de vinyl muestran ampliaciones y montajes de fragmentos de más de 30 artistas plásticos y diseñadores gráficos. Una manera de ir reelaborando la rabia, la muerte y el silencio cotidiano. Forma parte del proyecto “Tijuana, Tercera Nación” (organizado e impulsado desde el Grupo PRISA - México) y, de este modo, se ha incorporado el muro a la ciudad, no como un límite sino como un actor con voz propia.
Esa línea en medio del árido desierto impacta. Se inserta en el alma de los que la ven; de los que conviven día a día con ella; de los que la quieren pasar (y dejar atrás); de los que jamás conseguirán hacerlo y de los que sueñan esperando un momento que nunca llegará. Por eso, Tijuana, que en nada se parece a una típica ciudad mexicana, construida como si fuera una ciudad gringa, siempre será un lugar de paso, un mojón en la frontera. Y eso se ve apenas se sale del aeropuerto. La muralla está justo frente a él y le persigue a uno a donde vaya. No hay manera de esquivarla. No hay manera de evitarla. Uno se enfrenta constantemente a ella…
Unos ojos intentan que vea estas y otras cosas. Quieren que me eleve más allá del muro; que conozca la otra Tijuana; que no me deje llevar por lo negativo que se dice de ella. Esos ojos buscan enseñarme lo que significa vivir en la frontera. Quieren que entienda que en esta ciudad nada es como en otros lados y que aquí “reír es la mejor forma de enfrentar la vida”. O, precisamente, lo que esos ojos pretenden que descubra es que en Tijuana todo es… hasta más allá del límite. Como la vida misma.
Publicado en Tribuna de Salamanca, el 28 de julio de 2005.
jueves, 14 de julio de 2005
Honduras, Live8 y deuda externa
Más de 40.000 millones de dólares son los que el G8, el grupo de países más ricos del mundo, decidió condonar a los países más pobres la pasada semana. Así de sencillo. Si bien la mayor parte de los países beneficiarios se encuentran en el continente africano, hay cuatro que pertenecen a otra parte del mundo: Honduras, Bolivia, Nicaragua y Guyana. Esperé la noticia con interes, después de ser espectadora impaciente de los conciertos de Live8, que el productor Bob Geldof organizó simultáneamente en diversas ciudades del mundo, pero en los cuales, curiosamente, no se habló en español y sólo hubo –que yo viera- una artista latina. Los cuatro países latinoamericanos pasaron desapercibidos tras las cámaras de la MTV y para gran parte de los ciudadanos europeos.
Honduras, uno de los países más pobres y desiguales de América Latina, donde se esperaba con gran expectativa la decisión del G8, que cuenta con una deuda externa de más de 5.208 millones de dólares, ha sido beneficiado con la cancelación de 372 millones de dólares, los que le adeudaba al Banco Mundial y al Fondo Monetario Internacional y continúa esperando que el BID (Banco interamericano de desarrollo) también renuncie a recibir su parte, con el objetivo de que su deuda externa se reduzca a unos 300 millones de dólares. Estas estrategias se suman a la inclusión de Honduras dentro de la Iniciativa de Países Pobres Altamente Endeudados (HIPC) que supone la condonación de unos 900 millones de dólares en un plazo de 12 a 15 años. Todas estas reducciones, junto a la que hace unos meses también hizo el Club de Paris, suponen la reducción de por lo menos el 60 por ciento de la deuda externa hondureña.
Para acceder a estos privilegios, Honduras ha tenido que demostrar que es un país confiable; mantener las variables macroeconómicas estables y, puede que no sea importante pero, curiosamente, fue una de las primeras naciones en enviar tropas a Irak junto a la fuerza centroamericana. Algunos, en confianza, dicen que debido a las exigencias para esta especie de certificación, el país tuvo que dejar de invertir el dinero en cosas tan básicas como arreglar los baches de las carreteras. Otros, en tanto, señalan que el dinero para los baches se lo gastaron en la pasada campaña electoral para las elecciones internas de los partidos. Sea cual fuere, la cuestión es que hoy Tegucigalpa es una de las ciudades con mayor caos circulatorio que uno pueda imaginar y las carreteras tienen hoyos enormes que tapan la mitad del cuerpo de una persona de pie. No les exagero nada. Ríanse ustedes de los baches de la calle San Pablo.
La condonación de la deuda puede ser una oportunidad clave para el desarrollo de este país centroamericano. Eso está claro. Lo que me preocupa es que ocurrirá de aquí en adelante, en varios sentidos. En primer lugar, lo que más me inquieta es saber si los ciudadanos hondureños percibirán una mejora en sus condiciones de vida, ya que el dinero que estaba previsto en el Presupuesto del Estado para el pago de los servicios de la deuda se dice que ahora será destinado a cuestiones sociales y de desarrollo productivo. Y el año que viene, ¿también el gobierno va a destinar otra vez una parte de su presupuesto para estas tareas, o no? Al ser hoy Honduras menos pobre, ¿también lo serán los ciudadanos hondureños?
Segundo, ¿quién controlará el destino de ese dinero y los proyectos que serán financiados? El gobierno de Honduras ha señalado que el destino de estos fondos tiene que ser supervisado por los diferentes sectores del país, iglesia, campesinos, sindicatos, los integrantes del llamado Foro de Convergencia, quienes decidirán en qué programas se invertirá. También señaló que la fiscalización de estos recursos se logrará través de una junta directiva supervisora que incluirá miembros de la sociedad civil, así como procedimientos de compras que se hagan por medio de una tercera persona que no tengan que ver con grupos políticos o del gobierno. Pero estas respuestas no terminan de generar tranquilidad respecto a cómo se controlarán los recursos ni el modo en que se van a destinar hacia los que realmente los necesitan.
Tercero, ¿este tipo de medidas indiscriminadas realmente están premiando a aquellos gobiernos que han hecho mejoras y han administrado adecuadamente los recursos públicos? Si la respuesta es afirmativa, este puede ser un camino correcto. Pero si no lo es, éstas medidas pueden ser contraproducentes para acabar con los gobernantes que no han realizado las reformas necesarias ni han cambiado su comportamiento clientelar, por lo cual se pueden favorecer indirectamente el mantenimiento de prácticas corruptas. El reclamo de una mayor generosidad financiera a los países ricos no debe excluir la exigencia de que la administración de los recursos sea honesta y eficiente.
Las cifras indican que cuatro mil millones de lempiras (que es lo que supone la cifra en dólares en la moneda local) es diez veces más de lo que el gobierno hondureño invierte anualmente en merienda escolar y seis veces más de lo que gasta en medicinas, por lo que es una cantidad importantísima para invertir en nutrición, salud y educación, según señalan en la página web del gobierno. El problema es que el Estado no tiene ingresos suficientes como para satisfacer sus gastos. La recaudación de impuestos, por ejemplo, no alcanza para cubrir las necesidades estatales, por lo que el país debe cubrir ese déficit anual a través del endeudamiento externo. Es decir, es la historia del pez que se muerde la cola. Lo que se pierde de un lado, se gana por el otro.
El próximo mes de octubre se celebrará en Salamanca la Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de la Comunidad Iberoamericana de Naciones. Quizás sea la oportunidad para que nuestra ciudad, desde la hermosísima Plaza Mayor, reclame contra la pobreza en América Latina. Si, ya se que la plaza quizás no es el mejor lugar para un espectáculo de este tipo -se puede hacer en otro sitio- pero reconocerán conmigo que numerosos usos mas innobles ha tenido el ágora salmantina a lo largo de sus doscientos cincuenta años... Así como Live8 ha servido para concienciar al G8 por la situación en África, podríamos pensar en un macroconcierto con artistas españoles y latinoamericanos unidos en la lucha contra la pobreza y dispuestos a exigir a nuestros gobernantes que destinen cuanto antes -y con todas las garantías- el 0,7 por ciento de los presupuestos a esta tarea. Salamanca demostraría que de verdad es una ciudad universal, acogedora con las delegaciones gubernamentales pero no por ello indiferente ante la realidad mas sangrante de nuestro tiempo. Me gusta la idea de que nuestros gobernantes sientan que estamos observando el modo en que gobiernan. Sí, ¡me encanta esa idea!
Publicado en Tribuna de Salamanca el 14 de julio de 2005.
Honduras, uno de los países más pobres y desiguales de América Latina, donde se esperaba con gran expectativa la decisión del G8, que cuenta con una deuda externa de más de 5.208 millones de dólares, ha sido beneficiado con la cancelación de 372 millones de dólares, los que le adeudaba al Banco Mundial y al Fondo Monetario Internacional y continúa esperando que el BID (Banco interamericano de desarrollo) también renuncie a recibir su parte, con el objetivo de que su deuda externa se reduzca a unos 300 millones de dólares. Estas estrategias se suman a la inclusión de Honduras dentro de la Iniciativa de Países Pobres Altamente Endeudados (HIPC) que supone la condonación de unos 900 millones de dólares en un plazo de 12 a 15 años. Todas estas reducciones, junto a la que hace unos meses también hizo el Club de Paris, suponen la reducción de por lo menos el 60 por ciento de la deuda externa hondureña.
Para acceder a estos privilegios, Honduras ha tenido que demostrar que es un país confiable; mantener las variables macroeconómicas estables y, puede que no sea importante pero, curiosamente, fue una de las primeras naciones en enviar tropas a Irak junto a la fuerza centroamericana. Algunos, en confianza, dicen que debido a las exigencias para esta especie de certificación, el país tuvo que dejar de invertir el dinero en cosas tan básicas como arreglar los baches de las carreteras. Otros, en tanto, señalan que el dinero para los baches se lo gastaron en la pasada campaña electoral para las elecciones internas de los partidos. Sea cual fuere, la cuestión es que hoy Tegucigalpa es una de las ciudades con mayor caos circulatorio que uno pueda imaginar y las carreteras tienen hoyos enormes que tapan la mitad del cuerpo de una persona de pie. No les exagero nada. Ríanse ustedes de los baches de la calle San Pablo.
La condonación de la deuda puede ser una oportunidad clave para el desarrollo de este país centroamericano. Eso está claro. Lo que me preocupa es que ocurrirá de aquí en adelante, en varios sentidos. En primer lugar, lo que más me inquieta es saber si los ciudadanos hondureños percibirán una mejora en sus condiciones de vida, ya que el dinero que estaba previsto en el Presupuesto del Estado para el pago de los servicios de la deuda se dice que ahora será destinado a cuestiones sociales y de desarrollo productivo. Y el año que viene, ¿también el gobierno va a destinar otra vez una parte de su presupuesto para estas tareas, o no? Al ser hoy Honduras menos pobre, ¿también lo serán los ciudadanos hondureños?
Segundo, ¿quién controlará el destino de ese dinero y los proyectos que serán financiados? El gobierno de Honduras ha señalado que el destino de estos fondos tiene que ser supervisado por los diferentes sectores del país, iglesia, campesinos, sindicatos, los integrantes del llamado Foro de Convergencia, quienes decidirán en qué programas se invertirá. También señaló que la fiscalización de estos recursos se logrará través de una junta directiva supervisora que incluirá miembros de la sociedad civil, así como procedimientos de compras que se hagan por medio de una tercera persona que no tengan que ver con grupos políticos o del gobierno. Pero estas respuestas no terminan de generar tranquilidad respecto a cómo se controlarán los recursos ni el modo en que se van a destinar hacia los que realmente los necesitan.
Tercero, ¿este tipo de medidas indiscriminadas realmente están premiando a aquellos gobiernos que han hecho mejoras y han administrado adecuadamente los recursos públicos? Si la respuesta es afirmativa, este puede ser un camino correcto. Pero si no lo es, éstas medidas pueden ser contraproducentes para acabar con los gobernantes que no han realizado las reformas necesarias ni han cambiado su comportamiento clientelar, por lo cual se pueden favorecer indirectamente el mantenimiento de prácticas corruptas. El reclamo de una mayor generosidad financiera a los países ricos no debe excluir la exigencia de que la administración de los recursos sea honesta y eficiente.
Las cifras indican que cuatro mil millones de lempiras (que es lo que supone la cifra en dólares en la moneda local) es diez veces más de lo que el gobierno hondureño invierte anualmente en merienda escolar y seis veces más de lo que gasta en medicinas, por lo que es una cantidad importantísima para invertir en nutrición, salud y educación, según señalan en la página web del gobierno. El problema es que el Estado no tiene ingresos suficientes como para satisfacer sus gastos. La recaudación de impuestos, por ejemplo, no alcanza para cubrir las necesidades estatales, por lo que el país debe cubrir ese déficit anual a través del endeudamiento externo. Es decir, es la historia del pez que se muerde la cola. Lo que se pierde de un lado, se gana por el otro.
El próximo mes de octubre se celebrará en Salamanca la Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de la Comunidad Iberoamericana de Naciones. Quizás sea la oportunidad para que nuestra ciudad, desde la hermosísima Plaza Mayor, reclame contra la pobreza en América Latina. Si, ya se que la plaza quizás no es el mejor lugar para un espectáculo de este tipo -se puede hacer en otro sitio- pero reconocerán conmigo que numerosos usos mas innobles ha tenido el ágora salmantina a lo largo de sus doscientos cincuenta años... Así como Live8 ha servido para concienciar al G8 por la situación en África, podríamos pensar en un macroconcierto con artistas españoles y latinoamericanos unidos en la lucha contra la pobreza y dispuestos a exigir a nuestros gobernantes que destinen cuanto antes -y con todas las garantías- el 0,7 por ciento de los presupuestos a esta tarea. Salamanca demostraría que de verdad es una ciudad universal, acogedora con las delegaciones gubernamentales pero no por ello indiferente ante la realidad mas sangrante de nuestro tiempo. Me gusta la idea de que nuestros gobernantes sientan que estamos observando el modo en que gobiernan. Sí, ¡me encanta esa idea!
Publicado en Tribuna de Salamanca el 14 de julio de 2005.
miércoles, 29 de junio de 2005
La República de Tlaxcala
Cuenta la historia que antes de la llegada de los españoles a América y, de que Hernán Cortés pisara tierras mexicanas, ya existía una República en lo que hoy es el Estado de Tlaxcala. Había cuatro cacicazgos, Tepeticpac, Ocotelulco, Tizatlán y Quiahuiztlán, dirigidos cada uno por un Señor, de manera autónoma en asuntos internos, aunque unidos en un Consejo Supremo en temas de interés común. Las decisiones que aquejaban a los cuatro señoríos se tomaban en ese Consejo de manera consensuada, como si fueran una única República.
Cortés, valiéndose de la enemistad de estos con los mexica, ofreció a los tlaxcaltecas un pacto, que se selló con matrimonios de indígenas nobles con los jefes españoles; el reconocimiento del rey de España como autoridad suprema y la aceptación del Dios cristiano como único y verdadero. Esa unión es lo que muchos han llamado la “traición de los tlaxcaltecas”; aunque hay quienes se esfuerzan en recordar que antes de la llegada de los españoles México como tal no existía, y ellos sólo constituían los cuatro señoríos, no una nación unida. La alianza facilitó la conquista de los españoles de Tenochtitlán, donde Moctezuma II recibió a Cortés como si fuera un Dios, lo que hizo temer a los tlaxcaltecas que la promesa de que los mexicas iban a ser conquistados no se cumpliera. Cortés aprehendió a Moctezuma cuando éste comenzó a dudar de la condición de dioses de los españoles pero, aún así, una vez que Cortés viajó a Veracruz, los tlaxcaltecas presionaron a Pedro de Alvarado, quién había quedado a cargo de las tropas, para que matara a la nobleza mexica en el Templo Mayor durante una celebración religiosa.
Al regresar Cortés, la sublevación indígena era incontrolable y españoles, tlaxcaltecas y demás aliados habían huido de la ciudad. Para controlarla, Cortés mandó a construir 13 barcos pequeños y, tras diversos ataques, el 30 de mayo de 1521 inició el asedio a la capital del imperio mexica y, trece días después, Tenochtitlán caía en poder de un puñado de españoles y sus aliados indígenas. Los tlaxcaltecas se vieron beneficiados y fueron los primeros en obtener una serie de privilegios especiales en su relación con los españoles así como también la posibilidad de montar a caballo, viajar al viejo continente y mantener su avanzada administración política y administrativa, al punto de constituir lo que se denominó como “Provincia de Tlaxcala: una república de indios”. Si sabemos hoy de ella es, como me indicó el historiador Jaime Sánchez, porque mantuvieron “su República” en época de la Colonia y porque fueron los españoles los que a través de sus crónicas la denominaron de ese modo. La llamaron de ese modo, no porque hubiera ciudadanos, sino por la manera en que tomaban las decisiones.
Me llamó la atención esta historia porque se encuentra dibujada de una manera exquisita en las paredes de entrada y en las escalinatas del Palacio de Gobierno de Tlaxcala, gracias a la genialidad del artista plástico Desiderio Hernández Xochitiotzin. Cerca de 450 metros cuadrados de mural, de brillantes colores, donde sobresale la fuerza de los personajes, la expresividad de sus rostros y la delicadeza de sus figuras. Si bien hay quienes comentan que los relatos que expresan los murales no son exacto reflejo de la realidad –discusiones históricas hay en todos los sitios-, e incluso, que muchas de las caras dibujadas representan los rasgos de indígenas del siglo XX conocidos por el pintor; estos murales son una obra de arte de un valor artístico e histórico incalculable.
A pesar de ello, esas pinturas están olvidadas. No hay materiales que permitan comprenderlas y, por supuesto, no existe un aula temática interpretativa (eso parece ser una excentricidad de los europeos a los ojos de los lugareños). Es como si el mural estuviera escondido tras las gruesas paredes del Palacio de Gobierno, un edificio señorial que comenzó a construirse en 1545. Ni las librerías de la ciudad o la Secretaría de Turismo cuentan con información específica sobre el mural. No hay postales, libros o posters con imágenes o secciones de la obra. Tampoco quedan documentos ni materiales de las comunidades originarias que permitan reconstruir completamente la historia de la que habla el mural. Es más, al preguntar por él, uno se enfrenta con la mirada atónita y desconcertada del funcionario de turno, que intenta convencernos de la importancia de las otras maravillas del Estado, minimizando la relevancia de la obra.
Una tiene la impresión de que están demasiado acostumbrados a vivir con el mural. Sin dudas, éste no es el tema más importante para la ciudad, en tiempos en que México se encuentra inmerso en la precampaña electoral para elegir a Presidente de la República en 2006 (aunque aún queden meses para que se inicie el período de campaña según lo establece la ley); en plena “alerta roja” proveniente de los comunicados del Subcomandante Marcos respecto a los pasos a seguir por el EZLN; a punto de celebrarse el próximo domingo 3 de julio la elección a Gobernador del Estado de México, que funciona como un laboratorio electoral de cara a las presidenciales; de un clima insoportable de inseguridad y guerra sucia en relación al narcotráfico; de importantes denuncias de corrupción y de fuertes embates contra la libertad de prensa, provenientes incluso desde la pareja presidencial. México no está en estos momentos para pensar en un mural…
En Tlaxcala, en tanto, están más preocupados por las rencillas políticas entre los líderes -actuales caciques- e incluso, por los problemas del tráfico. Bueno, es una manera de decir. Es curioso ver cómo junto al semáforo de la avenida principal tres policías tocan de manera simultánea e insistente el silbato, y conducen -o confunden- a los conductores según va cambiando la luz del semáforo (que sí funciona). Es como si creyeran que los conductores no son capaces de comprender las señales que éste emite.
Esto mismo puede pensarse de la política local. A diferencia de lo que nos enseña el mural y la historia, las decisiones no se toman de manera negociada. Tlaxcala es hoy ejemplo de caciques, patrones y familias que parecen controlar el Estado como si fuera su cortijo y donde las decisiones parecieran ser tomadas por unos pocos. El mural es un eterno olvidado. Incluso de cara a él importan más las rencillas personales. Si bien el autor está vivo, lo cual sería una excelente manera para reconstruir el sentido del mural y ofrecer alternativas pedagógicas para su difusión, rápidamente me han señalado que como el pintor es más cercano al candidato a gobernador del PRI -que perdió las últimas elecciones- y ahora gobierna un expriísta que representa al PAN, no sería conveniente contar con él. Seguro que a todos nos suenan historias similares mucho más cercanas. El mural es una postal de México, y de Salamanca. Hoy pierde la partida. Esperemos que no por mucho tiempo.
Publicado en Tribuna de Salamanca el jueves 30 de junio de 2005.
Cortés, valiéndose de la enemistad de estos con los mexica, ofreció a los tlaxcaltecas un pacto, que se selló con matrimonios de indígenas nobles con los jefes españoles; el reconocimiento del rey de España como autoridad suprema y la aceptación del Dios cristiano como único y verdadero. Esa unión es lo que muchos han llamado la “traición de los tlaxcaltecas”; aunque hay quienes se esfuerzan en recordar que antes de la llegada de los españoles México como tal no existía, y ellos sólo constituían los cuatro señoríos, no una nación unida. La alianza facilitó la conquista de los españoles de Tenochtitlán, donde Moctezuma II recibió a Cortés como si fuera un Dios, lo que hizo temer a los tlaxcaltecas que la promesa de que los mexicas iban a ser conquistados no se cumpliera. Cortés aprehendió a Moctezuma cuando éste comenzó a dudar de la condición de dioses de los españoles pero, aún así, una vez que Cortés viajó a Veracruz, los tlaxcaltecas presionaron a Pedro de Alvarado, quién había quedado a cargo de las tropas, para que matara a la nobleza mexica en el Templo Mayor durante una celebración religiosa.
Al regresar Cortés, la sublevación indígena era incontrolable y españoles, tlaxcaltecas y demás aliados habían huido de la ciudad. Para controlarla, Cortés mandó a construir 13 barcos pequeños y, tras diversos ataques, el 30 de mayo de 1521 inició el asedio a la capital del imperio mexica y, trece días después, Tenochtitlán caía en poder de un puñado de españoles y sus aliados indígenas. Los tlaxcaltecas se vieron beneficiados y fueron los primeros en obtener una serie de privilegios especiales en su relación con los españoles así como también la posibilidad de montar a caballo, viajar al viejo continente y mantener su avanzada administración política y administrativa, al punto de constituir lo que se denominó como “Provincia de Tlaxcala: una república de indios”. Si sabemos hoy de ella es, como me indicó el historiador Jaime Sánchez, porque mantuvieron “su República” en época de la Colonia y porque fueron los españoles los que a través de sus crónicas la denominaron de ese modo. La llamaron de ese modo, no porque hubiera ciudadanos, sino por la manera en que tomaban las decisiones.
Me llamó la atención esta historia porque se encuentra dibujada de una manera exquisita en las paredes de entrada y en las escalinatas del Palacio de Gobierno de Tlaxcala, gracias a la genialidad del artista plástico Desiderio Hernández Xochitiotzin. Cerca de 450 metros cuadrados de mural, de brillantes colores, donde sobresale la fuerza de los personajes, la expresividad de sus rostros y la delicadeza de sus figuras. Si bien hay quienes comentan que los relatos que expresan los murales no son exacto reflejo de la realidad –discusiones históricas hay en todos los sitios-, e incluso, que muchas de las caras dibujadas representan los rasgos de indígenas del siglo XX conocidos por el pintor; estos murales son una obra de arte de un valor artístico e histórico incalculable.
A pesar de ello, esas pinturas están olvidadas. No hay materiales que permitan comprenderlas y, por supuesto, no existe un aula temática interpretativa (eso parece ser una excentricidad de los europeos a los ojos de los lugareños). Es como si el mural estuviera escondido tras las gruesas paredes del Palacio de Gobierno, un edificio señorial que comenzó a construirse en 1545. Ni las librerías de la ciudad o la Secretaría de Turismo cuentan con información específica sobre el mural. No hay postales, libros o posters con imágenes o secciones de la obra. Tampoco quedan documentos ni materiales de las comunidades originarias que permitan reconstruir completamente la historia de la que habla el mural. Es más, al preguntar por él, uno se enfrenta con la mirada atónita y desconcertada del funcionario de turno, que intenta convencernos de la importancia de las otras maravillas del Estado, minimizando la relevancia de la obra.
Una tiene la impresión de que están demasiado acostumbrados a vivir con el mural. Sin dudas, éste no es el tema más importante para la ciudad, en tiempos en que México se encuentra inmerso en la precampaña electoral para elegir a Presidente de la República en 2006 (aunque aún queden meses para que se inicie el período de campaña según lo establece la ley); en plena “alerta roja” proveniente de los comunicados del Subcomandante Marcos respecto a los pasos a seguir por el EZLN; a punto de celebrarse el próximo domingo 3 de julio la elección a Gobernador del Estado de México, que funciona como un laboratorio electoral de cara a las presidenciales; de un clima insoportable de inseguridad y guerra sucia en relación al narcotráfico; de importantes denuncias de corrupción y de fuertes embates contra la libertad de prensa, provenientes incluso desde la pareja presidencial. México no está en estos momentos para pensar en un mural…
En Tlaxcala, en tanto, están más preocupados por las rencillas políticas entre los líderes -actuales caciques- e incluso, por los problemas del tráfico. Bueno, es una manera de decir. Es curioso ver cómo junto al semáforo de la avenida principal tres policías tocan de manera simultánea e insistente el silbato, y conducen -o confunden- a los conductores según va cambiando la luz del semáforo (que sí funciona). Es como si creyeran que los conductores no son capaces de comprender las señales que éste emite.
Esto mismo puede pensarse de la política local. A diferencia de lo que nos enseña el mural y la historia, las decisiones no se toman de manera negociada. Tlaxcala es hoy ejemplo de caciques, patrones y familias que parecen controlar el Estado como si fuera su cortijo y donde las decisiones parecieran ser tomadas por unos pocos. El mural es un eterno olvidado. Incluso de cara a él importan más las rencillas personales. Si bien el autor está vivo, lo cual sería una excelente manera para reconstruir el sentido del mural y ofrecer alternativas pedagógicas para su difusión, rápidamente me han señalado que como el pintor es más cercano al candidato a gobernador del PRI -que perdió las últimas elecciones- y ahora gobierna un expriísta que representa al PAN, no sería conveniente contar con él. Seguro que a todos nos suenan historias similares mucho más cercanas. El mural es una postal de México, y de Salamanca. Hoy pierde la partida. Esperemos que no por mucho tiempo.
Publicado en Tribuna de Salamanca el jueves 30 de junio de 2005.
jueves, 16 de junio de 2005
De la protesta a la propuesta: Indígenas y política en América Latina
La formación de partidos étnicos es un fenómeno reciente en América Latina. A pesar de su importancia numérica, de la diversidad racial de las sociedades y de algunos intentos que finalmente no llegaron a articularse y/o mantenerse en el tiempo, históricamente los indígenas han estado al margen de las instituciones políticas. Tras la llegada de la democracia a fines de la década de 1970, esta situación se fue transformando. Muchos pueblos indígenas dejaron de ser observadores pasivos para convertirse en sujetos activos en países como Ecuador, Bolivia, México, Venezuela, Nicaragua, Guatemala, Perú, Brasil, Chile y Colombia.
Si bien en cada lugar los procesos han presentado características propias y niveles de desarrollo diferenciados; en términos generales, se ha dado una mayor concienciación y participación de los indígenas en las instituciones (Colombia, Venezuela, México), a través de sus organizaciones sociales (Perú, Colombia, Bolivia, Brasil, Ecuador), sus movimientos insurreccionales (México) y sus partidos étnicos (Ecuador, Bolivia, Colombia y Venezuela), que incluso han llegado a ser exitosos electoralmente (Ecuador, Bolivia).
Esto no quiere decir que los indígenas nunca se hubieran movilizado u organizado hasta ese momento. Por el contrario, ha habido numerosos levantamientos, más o menos efectivos, e incluso partidos que buscaban representar a los sectores indígenas como en Bolivia con el Movimiento Indio Tupak Katari (MTKA) (1980) y el Movimiento Revolucionario Tupaj Katari de Liberación (MRTKL) (1985). De lo que se trata ahora es que por primera vez los indígenas han conseguido movilizar amplias franjas del electorado; se han organizado a través de sus propias agrupaciones e, incluso, han conducido alcaldías, gobernaturas y Ministerios. Se ha dado un interesante proceso de acceso al poder de estos sectores que hasta por lo menos dos décadas no se sentían parte, ni actuaban como integrantes del sistema.
La presencia de estos movimientos ha reflejado que muchos países de América Latina están aún en proceso de formación social y política. La incorporación de lo étnico como parte de la redefinición del Estado y de lo nacional se ha dado en un momento de expansión del electorado a través de la extensión del sufragio y en plena liberalización de los sistemas políticos, ayudados por los cambios estatales, la apertura de ciertas élites y la presión internacional. Hoy los indígenas están participando en los cauces que el sistema político les facilita para hacer llegar sus demandas pero también están actuando en las calles. Se constituyen así como grupos de naturaleza bifronte, que compiten en elecciones y consiguen que sus candidatos accedan a cargos de representación popular; que gestionan lo local; que participan en los ámbitos legislativos; pero que también se manifiestan y enfrentan en las calles llegando a desarrollar comportamientos en contra del propio sistema político. Precisamente esta naturaleza dual es la que obliga a repensar el carácter de sus propuestas.
La introducción de estos grupos ha sido un hecho democratizador. Eso no está puesto en duda. El problema se encuentra en la tensión manifiesta entre mundos que han permanecido durante más de 500 años alejados (por no decir enfrentados). Bolivia es hoy quizás noticia por ser el ejemplo de la dificultad para armonizar estos dos (o más) mundos. Existen diferencias significativas respecto a la condición de indígena como sujeto identitario y su condición de campesinos (cocaleros o mineros). No está claro cuando se activa una u otra como fuerza social movilizadora y hace que los individuos se conviertan en sujetos activos. Pero, detrás de ello, está el hecho de que hay dos (o más) visiones respecto a cómo desarrollar el país; cómo explotar los recursos y cómo distribuir las riquezas.
La participación de estos nuevos grupos sociales ha introducido nuevos temas a la agenda política y también ha supuesto nuevas formas de hacer la política, defendiendo otras maneras de entender la democracia (más de corte asambleario y participativo) y en claro enfrentamiento con el modo en que muchos políticos latinoamericanos ejercen la actividad política. Si bien no todos los movimientos encarnan una misma concepción de democracia y, es más, aún no se sabe cuáles serían los rasgos distintivos del proyecto de democracia que defienden; el carácter antisistémico de muchas de sus propuestas hacen –literalmente- temblar a diversos sectores, por la dificultad de articular los proyectos antagónicos y excluyentes que promueven, no solo dirigidos hacia los propios indígenas sino también desde estos a toda la población.
A pesar de la importancia del proceso globalizador en el surgimiento de estos movimientos, parece que una parte de los mismos suponen una reacción nacionalista. El ejemplo de los hidrocarburos en Bolivia es una clara muestra de ello. La dificultad para conseguir la estabilidad en este país andino (pero no sólo en él) es una llamada de atención respecto a la tensión existente entre lo que encarna cada sector de la sociedad. El desafío de articular e integrar a grupos diametralmente opuestos está presente. Urge la reflexión en este sentido. Especialmente porque los ciudadanos latinoamericanos están cada vez más cansados de la corrupción, la irresponsabilidad y el beneficio de unos pocos. Basta caminar por las calles de las populosas ciudades para entender que es urgente el cambio y que no se podrá continuar por mucho más tiempo con sistemas socialmente excluyentes. O, por lo menos, es lo que habría que conseguir…
Los movimientos indígenas y campesinos han supuesto una esperanza en ese sentido. Para muchos ciudadanos, el aire fresco que introdujo la formación de estas agrupaciones políticas encarnó una posibilidad detrás del túnel. El problema está en ver cómo los dirigentes de estos movimientos podrán realizar los cambios sociales y políticos necesarios, sin atacar la institucionalidad vigente y en el marco del Estado de Derecho. ¿Hasta qué punto se podrá cambiar un orden social excluyente sin excluir políticamente? Creo que éste es el aspecto que está detrás de la salida de dos presidentes en Bolivia y uno en Ecuador en los últimos meses. Ya no hay posibilidad para la supervivencia de un Estado Nación excluyente. Es hora de pensar en términos de la multiculturalidad. Unos y otros. Es un esfuerzo que nos debemos todos.
Publicado en Tribuna de Salamanca el 16 de junio de 2005.
Si bien en cada lugar los procesos han presentado características propias y niveles de desarrollo diferenciados; en términos generales, se ha dado una mayor concienciación y participación de los indígenas en las instituciones (Colombia, Venezuela, México), a través de sus organizaciones sociales (Perú, Colombia, Bolivia, Brasil, Ecuador), sus movimientos insurreccionales (México) y sus partidos étnicos (Ecuador, Bolivia, Colombia y Venezuela), que incluso han llegado a ser exitosos electoralmente (Ecuador, Bolivia).
Esto no quiere decir que los indígenas nunca se hubieran movilizado u organizado hasta ese momento. Por el contrario, ha habido numerosos levantamientos, más o menos efectivos, e incluso partidos que buscaban representar a los sectores indígenas como en Bolivia con el Movimiento Indio Tupak Katari (MTKA) (1980) y el Movimiento Revolucionario Tupaj Katari de Liberación (MRTKL) (1985). De lo que se trata ahora es que por primera vez los indígenas han conseguido movilizar amplias franjas del electorado; se han organizado a través de sus propias agrupaciones e, incluso, han conducido alcaldías, gobernaturas y Ministerios. Se ha dado un interesante proceso de acceso al poder de estos sectores que hasta por lo menos dos décadas no se sentían parte, ni actuaban como integrantes del sistema.
La presencia de estos movimientos ha reflejado que muchos países de América Latina están aún en proceso de formación social y política. La incorporación de lo étnico como parte de la redefinición del Estado y de lo nacional se ha dado en un momento de expansión del electorado a través de la extensión del sufragio y en plena liberalización de los sistemas políticos, ayudados por los cambios estatales, la apertura de ciertas élites y la presión internacional. Hoy los indígenas están participando en los cauces que el sistema político les facilita para hacer llegar sus demandas pero también están actuando en las calles. Se constituyen así como grupos de naturaleza bifronte, que compiten en elecciones y consiguen que sus candidatos accedan a cargos de representación popular; que gestionan lo local; que participan en los ámbitos legislativos; pero que también se manifiestan y enfrentan en las calles llegando a desarrollar comportamientos en contra del propio sistema político. Precisamente esta naturaleza dual es la que obliga a repensar el carácter de sus propuestas.
La introducción de estos grupos ha sido un hecho democratizador. Eso no está puesto en duda. El problema se encuentra en la tensión manifiesta entre mundos que han permanecido durante más de 500 años alejados (por no decir enfrentados). Bolivia es hoy quizás noticia por ser el ejemplo de la dificultad para armonizar estos dos (o más) mundos. Existen diferencias significativas respecto a la condición de indígena como sujeto identitario y su condición de campesinos (cocaleros o mineros). No está claro cuando se activa una u otra como fuerza social movilizadora y hace que los individuos se conviertan en sujetos activos. Pero, detrás de ello, está el hecho de que hay dos (o más) visiones respecto a cómo desarrollar el país; cómo explotar los recursos y cómo distribuir las riquezas.
La participación de estos nuevos grupos sociales ha introducido nuevos temas a la agenda política y también ha supuesto nuevas formas de hacer la política, defendiendo otras maneras de entender la democracia (más de corte asambleario y participativo) y en claro enfrentamiento con el modo en que muchos políticos latinoamericanos ejercen la actividad política. Si bien no todos los movimientos encarnan una misma concepción de democracia y, es más, aún no se sabe cuáles serían los rasgos distintivos del proyecto de democracia que defienden; el carácter antisistémico de muchas de sus propuestas hacen –literalmente- temblar a diversos sectores, por la dificultad de articular los proyectos antagónicos y excluyentes que promueven, no solo dirigidos hacia los propios indígenas sino también desde estos a toda la población.
A pesar de la importancia del proceso globalizador en el surgimiento de estos movimientos, parece que una parte de los mismos suponen una reacción nacionalista. El ejemplo de los hidrocarburos en Bolivia es una clara muestra de ello. La dificultad para conseguir la estabilidad en este país andino (pero no sólo en él) es una llamada de atención respecto a la tensión existente entre lo que encarna cada sector de la sociedad. El desafío de articular e integrar a grupos diametralmente opuestos está presente. Urge la reflexión en este sentido. Especialmente porque los ciudadanos latinoamericanos están cada vez más cansados de la corrupción, la irresponsabilidad y el beneficio de unos pocos. Basta caminar por las calles de las populosas ciudades para entender que es urgente el cambio y que no se podrá continuar por mucho más tiempo con sistemas socialmente excluyentes. O, por lo menos, es lo que habría que conseguir…
Los movimientos indígenas y campesinos han supuesto una esperanza en ese sentido. Para muchos ciudadanos, el aire fresco que introdujo la formación de estas agrupaciones políticas encarnó una posibilidad detrás del túnel. El problema está en ver cómo los dirigentes de estos movimientos podrán realizar los cambios sociales y políticos necesarios, sin atacar la institucionalidad vigente y en el marco del Estado de Derecho. ¿Hasta qué punto se podrá cambiar un orden social excluyente sin excluir políticamente? Creo que éste es el aspecto que está detrás de la salida de dos presidentes en Bolivia y uno en Ecuador en los últimos meses. Ya no hay posibilidad para la supervivencia de un Estado Nación excluyente. Es hora de pensar en términos de la multiculturalidad. Unos y otros. Es un esfuerzo que nos debemos todos.
Publicado en Tribuna de Salamanca el 16 de junio de 2005.
jueves, 2 de junio de 2005
La maldición del referéndum
El pasado domingo los franceses han dicho no a la Constitución Europea. El 54,68% de los ciudadanos se manifestó en contra, en un escenario de alta participación y desconociendo el hecho de que el Congreso galo, la unión de las dos cámaras, había ya votado a favor del texto con 730 votos positivos y tan solo 66 en contra. Los ciudadanos han votado en contra de sus dirigentes. Un hecho interesante, tan significativo que ha supuesto una llamada de atención sobre el proceso de construcción europea y, fundamentalmente, un tirón de orejas hacia un sector de la clase política que negocia y gestiona de espaldas a los ciudadanos.
En estos días escuché dos posturas bastante diferentes sobre el tema. Dos posturas antagónicas, aunque cualquiera de las dos describían la misma situación. Dos visiones sobre cómo construir Europa: la Europa de los ciudadanos vs. la Europa de las élites. Por una parte, algunos señalaron que el resultado del referéndum era la respuesta que los votantes daban a los políticos cuando hacían las cosas contra sus intereses y sus demandas. Europa no puede construirse a espaldas de sus ciudadanos, afirmaban. Por tanto, el sentido del no, en el caso de que fuera un no estrictamente vinculado a la cuestión europea, sería que los franceses quieren otra Europa y no que están contra Europa. Es una cuestión de modelos.
En la vereda de enfrente estaban los críticos del referéndum como medida política. ¿Por qué hay que consultarles a los ciudadanos sobre la construcción de Europa? Argumentaban que el propio hecho de haber realizado un referéndum es un signo de irresponsabilidad de los políticos. Afanados por no hacerse cargo de las decisiones; las élites prefirieron plebiscitarlas antes que asumirlas. Europa ha sido una construcción elitista y burocrática, ¿por qué hay que cambiar el modelo piramidal de construcción europeo si ha resultado exitoso? Además, se corre el riesgo que la pregunta que se someta a escrutinio no sea evaluada únicamente en relación al tema en cuestión. Por ejemplo, como en el caso de análisis, puede que un asunto estrictamente europeo se vea contaminado por otras cuestiones, como la situación política del país, las variables económicas, la percepción que los ciudadanos tengan sobre un liderazgo específico o las decisiones que los votantes de otro país hayan tomado sobre el tema. Mientras escribo estas líneas, Holanda realiza su propio referéndum. El miedo al contagio francés ha alertado a sus élites que apelan una y otra vez a que el electorado tome sus propias decisiones, en clara alusión a que no se repita la experiencia del domingo, aunque todo hace presagiar que los ciudadanos holandeses seguirán el camino de los franceses.
La maldición del referéndum se encuentra en el hecho de que puede convocarse esta herramienta política con una intención y el resultado puede ser diametralmente el contrario. El referéndum se sabe como empieza pero nunca como termina. Utilizado como instrumento para aumentar la base de legitimidad de una política o un liderazgo; puede tener el efecto contrario. Sobre todo cuando los ciudadanos no opinan como las élites o cuando la respuesta a la pregunta sea el rechazo rotundo a quien lo convoca. Pensemos lo que ocurrió con el Referéndum Revocatorio exigido por la oposición venezolana contra el presidente Hugo Chávez. La medida sirvió, entre otras cosas, para legitimarle aún más en el poder.
Tras la experiencia del presidente Chirac y el cese del primer ministro Raffarin, a muchos políticos no les quedarán ganas de consultar a los ciudadanos sobre algún tema específico, no sea cosa que el resultado de esa medida sea la pérdida del cargo de aquel que lo convocó. Tony Blair se lo está pensando y duda sí convocarlo, aunque eso suponga ir en contra de sus propios compromisos con la Unión Europea. No sea cosa que le ocurra lo mismo que a Chirac e, incluso, que le cueste su propio liderazgo. Parece ser que los referéndums tienen efectos perversos, sobre todo para los políticos.
Ahora bien, lo que tampoco se puede esperar es que los ciudadanos no digan lo que piensan o que las instituciones se desarrollen sin contar con ellos. Si se les consulta, lo verdaderamente democrático, es respetar el sentido de esa respuesta. Incluso cuando a las élites no le guste. Por tanto, la perversidad de un referéndum no tiene solución. Si se quiere legitimar políticas consultando a los ciudadanos (que es lo esperable); hay que estar dispuesto a aceptar resultados adversos. Los franceses están reclamando una manera distinta de hacer Europa y, posiblemente, si en Alemania la Constitución permitiera la realización de consultas, el resultado hubiera sido el mismo.
Por tanto, no creo que Francia esté en contra de Europa. Muchos franceses, que dijeron no el pasado domingo, quieren a Europa, pero, eso sí, a diferencia de lo que ocurrió en España, discuten el modo en que se está construyendo; la cada vez mayor disminución del Estado de Bienestar y el sentido neoliberal de su camino. Es cierto que en torno al no había una amalgama de sectores heterogéneos, integrados por la ultraderecha, los comunistas y un amplio espacio de socialistas, unidos por razones internas y externas. Al mismo tiempo que la ultraderecha, guiada por Le Pen y su Frente Nacional, reclaman un mayor proteccionismo; la ultra izquierda cree que esta es su oportunidad para abanderar un cambio hacia un modelo social. Ambos movilizaron en contra de la Constitución, pero sus propuestas son diferentes entre sí. No hay un único discurso en ese sentido. Lo que sí está claro es que las élites necesitan de los ciudadanos y que sin ellos será casi imposible la utopía europea.
Publicado en Tribuna de Salamanca el 2 de junio de 2005 y en El Deber de Bolivia.
En estos días escuché dos posturas bastante diferentes sobre el tema. Dos posturas antagónicas, aunque cualquiera de las dos describían la misma situación. Dos visiones sobre cómo construir Europa: la Europa de los ciudadanos vs. la Europa de las élites. Por una parte, algunos señalaron que el resultado del referéndum era la respuesta que los votantes daban a los políticos cuando hacían las cosas contra sus intereses y sus demandas. Europa no puede construirse a espaldas de sus ciudadanos, afirmaban. Por tanto, el sentido del no, en el caso de que fuera un no estrictamente vinculado a la cuestión europea, sería que los franceses quieren otra Europa y no que están contra Europa. Es una cuestión de modelos.
En la vereda de enfrente estaban los críticos del referéndum como medida política. ¿Por qué hay que consultarles a los ciudadanos sobre la construcción de Europa? Argumentaban que el propio hecho de haber realizado un referéndum es un signo de irresponsabilidad de los políticos. Afanados por no hacerse cargo de las decisiones; las élites prefirieron plebiscitarlas antes que asumirlas. Europa ha sido una construcción elitista y burocrática, ¿por qué hay que cambiar el modelo piramidal de construcción europeo si ha resultado exitoso? Además, se corre el riesgo que la pregunta que se someta a escrutinio no sea evaluada únicamente en relación al tema en cuestión. Por ejemplo, como en el caso de análisis, puede que un asunto estrictamente europeo se vea contaminado por otras cuestiones, como la situación política del país, las variables económicas, la percepción que los ciudadanos tengan sobre un liderazgo específico o las decisiones que los votantes de otro país hayan tomado sobre el tema. Mientras escribo estas líneas, Holanda realiza su propio referéndum. El miedo al contagio francés ha alertado a sus élites que apelan una y otra vez a que el electorado tome sus propias decisiones, en clara alusión a que no se repita la experiencia del domingo, aunque todo hace presagiar que los ciudadanos holandeses seguirán el camino de los franceses.
La maldición del referéndum se encuentra en el hecho de que puede convocarse esta herramienta política con una intención y el resultado puede ser diametralmente el contrario. El referéndum se sabe como empieza pero nunca como termina. Utilizado como instrumento para aumentar la base de legitimidad de una política o un liderazgo; puede tener el efecto contrario. Sobre todo cuando los ciudadanos no opinan como las élites o cuando la respuesta a la pregunta sea el rechazo rotundo a quien lo convoca. Pensemos lo que ocurrió con el Referéndum Revocatorio exigido por la oposición venezolana contra el presidente Hugo Chávez. La medida sirvió, entre otras cosas, para legitimarle aún más en el poder.
Tras la experiencia del presidente Chirac y el cese del primer ministro Raffarin, a muchos políticos no les quedarán ganas de consultar a los ciudadanos sobre algún tema específico, no sea cosa que el resultado de esa medida sea la pérdida del cargo de aquel que lo convocó. Tony Blair se lo está pensando y duda sí convocarlo, aunque eso suponga ir en contra de sus propios compromisos con la Unión Europea. No sea cosa que le ocurra lo mismo que a Chirac e, incluso, que le cueste su propio liderazgo. Parece ser que los referéndums tienen efectos perversos, sobre todo para los políticos.
Ahora bien, lo que tampoco se puede esperar es que los ciudadanos no digan lo que piensan o que las instituciones se desarrollen sin contar con ellos. Si se les consulta, lo verdaderamente democrático, es respetar el sentido de esa respuesta. Incluso cuando a las élites no le guste. Por tanto, la perversidad de un referéndum no tiene solución. Si se quiere legitimar políticas consultando a los ciudadanos (que es lo esperable); hay que estar dispuesto a aceptar resultados adversos. Los franceses están reclamando una manera distinta de hacer Europa y, posiblemente, si en Alemania la Constitución permitiera la realización de consultas, el resultado hubiera sido el mismo.
Por tanto, no creo que Francia esté en contra de Europa. Muchos franceses, que dijeron no el pasado domingo, quieren a Europa, pero, eso sí, a diferencia de lo que ocurrió en España, discuten el modo en que se está construyendo; la cada vez mayor disminución del Estado de Bienestar y el sentido neoliberal de su camino. Es cierto que en torno al no había una amalgama de sectores heterogéneos, integrados por la ultraderecha, los comunistas y un amplio espacio de socialistas, unidos por razones internas y externas. Al mismo tiempo que la ultraderecha, guiada por Le Pen y su Frente Nacional, reclaman un mayor proteccionismo; la ultra izquierda cree que esta es su oportunidad para abanderar un cambio hacia un modelo social. Ambos movilizaron en contra de la Constitución, pero sus propuestas son diferentes entre sí. No hay un único discurso en ese sentido. Lo que sí está claro es que las élites necesitan de los ciudadanos y que sin ellos será casi imposible la utopía europea.
Publicado en Tribuna de Salamanca el 2 de junio de 2005 y en El Deber de Bolivia.
jueves, 19 de mayo de 2005
La revuelta de los forajidos (III)
Ecuador ya no es noticia en los medios de comunicación españoles. Si hace apenas unas semanas los principales periódicos; las televisiones y las radios se hacían eco de la revuelta de los forajidos; hoy no es importante. Es más, incluso pasó desapercibido el hecho de que Ramiro González, uno de los principales protagonistas de la revuelta; presidente de la Asamblea de Quito y Prefecto de Pichincha (lo que sería el principal responsable político de la provincia donde se encuentra la capital del país), dio una conferencia el pasado viernes en el Instituto Interuniversitario de Iberoamérica de la Universidad de Salamana. Nos guste o no, América Latina sólo es noticia cuando ocurren hechos trágicos, cuando se gana una copa de fútbol o cuando la gente depone a presidentes, como el pasado 20 de abril en Ecuador.
No es la primera vez que los ecuatorianos hacen que un presidente elegido en las urnas se vaya del poder. En los últimos años, tres presidentes no terminaron su mandato, debido a diferentes tipos de Golpes de Estado, amparados en las movilizaciones ciudadanas y con serios indicios de ilegalidad. Como en febrero de 1997 contra el roldosista Abdalá Bucaram y en enero de 2000 contra el demócrata popular Jamil Mahuad, la “fuerza de la calle” ha sido decisiva para legitimar la destitución del presidente Lucio Gutiérrez por parte de 60 diputados, luego de que las Fuerzas Armadas le retiraran su apoyo y tras 27 meses de gobierno.
En estos escenarios ha sido evidente la incapacidad de los tres presidentes para gobernar y la dificultad de gran parte de la clase política para resolver los conflictos con apego a los procedimientos constitucionales. Las Fuerzas Armadas, y algunas Embajadas, han tenido capacidad de veto y han ejercido de árbitros, haciendo que la balanza finalmente perdiera el equilibrio y un sector se impusiera sobre otro. Pero, más allá de estas similitudes, las tres quiebras presentan diferencias importantes.
La primera está en que las movilizaciones que derrocaron a Gutiérrez no tuvieron como actor convocante a los partidos o a las organizaciones indígenas. Si en 1997 diversas agrupaciones partidistas, de izquierda a derecha, apoyadas por fuertes movilizaciones de la clase media quiteña y cuencana, fueron las que destituyeron a Bucaram por “incapacidad mental” (un recurso dudoso de constitucionalidad debido a la ausencia de un examen médico que así lo diagnosticara); en 2000, fue un grupo de militares de rango medio, apoyados por organizaciones indígenas, las que provocaron la caída de Mahuad. El ahora destituido presidente Gutiérrez fue uno de los protagonistas de ese levantamiento, ya que integró un efímero Triunvirato en nombre de los coroneles sublevados, junto a un indígena y un abogado guayaquileño, autodenominado representante de la sociedad civil.
En la última crisis, la gente salió a las calles sin que un partido u organización social la movilizara. Aunque algunos intentaron controlar la protesta a través de Asambleas Populares conducidas por alcaldes o prefectos (como fue el caso de Ramiro González); con el paso de los días las movilizaciones se hicieron más autónomas. Los indígenas -como fuerza organizada- estuvieron ausentes. Por el contrario, ciudadanos pertenecientes a las capas medias (la mayoría quiteños) manifestaron pacíficamente y emplearon una pequeña radio para manifestar su descontento. La Luna abrió los micrófonos a los manifestantes y los cerró a los políticos. Diferenciándose de los sectores radicales que intentaron de manera violenta monopolizar la protesta y asumiéndose como “forajidos”, al apropiarse de un calificativo despectivo utilizado por Gutiérrez contra ellos, los ciudadanos salieron a las calles y presionaron hasta que se dio la fractura constitucional.
Una segunda diferencia está en la reacción de la comunidad internacional, por ejemplo, de la Unión Europea, a instancias de Miguel Ángel Moratinos, y de la Organización de Estados Americanos, que aplicó la cláusula democrática de la Carta Interamericana que rechaza cualquier ruptura del orden democrático. A diferencia de los otros sucesos, donde no hubo un rechazo frontal a los golpes de Estado, varios países tuvieron dudas de la constitucionalidad de éste último proceso y tardaron en reconocer la designación del vicepresidente Palacio como su sucesor. Incluso la OEA envió una comisión para que “conversara con todos los sectores” y evaluara la situación, a posteriori de lo ocurrido.
Una tercera diferencia se encuentra en el tipo de acciones que estos grupos llevaron a la práctica; en el contenido y en los alcances de sus demandas. En febrero de 1997, además de la crisis económica, pesó la crítica al estilo de gobierno roldosista. Como se ha señalado en diversas oportunidades, más que una cuestión de ética (que también lo fue) era una cuestión de estética. Posiblemente, el manejo particularista estuviera extendido a gran parte de la clase política del país pero el quiteño medio no soporta el estilo burlesco, populista y demagógico de Bucaram. En enero de 2000, las razones estuvieron en el inmovilismo de Mahuad ante la situación política y económica; en el decretazo que impuso la dolarización de la economía y en la errática gestión de los feriados bancarios. El pasado 20 de abril, a diferencia de los dos anteriores, no hubo ese tipo de motivaciones. Ecuador se encuentra en una buena situación económica, debido a los bajos niveles de la tasa de inflación; al precio del barril de petróleo que alcanza los 40 dólares y al respiro que suponen las remesas que envían los ecuatorianos desde el exterior, en gran medida desde España.
La útima crisis presidencial fue por razones políticas. Los quiteños exigían el restablecimiento de la vida democrática, cansados de la manipulación de las instituciones (visto de manera clara el pasado diciembre con el cese por una mayoría oficialista de 27 de los 31 miembros de la Corte Suprema de Justicia, del Tribunal Supremo Electoral y del Tribunal Constitucional); de la gestión autoritaria del poder y de la irresponsabilidad de Gutiérrez al permitir el nombramiento de una Corte Suprema “de facto”, integrada por amigos de los perseguidos por la justicia, con la clara intención de anular los juicios por corrupción de los que estaban prófugos (como Bucaram). El regreso al país de los beneficiados con esta providencia, pero fundamentalmente, el de Abdalá Bucaram fue el detonante de las movilizaciones. Una vez más, la conjunción de la ética con la estética activaba a la gente.
A golpe de cacerolas; usando móviles e Internet; reuniéndose en asambleas barriales y al grito de “que se vayan todos”, exigieron la renuncia no sólo de un presidente o los ministros sino de toda la clase política. El malestar de la gente iba (y aún va) más allá de un presidente puntual o una gestión de gobierno específica. Los forajidos (o una parte de ellos) exigen la refundación de la República y la transformación de la democracia en otra de corte más asambleario. Si bien aún es pronto para establecer el alcance de sus protestas, sí es factible señalar una limitación a sus exigencias: la imposibilidad de gobernar sin partidos.
Bastaría con mirar a los países vecinos para tener una constatación de ello. Incluso si se revisara un poco la historia ecuatoriana nos daríamos cuenta que gran parte de su ingobernabilidad está en la dificultad para constituir gobiernos de mayoría; en un sistema electoral que es constantemente manipulado (con la creación de normas ad hoc a los intereses de la mayoría de turno); en el mal diseño de las relaciones entre el Ejecutivo y el Legislativo; en la gran fragmentación partidista y en la presencia de diputados que cambian su posición a “golpe de billete”; en las escasas responsabilidades del Congreso en la gestión pública y en el uso (y abuso) de éste como un espacio de distribución de recursos (económicos y políticos) hacia los distritos electorales de los legisladores.
La situación es compleja. Cada vez más, la gente quiere menos a los políticos. Alfredo Palacio, el actual presidente, puede tener los mismos problemas que su antecesor Gutiérrez: gobernar sin partido, dependiendo de un Congreso fragmentado, controlado por una nueva mayoría denominada “aplanadora”, formada por partidos de derecha (PSC), de izquierda (ID) y de base indígena (MUPP-NP), que no han hecho autocrítica y que por el momento sólo pretenden afrontar la crisis depurando de diputados al Congreso, sin seguir los procedimientos estipulados para ello. Una vez más, las normas son “interpretadas” por la mayoría de turno…
A corto plazo, quedan unos escasos 20 meses para las próximas elecciones. Los partidos ya están moviendo fichas. El de Palacio será otro gobierno de transición. Pero, a largo plazo, es necesario un cambio no sólo de normas sino de actitudes, tanto de los políticos como de los ciudadanos. Es imposible que haya una transformación del país, una refundación de la República, sin respeto mutuo, desvalorizando las instituciones y sin un modelo territorial que integre en la diferencia. Sin un gran consenso nacional, Ecuador continuará el camino de los últimos años. Los ciudadanos quiteños (y algunos partidos y organizaciones sociales) creen que tienen la capacidad para quitar presidentes. Lo han hecho tres veces, ¿porqué no una vez más? Y ahí será, cuando lo que ocurre en Ecuador interese …. y sea portada de los medios españoles.
Publicado en Tribuna de Salamanca el jueves 19 de mayo de 2005.
No es la primera vez que los ecuatorianos hacen que un presidente elegido en las urnas se vaya del poder. En los últimos años, tres presidentes no terminaron su mandato, debido a diferentes tipos de Golpes de Estado, amparados en las movilizaciones ciudadanas y con serios indicios de ilegalidad. Como en febrero de 1997 contra el roldosista Abdalá Bucaram y en enero de 2000 contra el demócrata popular Jamil Mahuad, la “fuerza de la calle” ha sido decisiva para legitimar la destitución del presidente Lucio Gutiérrez por parte de 60 diputados, luego de que las Fuerzas Armadas le retiraran su apoyo y tras 27 meses de gobierno.
En estos escenarios ha sido evidente la incapacidad de los tres presidentes para gobernar y la dificultad de gran parte de la clase política para resolver los conflictos con apego a los procedimientos constitucionales. Las Fuerzas Armadas, y algunas Embajadas, han tenido capacidad de veto y han ejercido de árbitros, haciendo que la balanza finalmente perdiera el equilibrio y un sector se impusiera sobre otro. Pero, más allá de estas similitudes, las tres quiebras presentan diferencias importantes.
La primera está en que las movilizaciones que derrocaron a Gutiérrez no tuvieron como actor convocante a los partidos o a las organizaciones indígenas. Si en 1997 diversas agrupaciones partidistas, de izquierda a derecha, apoyadas por fuertes movilizaciones de la clase media quiteña y cuencana, fueron las que destituyeron a Bucaram por “incapacidad mental” (un recurso dudoso de constitucionalidad debido a la ausencia de un examen médico que así lo diagnosticara); en 2000, fue un grupo de militares de rango medio, apoyados por organizaciones indígenas, las que provocaron la caída de Mahuad. El ahora destituido presidente Gutiérrez fue uno de los protagonistas de ese levantamiento, ya que integró un efímero Triunvirato en nombre de los coroneles sublevados, junto a un indígena y un abogado guayaquileño, autodenominado representante de la sociedad civil.
En la última crisis, la gente salió a las calles sin que un partido u organización social la movilizara. Aunque algunos intentaron controlar la protesta a través de Asambleas Populares conducidas por alcaldes o prefectos (como fue el caso de Ramiro González); con el paso de los días las movilizaciones se hicieron más autónomas. Los indígenas -como fuerza organizada- estuvieron ausentes. Por el contrario, ciudadanos pertenecientes a las capas medias (la mayoría quiteños) manifestaron pacíficamente y emplearon una pequeña radio para manifestar su descontento. La Luna abrió los micrófonos a los manifestantes y los cerró a los políticos. Diferenciándose de los sectores radicales que intentaron de manera violenta monopolizar la protesta y asumiéndose como “forajidos”, al apropiarse de un calificativo despectivo utilizado por Gutiérrez contra ellos, los ciudadanos salieron a las calles y presionaron hasta que se dio la fractura constitucional.
Una segunda diferencia está en la reacción de la comunidad internacional, por ejemplo, de la Unión Europea, a instancias de Miguel Ángel Moratinos, y de la Organización de Estados Americanos, que aplicó la cláusula democrática de la Carta Interamericana que rechaza cualquier ruptura del orden democrático. A diferencia de los otros sucesos, donde no hubo un rechazo frontal a los golpes de Estado, varios países tuvieron dudas de la constitucionalidad de éste último proceso y tardaron en reconocer la designación del vicepresidente Palacio como su sucesor. Incluso la OEA envió una comisión para que “conversara con todos los sectores” y evaluara la situación, a posteriori de lo ocurrido.
Una tercera diferencia se encuentra en el tipo de acciones que estos grupos llevaron a la práctica; en el contenido y en los alcances de sus demandas. En febrero de 1997, además de la crisis económica, pesó la crítica al estilo de gobierno roldosista. Como se ha señalado en diversas oportunidades, más que una cuestión de ética (que también lo fue) era una cuestión de estética. Posiblemente, el manejo particularista estuviera extendido a gran parte de la clase política del país pero el quiteño medio no soporta el estilo burlesco, populista y demagógico de Bucaram. En enero de 2000, las razones estuvieron en el inmovilismo de Mahuad ante la situación política y económica; en el decretazo que impuso la dolarización de la economía y en la errática gestión de los feriados bancarios. El pasado 20 de abril, a diferencia de los dos anteriores, no hubo ese tipo de motivaciones. Ecuador se encuentra en una buena situación económica, debido a los bajos niveles de la tasa de inflación; al precio del barril de petróleo que alcanza los 40 dólares y al respiro que suponen las remesas que envían los ecuatorianos desde el exterior, en gran medida desde España.
La útima crisis presidencial fue por razones políticas. Los quiteños exigían el restablecimiento de la vida democrática, cansados de la manipulación de las instituciones (visto de manera clara el pasado diciembre con el cese por una mayoría oficialista de 27 de los 31 miembros de la Corte Suprema de Justicia, del Tribunal Supremo Electoral y del Tribunal Constitucional); de la gestión autoritaria del poder y de la irresponsabilidad de Gutiérrez al permitir el nombramiento de una Corte Suprema “de facto”, integrada por amigos de los perseguidos por la justicia, con la clara intención de anular los juicios por corrupción de los que estaban prófugos (como Bucaram). El regreso al país de los beneficiados con esta providencia, pero fundamentalmente, el de Abdalá Bucaram fue el detonante de las movilizaciones. Una vez más, la conjunción de la ética con la estética activaba a la gente.
A golpe de cacerolas; usando móviles e Internet; reuniéndose en asambleas barriales y al grito de “que se vayan todos”, exigieron la renuncia no sólo de un presidente o los ministros sino de toda la clase política. El malestar de la gente iba (y aún va) más allá de un presidente puntual o una gestión de gobierno específica. Los forajidos (o una parte de ellos) exigen la refundación de la República y la transformación de la democracia en otra de corte más asambleario. Si bien aún es pronto para establecer el alcance de sus protestas, sí es factible señalar una limitación a sus exigencias: la imposibilidad de gobernar sin partidos.
Bastaría con mirar a los países vecinos para tener una constatación de ello. Incluso si se revisara un poco la historia ecuatoriana nos daríamos cuenta que gran parte de su ingobernabilidad está en la dificultad para constituir gobiernos de mayoría; en un sistema electoral que es constantemente manipulado (con la creación de normas ad hoc a los intereses de la mayoría de turno); en el mal diseño de las relaciones entre el Ejecutivo y el Legislativo; en la gran fragmentación partidista y en la presencia de diputados que cambian su posición a “golpe de billete”; en las escasas responsabilidades del Congreso en la gestión pública y en el uso (y abuso) de éste como un espacio de distribución de recursos (económicos y políticos) hacia los distritos electorales de los legisladores.
La situación es compleja. Cada vez más, la gente quiere menos a los políticos. Alfredo Palacio, el actual presidente, puede tener los mismos problemas que su antecesor Gutiérrez: gobernar sin partido, dependiendo de un Congreso fragmentado, controlado por una nueva mayoría denominada “aplanadora”, formada por partidos de derecha (PSC), de izquierda (ID) y de base indígena (MUPP-NP), que no han hecho autocrítica y que por el momento sólo pretenden afrontar la crisis depurando de diputados al Congreso, sin seguir los procedimientos estipulados para ello. Una vez más, las normas son “interpretadas” por la mayoría de turno…
A corto plazo, quedan unos escasos 20 meses para las próximas elecciones. Los partidos ya están moviendo fichas. El de Palacio será otro gobierno de transición. Pero, a largo plazo, es necesario un cambio no sólo de normas sino de actitudes, tanto de los políticos como de los ciudadanos. Es imposible que haya una transformación del país, una refundación de la República, sin respeto mutuo, desvalorizando las instituciones y sin un modelo territorial que integre en la diferencia. Sin un gran consenso nacional, Ecuador continuará el camino de los últimos años. Los ciudadanos quiteños (y algunos partidos y organizaciones sociales) creen que tienen la capacidad para quitar presidentes. Lo han hecho tres veces, ¿porqué no una vez más? Y ahí será, cuando lo que ocurre en Ecuador interese …. y sea portada de los medios españoles.
Publicado en Tribuna de Salamanca el jueves 19 de mayo de 2005.
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